Limitan falta de infraestructura y políticas financiamiento rural

Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), expuso que un país con tantas desigualdades económicas como el nuestro requiere al menos de 1,700 instituciones financieras rurales, con un mínimo de cinco mil asociados cada una. El problema no es menor, ya que para alcanzar esta meta en una década, se tendrían que crear 170 instituciones por año, a fin de lograr cierto nivel de cobertura.

Para que esto sea una realidad –añadió- es indispensable orientar las políticas públicas hacia este objetivo. Una manera de hacerlo sería reformando la ley bajo la cual opera la Financiera Rural (Finar), para que en un lapso de dos años se convierta en banca de segundo piso; antes tendría que enfocarse a fomentar la creación de más intermediarios y buscar la organización de los productores en uniones de crédito, cooperativas, una Sofipo (Sociedad Financiera Popular) o Sofome (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple). Se requiere promover su constitución entre los productores, haciéndoles ver que si llegan a ser intermediarios financieros, por medio del ahorro y el crédito, tendrán mejores tasas y políticas crediticias, subrayó.

Reconoció que si bien es cierto en los últimos años han surgido algunos programas de apoyo para crear nuevos intermediarios como es el caso de Oaxaca (6), Puebla, Guerrero (6) y Veracruz (6), los cuales han permitido crear experiencia, se necesita masificar este tipo de iniciativas.

La directora de AMUCSS reiteró que “mientras no haya una política de Estado que priorice el tema de la cobertura en servicios financieros, no podrá haber un desarrollo y vamos a seguir teniendo `programitas´ como Pasfir de Sagarpa; Pronafin para `microchangarros´; el de la Finar para dispersores de crédito o el FIRA para apoyar Sofomes”.

Baja cobertura financiera

En entrevista con ImagenAgropecuaria.com, Isabel Cruz indicó que de acuerdo con cifras oficiales la cobertura de crédito por medio de Finar y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) oscila entre 15 y 20 por ciento, pero en realidad apenas llega a 10 o 12 por ciento y sólo es accesible para los emprendedores más dinámicos; no para la mayoría de la población.

“El 88 por ciento de las necesidades de crédito no están cubiertas. En el caso de los servicios financieros la cobertura es de 6 por ciento en zonas rurales, lo que significa un rezago todavía mayor al crédito”, lamentó.

Contrario a lo que muchos piensan, destacó la directiva de la AMUCSS, los servicios de ahorro son más necesarios para la mayoría de la población rural; porque la gente por más pobre que sea, necesita un lugar donde ahorrar su dinero. Es algo que mucha gente no lo entiende, porque suponen que los pobres no tienen para ahorrar, lo cual es totalmente falso.

Lo anterior, agregó, aunque parece un contrasentido es totalmente lógico desde el punto de vista económico, ya que a mayor pobreza se reducen las oportunidades económicas y, por tanto, la demanda de crédito de inversión es menor que en las zonas más desarrolladas, donde la gente ahorra menos e invierte más para obtener ganancias.

Para Cruz Hernández, el financiamiento rural debe ser visto en su doble faceta: ahorro y crédito.

Hoy en día casi todos los programas públicos de apoyo al financiamiento rural están orientados al crédito. “No existen políticas que fomenten el ahorro, y que –a su vez- reconozcan a las instituciones que están haciendo ahorro y crédito, con el mismo ahorro local”, afirmó.

Si el objetivo de las políticas públicas es la cobertura de servicios, y los servicios prioritarios en el campo son el crédito y el ahorro, sobre todo este último en zonas más pobres, se hace necesario apoyar a las iniciativas que promueven ahorro, pero de una manera diferente a las destinadas al crédito.

En el financiamiento rural hay muchas problemáticas bien diferenciadas, las cuales deben ser atendidas con servicios financieros que den respuesta a la diversidad de necesidades y contextos rurales.

Para ello se requiere de un marco legal adecuado, mediante políticas públicas que alienten la intermediación financiera, luego de que en la actualidad “sólo tenemos la Ley de Ahorro y Crédito Popular; una ley con orientación urbana que no admite una reglamentación específica para las zonas rurales”, señaló.

Mayor acceso a servicios financieros

La especialista en finanzas rurales acotó que en promedio tanto la banca comercial como de desarrollo otorgan créditos por un monto de 25 mil pesos; sin embargo, en la mayoría de las zonas marginadas demandan que el préstamo sea mínimo de 100 mil pesos, “lo cual es absurdo si se considera que los productores de estos lugares apenas y pueden contratar créditos que van de cinco a 10 mil pesos máximo, por lo tanto no tienen acceso a la banca tradicional”.

Y es precisamente aquí –añadió- donde los intermediarios financieros locales, uniones de crédito, cooperativas, una Sofipo o una Sofome de los propios productores, desempeñan un papel muy importante; por lo que es necesario promover la organización, a fin de que haya mayor acceso a los servicios financieros.

La banca de desarrollo y comercial cuentan con tecnología que no es accesible para los más pobres, concentrándose en capas de mediano y gran desarrollo del campo, porque son estratos en los que puede tener una demanda integrada, garantías materiales e información de los negocios (clientes), añadió.

