Sinuosidad en la ley forestal, tramitología y burocracia frenan el desarrollo de comunidades indígenas chicleras del sureste mexicano –que venden a Asia y en breve tendrán una filial en Inglaterra- ya que la legislación sobre regula la extracción del chicle, ocasionando que sólo se aproveche 40% de la superficie productiva ; la inactividad del 60% de los chicleros de Quintana Roo y Campeche, y una caída de ingresos de 34 a seis millones de pesos.
Manuel Aldrete Terrazas, director ejecutivo y representante legal del Consorcio Chiclero –integrada por productores que desde hace más de una década reactivan la actividad chiclera desplazada por gomas sintéticas—refiere que en la burocracia frena la productividad y competitividad del sector chiclero de Quintana Roo y Campeche.
Así mientras los integrantes de esta empresa de carácter social se preparan para abrir una filial comercial en Londres, “que va a ser la plataforma de lanzamiento en todo Europa”, dentro del territorio mexicano se enfrentan a trabas legales.
Y si la capacidad productiva es de 400 toneladas de chicle natural –en una superficie de un millón 300 mil hectáreas–, con este problema de sinuosidad de la ley y la tramitología tan pesada, ésta se reducirá, afirma Aldrete Terrazas.
En plan de negocio de la empresa previó una derrama económica de 34 millones de pesos para el ciclo 2008-2009, pero con dicho problema se reduce a sólo seis millones de pesos, aunque “el impacto es mayor ya que 60 por ciento de gente no está trabajando, no hay alternativa productiva”, refiere.
La actitud de las autoridades mexicanas deja inactivos a mil 200 productores del Consorcio, ya que sólo podrán entrar a la extracción del chicle 600, en lo que se resuelve el problema legal y sólo se trabaja en 40 por ciento de la superficie total aprovechable.
Manuel Aldrete plantea que la solución es desregular esta actividad no maderable y hacerla adecuada a las necesidades de las comunidades, sobre todo porque el chicle al transformarse en goma de mascar puede triplicar el valor de la materia prima.
Hasta ahora la empresa vendía a mercados asiáticos (Corea, Japón, Indonesia) prácticamente cien por ciento de su producción; ahora la proporción será 40 por ciento goma de mascar y 60 por ciento materia prima y se espera ir avanzando en la cadena de valor.
En la temporada agosto 2008-febrero 2009 se prevé iniciar operaciones comerciales con un producto de alto valor agregado, la goma de mascar orgánica Chicza (chicle de zapote), de la que se espera obtener más de tres millones de dólares.
Otro factor que destaca Aldrete es que el manejo del chicle es el más compatible y amable con el bosque porque no se tumba el árbol de chicozapote de donde se extrae la materia prima, sino se conserva y las picas tienen ciclos de recuperación de cinco años; pero lejos de potenciar que mayores productores vivan de esto, la autoridad mete candados y menos productores pueden vivir de esa actividad.
El chicle es la segunda fuente de ingresos del sector forestal en Quintana Roo y Campeche, que produce una derrama económica por año de un millón y medio de dólares, aproximadamente. El Consorcio Chiclero está conformado por 46 cooperativas comunitarias de producción de chicle natural, que a la vez agrupa 52 comunidades de la región.
Documentados en casa, indocumentados en EU
En el foro forestal que se realizó en la Cámara de Diputados, Aldrete Terrazas expresó que a los productores se les solicita entregar sus papeles con credencial de elector y aquí muchas veces parece que no pueden tener acceso a programas porque no están documentados, pero “sí los queremos indocumentados en EU mandándonos remesas”.
Un problema que señala Aldrete es que en México a los cautivos les apretamos la tuerca, ya que existe un “pago de derechos” que establece la Secretaría de Hacienda y en realidad son impuestos, pero se usa ese concepto debido a que, por ley, los ejidos y comunidades están o deberían estar exentos del pago de gravámenes.
Además, hay tramites que duran de uno a dos años, “pero el desarrollo de las comunidades forestales de este país no puede esperar, tiene mucha prisa para desarrollarse”. Además, las reglas de operación cada vez están más complicadas, parece que se basan en la desconfianza y no en la confianza de generar desarrollo.
En un artículo publicado recientemente en La Jornada del Campo, Aldrete especificó que La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 97, sección 3, es contradictoria, y abre espacio para la sobre-regulación, ya que señala que “el aprovechamiento de recursos no maderables únicamente requerirá de un aviso por escrito a la autoridad competente”, pero luego dice que “el reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y casos en que se requerirá autorización y/o presentación de programas de manejo simplificado”, lo cual ha propiciado un exceso de tramitología y costos excesivos para el productor.
Además, para obtener autorización para aprovechar el chicle es necesario contar con un plan de manejo, donde por lo general los prestadores de servicios contemplan el número de árboles pero dejan fuera la capacidad productiva de látex…
Así una empresa que es motivo de presunción por parte de gobernantes e incluso merece espacio en la revista electrónica de la Comisión Nacional Forestal (http://www.mexicoforestal.gob.mx/editorial.php?id=77&laPublicacion=70), enfrenta, como señala Manuel Aldrete, esa contradicción donde el Presidente de la República dice que tenemos que desregular para que el país avance, pero en México tenemos la sugestión de poner mayores candados.
