Sin embargo, las barreras que aún se mantienen al comercio, los pagos vinculados a la producción, como el Ingreso Objetivo, y los nuevos subsidios a la energía, son considerados como los principales obstáculos que necesitan reformarse.
Una de las recomendaciones que hace la OCDE en su más reciente análisis sobre la política agropecuaria y pesquera en México, es reformar el Ingreso Objetivo, pues asegura que el programa no está bien orientado, genera distorsiones de mercado y no es equitativo.
La pobre eficiencia en la transferencia de pagos basados en la producción, significa que sólo una pequeña porción de los beneficios es captada por los productores. Las ganancias del Ingreso Objetivo aumentan para los agentes involucrados en la agricultura comercial y para aquellos que producen los cultivos establecidos dentro de una restringida lista de productos. Ambas características resultan en una distorsión significativa de las señales del mercado y hacen que el programa no sea equitativo.
El análisis considera que al reorganizarse o reemplazarse el Ingreso Objetivo, se obtendría una mejora inmediata en la política agrícola.
Sobre la necesidad de reorientar el Procampo, el programa más popular dentro de la política agrícola en México, concebido para facilitar el periodo de transición del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el estudio destaca que cuenta con un apoyo difundido debido “a la mejora en la eficiencia de las transferencias, la cobertura de los agricultores tanto de subsistencia como de los comerciales poseedores de tierras, así como la reducción de la presión ambiental”.
Sin embargo, la OCDE plantea que el Procampo no cumple con todos los ideales y considera que para el fin del periodo de transición deben definirse sus objetivos a la luz de sus logros, teniendo en cuenta los desarrollos del sector agrícola y de la economía en general.
El organismo plantea cuatro posibles objetivos que podrían lograrse con la reorientación de este programa: aliviar la pobreza rural, transferir el ingreso a los productores, recompensar el uso sostenible de los recursos naturales o facilitar la privatización de la tierra.
Privatización de la tierra
En la propiedad privada de la tierra aún existen restricciones que impiden la distribución eficiente de este activo, inhiben la inversión y limitan el valor de la tierra para quienes cuentan con derechos certificados, además de que las extensas superficies de tierra comunal restante restringen el desarrollo y la administración de dicho recurso, anota el documento de la OCDE.
Las reformas adicionales a la tenencia de la tierra serían cruciales para el logro de las metas que se han delineado para el sector. “Las parcelas de tierra pequeñas, son suficientes para la agricultura de subsistencia pero no son la base de una actividad económica viable.” Por tanto, la privatización de la tierra es una necesidad urgente, todas las tierras ejidales deben convertirse en un activo que pueda comerciarse y rentarse.
“México debería avanzar hacia la eliminación de la propiedad comunal de la tierra, suprimir las limitaciones para la propiedad privada de la tierra y crear incentivos para la privatización de los ejidos”, destaca el organismo.
Reformar las instituciones
El organismo internacional señala que México debe considerar la reforma de sus instituciones para delinear con claridad las responsabilidades entre secretarías y niveles de gobierno, coordinar a todos los actores públicos involucrados en un sector o tema, diseñar programas que establezcan con claridad el contexto en el cual pueden realizarse inversiones y planes de negocios y evaluar o revisar la eficacia de políticas.
El siguiente obstáculo encontrado, es el grado de explotación de los recursos naturales que a menudo se desconoce. El agua, por ejemplo, sigue sin contabilizarse en la mayoría de los casos, los derechos de propiedad no suelen aplicarse y la toma de decisiones privadas no está alineada a los requerimientos públicos.
La OCDE también subraya la necesidad de mejorar el uso de los recursos naturales y recomienda crear políticas en las que se incluya cuantificar su uso y reforzar la aplicación de los derechos de propiedad privada y pública. Para tal caso, las políticas agropecuarias podrían fomentar las asociaciones de usuarios de agua, distribuir medidores de agua a los agricultores que exploten pozos privados y brindar ayuda adicional a los productores para aprender a usar los recursos de forma sostenible.
De igual forma, los subsidios a la energía estimulan a los productores a utilizar de manera excesiva los recursos naturales, en particular del agua, y distorsionan las prácticas de producción a favor de actividades que reciben mayores subsidios.
Desarrollar el sector en su conjunto
El desarrollo a futuro del sector agropecuario mexicano requiere de la inversión pública, estos recursos podrían mejorar los servicios de inspección, la información acerca de los mercados, la tecnología de la información, así como la investigación y el desarrollo tecnológico, asegura el estudio.
El gasto continuo —anota— en infraestructura puede resultar útil, pero deberá dirigirse al sector en su conjunto y no sesgarse de manera considerable ni hacia el riego ni hacia un producto o grupo de productores específicos.
El organismo internacional considera que a partir de las reformas hechas a la política agrícola mexicana en la década de 1990, nuestro país se volvió ampliamente consistente con las metas compartidas y los principios de política de los ministros de la OCDE.
Al reducir las formas altamente intervencionistas del pasado y al orientar de manera más adecuada las políticas, los objetivos se empezaron a cumplir con mayor eficacia generando menores distorsiones en el comercio y en la asignación de los recursos.
Éstas son algunas de las principales recomendaciones formuladas por la OCDE, con base en el análisis de los logros y avances obtenidos a partir de las reformas experimentadas por el sector del agro mexicano. Su finalidad, asegura, es plantear acciones que constituyan pasos hacia un sector agropecuario saludable, independiente, sostenible y productivo. Pero indiscutiblemente, queda en manos de aquellos que toman las decisiones en nuestro país, definir el sector agropecuario del futuro.
Fuente: ImagenAgropecuaria.com