El 80 por ciento de las unidades de producción rurales son menores a cinco hectáreas y en este rubro –el mayoritario del campo- las instituciones clásicas no tienen respuestas porque su tecnología es demasiado costosa para poder llegar con pequeños préstamos, los cuales no les dan el ingreso suficiente para mantener su infraestructura, por lo que tienen que poner techos más altos de crédito mínimo, que va de los 50 a 100 mil pesos, aseveró.

En cambio, los intermediarios financieros de tipo local son mucho más flexibles, económicos y tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones locales, es decir, si hay alguien que les pide tres, cinco o 10 mil pesos lo pueden prestar. La diferencia en ambos casos son las tecnologías y la orientación. Normalmente lo que un banco busca es hacer negocio; la meta del intermediario es dar servicio a sus socios, apuntó Isabel Cruz.

Insuficientes intermediarios financieros

En México el número de intermediarios financieros que existe es muy precario. No hay ni un solo registro oficial de éstos, pero se sabe que alrededor de 40 uniones de crédito son de tipo agropecuario, aunque las unidades de crédito en general atienden a productores más desarrollados, acotó Isabel Cruz.

La directiva de AMUCSS indicó que son muy pocas las unidades de crédito que trabajan con pequeños agricultores –no rebasan las seis uniones de crédito- el resto lo hace con productores más desarrollados.

Las cooperativas de ahorro y crédito –cajas populares- las cuales nacieron en las zonas urbanas, suman alrededor de 100 en las zonas rurales, mientras que los intermediarios financieros (cajas solidarias) promovidos por el gobierno son cerca de 300 en el medio rural, “las cuales aunque parecen muchas, su nivel de cobertura todavía es bajo”, agregó.

También existen cuando menos 250 organizaciones de productores, reconocidas por la Finar que operan como dispersores de crédito, “las cuales bajan los préstamos de manera bastante eficaz hacia los pequeños productores”, destacó la directora de AMUCSS.

En tanto que las instituciones de microfinanzas que agrupan a los microbancos y ONG oscilan entre las 100 o 150.

Carencia de un marco legal

Toda esta situación –dijo- obedece a la carencia de un marco legal que propicie la regulación y desarrollo estos intermediarios, así como a la falta de políticas públicas favorables, luego de que las que se han “tenido han sido muy erráticas”. Por ejemplo, las cajas solidarias se crearon con subsidios recuperados, pero con muy baja inversión a nivel de creación de capacidades locales y de fortalecimiento institucional; por lo que “no basta con crear un número grande de intermediarios, si no se les fortalece para que puedan consolidarse y expandirse”, señaló.

“Por desgracia se piensa que dar dinero para el capital de trabajo es la principal necesidad de este tipo de intermediarios, y la verdad es que no, ya que lo más importante es la construcción de capacidades locales: sistemas de información y contabilidad, gobernabilidad adecuada, rendición de cuentas, transparencia en sus mecanismos de otorgamiento y recuperación de préstamos. Construir intermediarios financieros requiere de una inversión prolongada.”

Los países con coberturas fuertes en intermediarios financieros rurales hicieron inversiones durante 25 a 30 años antes de lograr su consolidación, además de que cuentan con políticas sostenidas para la creación de intermediarios financieros de tipo comunitario, por lo que ahora sus sistemas financieros son muy exitosos como es el caso de Alemania, Italia, Francia, España, Bélgica, Canadá, Holanda y Estados Unidos, entre muchos otros, refirió.

Cruz Hernández reiteró que en México la cobertura de servicios financieros es muy baja, no sólo por la debilidad institucional existente, sino también por la falta de inversión en este rubro de cuando menos 10 años.

Desde hace 50 años se ha invertido en la banca de desarrollo y crédito, y salvo en contadas ocasiones se ha trabajado con intermediarios como es el caso de la Finar que –por mandato- apoya básicamente a grandes productores, o FIRA que con excepciones limitadas atienden también a este sector por medio de las Sofoles.

Urgen intermediarios para captar remesas

Por otro lado, señaló que en el caso del ahorro, hoy en día “llegan miles de millones de dólares a las zonas rurales donde no existen intermediarios financieros; en consecuencia dicho dinero se invierte en la compra de terrenos, casas o simplemente se guarda debajo del colchón, provocando inflaciones locales que no corresponden. Por ejemplo, si vas a una zona de migración no puedes creer que la renta de la tierra sea tan cara”.

Es suma, detalló que el dinero que está llegando a dichas zonas, en lugar de beneficiar está afectando, porque es un dinero que está invertido en ahorro, por tanto no tiene ninguna relación con las economías locales.

“Si hubiera intermediación financiera, el ahorro del migrante se traduciría en ahorro financiero, que se reinvertiría localmente logrando así el desarrollo de su comunidad; o sea, el migrante podría enviar su dinero a través de una cuenta de ahorro”, apuntó.

Manifestó que al no haber intermediarios en las comunidades rurales, “al migrante no le queda más remedio que enviar sus depósitos a los bancos, lo cual se traduce en la falta de innovación en productos financieros; pero para poder hacer innovación hay que hacer investigación”.

Fuente: imagenagropecuaria.com