Falta de coordinación y duplicidad afectan política agrícola mexicana: OCDE
El organismo advierte que aunque se han dado avances en la política rural en México en el sentido de aplicar un enfoque multiterritorial|, aún existen problemas de coordinación entre las dependencias, es necesario mejorar la eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo rural y garantizar su coherencia con las políticas sectoriales.
En un análisis del sector rural mexicano en los últimos años, sostiene que en las áreas rurales del país hay retos significativos. Detalla que ahí reside “una amplia población -más que la población total de muchos países de la OCDE-, altamente dispersa y mayoritariamente en condiciones de pobreza. El potencial de estas áreas es también enorme, siempre que se den las condiciones para lograr que sus vastos recursos humanos (preponderantemente jóvenes), así como sus activos naturales, culturales y físicos, contribuyan al desarrollo nacional, a través de una economía más diversificada y su mejor integración a la dinámica de la globalización”.
Indica que el potencial y los retos de las áreas rurales varían para cada región y por lo tanto requieren enfoques de política territorial. “Hay avances significativos del gobierno mexicano en darle una visión multisectorial a la política rural. Algunos de estos avances representan mejores prácticas para otros países de la OCDE. Así, la continuidad e institucionalización de estos avances constituye una prioridad”.
Adicionalmente, refiere, deben aplicarse esfuerzos para mejorar la eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo rural y garantizar su coherencia con las políticas sectoriales. Esto “contribuirá a la mejor atención de las disparidades entre individuos y entre regiones, así como transformar las áreas rurales en una fuente del desarrollo nacional”.
Precisa que “entre los programas federales destinados a las áreas rurales, dos políticas sobresalen en términos de recursos: la política social (que involucra políticas de combate a la pobreza, educación y salud) y las políticas de ‘soporte productivo’, que fundamentalmente tienen un enfoque para el desarrollo de la economía rural”.
Impacto institucional desigual
En la parte del análisis del presupuesto destinado al campo, indica que actualmente los recursos federales invertidos en áreas rurales “no corresponden completamente con las prioridades identificadas: un sector (agricultura) y un objetivo horizontal (reducción de la pobreza) dominan en el ámbito de la política rural. Si bien la inversión significativa en estas dos áreas contribuye a las prioridades de reducción de la pobreza y al fortalecimiento de la economía rural, se podrían obtener importantes sinergias para invertir mayores recursos en la distribución de servicios públicos, el desarrollo de negocios en actividades no agropecuarias y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, culturales y energéticos”.
Agrega que mientras que las secretarías de Educación Pública, Salud y Medio Ambiente tienen un impacto significativo en el desarrollo rural, otras dependencias como las de Economía, Transportes y Comunicaciones, Hacienda, Turismo, Trabajo y Energía requieren focalizar mayores recursos al desarrollo rural. “La participación de estas secretarías, podría alentar significativamente el fortalecimiento de la economía rural”.
Considera que la movilización de recursos privados debería sumarse a la inversión pública para potenciar el desarrollo económico en las áreas rurales. “Esto involucra tanto la atracción de nuevos recursos, como la promoción de un mejor uso de los recursos que los pobladores rurales poseen”. Añade que para atraer nuevos recursos, se requiere mayor flexibilidad en los mercados, particularmente en el de la tierra y mejorar la seguridad pública sobre los derechos civiles de las personas, así como la seguridad en los derechos de propiedad.
La evaluación detalla que los estándares de vida de la población rural son significativamente menores que los de la población urbana y la diferencia entre ellos es mayor que en el resto de los países de la OCDE. Mientras que el PIB per cápita promedio en áreas urbanas es 41 por ciento mayor que el promedio nacional, en los municipios rurales dispersos y rurales semi-urbanos, es 73 por ciento y 57 por ciento menor que el promedio nacional respectivamente. Con excepción de ciertas áreas del norte del país, casi todas las regiones predominantemente rurales tienen PIB per cápita menor a 50 por ciento del promedio nacional, cuando en general el promedio entre los países de la OCDE para estas áreas es 82 por ciento del promedio nacional.
Sostiene que la “dimensión abrumadora de los retos, frecuentemente diluye la percepción de la heterogeneidad de las áreas rurales y las oportunidades relacionadas con los abundantes recursos poco aprovechados”. Estas oportunidades podrán contribuir al fortalecimiento de la economía rural y al sostenimiento del crecimiento nacional.
Aprovechar bono demográfico
Destaca que entre esos aspectos está que la población rural es predominantemente joven, ya que la edad mediana es 20 años y se trata de la generación que formará parte de la fuerza laboral durante la próxima década, conforma el bono demográfico que México está experimentando como resultado de su transición demográfica, lo cual podría contribuir al incremento de la producción y al crecimiento económico, como ha sido el caso de otros países de la OCDE.
Detalla que la contribución de las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales al PIB se ha reducido de 8 por ciento en 1990 a 5 por ciento en 2004. Sin embargo, en términos de empleo la agricultura sigue siendo la actividad preponderante en los municipios rurales dispersos.
En tanto, los grandes productores agropecuarios han podido integrarse a los mercados internacionales y se han incrementado considerablemente las exportaciones agropecuarias, pero la gran mayoría de los pequeños productores aún están concentrados en cultivos de bajo valor agregado y con alta vulnerabilidad a cambios en precios. La transición de la agricultura a otras actividades tiene lugar con gran rapidez en las áreas rurales, señala.
En esto, refiere, ha influido que la proporción del ingreso no-agropecuario ha crecido sustancialmente, hasta el punto de representar más del 50 por ciento del ingreso familiar, aún en las áreas rurales dispersas; y que el empleo no-agropecuario creció más en las áreas rurales, 5.2 por ciento al año, que en las áreas urbanas, donde fue de 3.5 por ciento entre 1999 y 2004.
El estudio indica que en las zonas rurales ha crecido el turismo, ya que entre 1999 y 2004 se elevó 6.3 por ciento en la zona rural, mientras que en la urbana fue de 5.9 por ciento. Las regiones sur-sureste y la Península de Baja California comprenden áreas rurales donde esta actividad representa una proporción significativa del empleo y del valor agregado.
