“Parte del resultado es la inclusión de programas e instituciones que no están necesariamente orientados al desarrollo rural. Esto produce una imagen distorsionada de la estrategia de política rural e información sobre el gasto rural, que no corresponde completamente con la realidad”.
Así lo señala el documento Evaluación de la política rural de México: conclusiones y recomendaciones, donde el organismo recomienda que para obtener provecho del propósito de esta innovación es conveniente enfocar esfuerzos para mejorar la transparencia con respecto a los criterios de inclusión de programas en el PEC y el presupuesto necesario de dichos programas para tener impacto en las áreas rurales.
En el documento la OCDE también puntualiza que mientras las secretarías de Educación, de Salud y de Medio Ambiente tienen un impacto significativo en el desarrollo rural, otras dependencias como las de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda, de Turismo, del Trabajo y de Energía requieren focalizar mayores recursos al desarrollo rural.
“La participación de estas secretarías, podría alentar significativamente el fortalecimiento de la economía rural, a través de la promoción de pequeñas y medianas empresas, el desarrollo del sector financiero rural y una mejor infraestructura. Asimismo, contribuiría a la diversificación de las áreas rurales facilitando la expansión de los sectores con mejores oportunidades, como el de turismo y energía”.
También considera necesario establecer un diálogo para la fusión, transferencia y eliminación de programas, con el objeto de lograr más coherencia y efectividad entre las herramientas de política para las áreas rurales.
Otro aspecto que propone es introducir mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados e impactos de política, alcanzados con base en metas acordadas.
La OCDE anota que hoy “los recursos federales invertidos en áreas rurales no corresponden completamente con las prioridades identificadas: un sector (agricultura) y un objetivo horizontal (reducción de la pobreza) dominan en el ámbito de la política rural”.
El organismo considera que “si bien la inversión significativa en estas dos áreas contribuye a las prioridades de reducción de la pobreza y al fortalecimiento de la economía rural, se podrían obtener importantes sinergias para invertir mayores recursos en la distribución de servicios públicos, el desarrollo de negocios en actividades no agropecuarias y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, culturales y energéticos”.
El organismo también destaca que la movilización de recursos privados debería sumarse a la inversión pública para potenciar el desarrollo económico en las áreas rurales. deben aplicarse esfuerzos para mejorar la
eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo rural y garantizar su coherencia con las políticas sectoriales.
Lo anterior contribuirá a la mejor atención de las disparidades entre individuos y entre regiones, así como transformar las áreas rurales en una fuente del desarrollo nacional.
