Es necesario que los legisladores, la sociedad, ONG´s, academia e Iniciativa Privada trabajen, juntos o por separado, en una reorientación de la política forestal que contemple la definición del modelo o escenario de desarrollo del ramo, para hacer frente a la crisis de este sector, indicó Gustavo Sánchez Valle de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales.
En el documento, Condiciones actuales del sector forestal en el país, Sánchez Valle indica que oficialmente no se reconoce que el sector forestal atraviesa por una severa crisis, pero ésta se caracteriza por un retroceso de la superficie bajo manejo forestal; declinamiento de la producción de materias primas maderables; estancamiento de la productividad silvícola; incremento del déficit de la balanza comercial; pérdida progresiva de la capacidad de abastecimiento del mercado interno legal de productos forestales; disminución de actividades de transformación y pérdida de empleos tanto en la producción primaria como en la industria.
Sánchez Valle establece que debe ser una tarea fundamental de todos los actores del sector, el análisis de las causas de la crisis y los rasgos fundamentales de la política pública forestal que deben ser corregidos para enfrentar los problemas.
Refiere que del 2000 al 2007, la producción maderable disminuyó de casi 9 mil 500 millones de metros cúbicos a poco menos de 7 mil millones de metros cúbicos. No obstante que, el presupuesto ejercido por los principales programas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se ha multiplicado en los últimos ocho años, pasando de 265 millones de pesos del 2001, a 5 mil 549 millones de pesos, en el 2008.
Lo anterior debido a que, “los elementos de esta crisis contrarrestan y minimizan los avances que hay en el sector en los últimos años como son el reconocimiento a la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales; el modesto avance en materia de plantaciones forestales y cadenas productivas; el posicionamiento del tema forestal en la agenda pública, entre otros”, indica Sánchez Valle.
En su opinión, problemas añejos y una política inadecuada del 2000 a la fecha han derivado en la crisis actual; pues ni la creación de la Conafor, ni presupuestos crecientes, ni una nueva legislación dieron claridad a los objetivos y estrategias para enfrentar los retos y fortalecer el impulso generado por la administración 1994-2000.
Hay factores –anota– que afectan negativamente al sector, como la apertura total en materia de comercio exterior; la competitividad que han logrado nuestros socios comerciales y la crisis de la industria celulósica, la agudización de los problemas en los últimos años apunta más a malas decisiones de política pública, y citó como ejemplos: el diseño de la Conafor más como espacio de poder político que como instancia de fomento; los desarreglos institucionales entre Conafor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa).
Así como también la dispersión de los subsidios, su ejercicio discrecional y su orientación más a fines mediáticos y asistenciales; el impulso a esquemas corporativos de organización campesina más orientados a fines clientelares que de manejo sustentable; y a la poca importancia dada a los espacios de participación ciudadana.
Finalmente, para modificar las tendencias negativas actuales del sector –Sánchez expone que-, se requieren cambios sustantivos en la política pública, tales como: armonía entre la instancia normativa (Semarnat) y la de fomento (Conafor); equilibrio entre la inversión a conservación-restauración y manejo sustentable comunitario; reorientación de la política en materia de organización social con pluralidad, democracia y respeto al derecho de organización; inversión sustantiva y sostenida para incorporar nuevos terrenos al manejo forestal; impulso sustantivo y sostenido para elevar la competitividad del sector en las diferentes cadenas productivas, desde la producción primaria.
Además de que los programas de fomento productivo deben recuperar la estratificación de productores como criterio para orientar los subsidios con una lógica de impulso a procesos de desarrollo; los programas deben impulsar esquemas de manejo forestal sustentable y no “competir” con los programas de fomento productivo; se deben impulsar los esquemas locales de PSA para dar sostenibilidad a futuro de esta política; la diversificación productiva en el país debe ser complementaria a la producción de madera para dar viabilidad al manejo y aprovechamiento forestal; el impulso a los procesos de agregación de valor de los productos forestales debe ser una línea fundamental de inversión dentro de Proárbol y no quedar a nivel casi testimonial.
Asimismo, la legislación debe actualizarse para precisar, entre otras cosas, que la Conafor debe impulsar el manejo forestal regional y la organización social de titulares de aprovechamiento forestal; de dueños y poseedores de terrenos forestales; de las empresas y asociaciones que formen entre ellos, pero que no debe interferir en el derecho a organizarse libremente ni debe impulsar “centrales” o “confederaciones” únicas;
También, la legislación debe precisar de manera más clara la conformación de los espacios de participación ciudadana y las obligaciones del Poder Ejecutivo hacia los mismos, de manera que estos espacios no se conviertan en la escenografía de una política de participación social; y debe contemplar esquemas de monitoreo periódico de resultados y de evolución de los principales indicadores de desempeño del sector.
