Campo Libre

Indígenas mexicanos, los condenados de su tierra

En México persiste la desigualdad de oportunidades que sufre la población originaria y que, en gran medida, la orilla a la pobreza y marginación, por lo que el estudio urge a implementar políticas públicas más equitativas y focalizadas, orientadas a atender a la población indígena, que representa 9.5 por ciento de la población mexicana, pero sólo recibe sólo 1.5 por ciento del gasto programable total.

El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que Batopilas, Chihuahua, es el municipio con población originaria con el más bajo IDH, al ubicarse por debajo de Níger, la nación con menos logro en desarrollo en el mundo.

Dicha situación prevalece, no obstante que el gasto asignado a la población indígena se ha incrementado 2.17 veces en los últimos diez años. Pero los recursos asignados al 10 por ciento de los municipios de PI con menor IDH ascienden a sólo 7.22 por ciento. Mientras que el 10 por ciento de de los municipios con mayor IDH de PI percibe 19.52 por ciento de los recursos.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México y responsable del informe, Magdy Martínez Solimán, señala que “hay una mayor eficiencia del gasto en educación y menor eficiencia en salud, en particular hacia la atención de las mujeres y niños indígenas”.

Asimismo, el programa Oportunidades funciona, pero otros programas que promueven las actividades productivas, no. Los programas de empleo no han funcionado al mismo nivel que los programas de autoempleo o de iniciativa empresarial.

El informe refiere que la población indígena infantil es de las más vulnerables, ya que en algunas regiones el índice de mortalidad representa el doble que en el resto de poblaciones del país. Así, el índice de supervivencia infantil, en el caso de la población indígena de México (PI), oscila entre 0.45 y 0.9, mientras que en la población no indígena (PNI) llega hasta el 0.9.

En el año 2000 se estimó 344 muertes de niños menores de un año por cada 10 mil nacimientos en PI, mientras que en PNI la cifra era de 216, es decir, mueren 128 infantes más en comunidades originarias. No obstante, se prevé que para este 2010 esas cifras se reduzcan a 228 y 140, respectivamente. Aún con esta reducción en mortandad, la PI mantendrá un índice mayor de decesos.

Ínfimo acceso a la salud

El estudio revela que cuando es mayor el porcentaje de población indígena en un municipio, este tiende a alcanzar niveles de desarrollo menores a los de poblaciones no indígenas.

Por ejemplo, entre los grupos étnicos del país, 72 por ciento no es derechohabiente de alguna de las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE o Seguro Popular. Cuando tienen oportunidad de asistir a una clínica del sector salud deciden no volver, ya sea por la lejanía en la que se encuentran los centros, porque están cerrados, por la carencia de medicamentos y porque tardan mucho tiempo en ser atendidos.

El 50 por ciento de los hogares indígenas tienen un gasto en salud del 30 por ciento de sus ingresos totales trimestrales. Ello merma sus posibilidades adquisitivas, ya de por si deficientes, detalla el informe.

La PI es más propensa a padecer enfermedades crónicas debido a la desnutrición. La carencia de recursos les impide llevar una alimentación balanceada, sana y nutritiva. A pesar de que la desnutrición crónica disminuyó en los últimos 20 años, de 55 por ciento en PI y 24.6 en PNI, entre 38 y 12.5 por ciento, respectivamente, la desnutrición crónica en indígenas es casi tres veces mayor, que en los no indígenas.

“Hace falta mucho por hacer, debido a que los estragos que causa el hambre en el desarrollo fisiológico e intelectual son irreversibles,” considera Martínez Solimán.

El informe también explica que las personas que presentan desnutrición durante los meses de gestación padecen desventajas físicas y cognoscitivas a lo largo de toda la vida. Además eleva la probabilidad de padecer enfermedades crónicas.

Carencia educativa: males generacionales

El acceso a la educación condiciona la capacidad para percibir ingresos, mediante la inserción en el mercado laboral; de igual forma, el estudio señala que existe una correlación entre el analfabetismo y las condiciones de salud. A más años de escolaridad en las madres, se presentan mejores niveles de nutrición y menor índice de decesos en niños menores de un año de edad.

Del año 2000 al 2005 se elevó el nivel de alfabetización de la PI mayor de 15 años de edad, pues el porcentaje pasó de 72.6 a 74.3 por ciento. En contraparte, aún hay un 46.5 por ciento de personas que no tienen instrucción educativa o tienen la primaria incompleta.

La PI se presenta un índice de abandono educativo mayor que en la PNI. De acuerdo con el Informe, esto se debe a diversos factores, como la cultura y cosmovisión de las personas: muchas veces los padres prefieren que los hijos trabajen, en vez de que vayan a la escuela, porque “generan” más en actividades productivas como la agricultura.

Cuando los padres tienen un nivel bajo de instrucción educativa, tienden a restarle importancia a la alfabetización. También hay casos en que el abandono se debe a la lejanía de los centros educativos de las comunidades donde residen las personas.

Doble segregación en mujeres indígenas

La poca disposición de infraestructura y servicios básicos, tiene que ver con la enorme dispersión de la PI, que tiende a migrar a otras localidades, estados o hasta países, por la falta de oportunidades. No obstante, arrastran todas esas desigualdades al lugar a dónde migran, porque no pueden negar su condición de indígenas y, por tanto, sufren discriminación y marginación. Más aún si se trata de mujeres, porque ellas padecen una doble segregación, por su condición étnica y de género.

El Informe cita datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares de 2008, que permite medir la pobreza multidimensional, este índice incorpora seis derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. La encuesta arroja que 93.9 por ciento de la PI esta privada de alguno de estos derechos y el 64.2 por ciento carece de al menos tres.

De acuerdo con el Coneval, la pobreza multidimensional se traduce como el porcentaje de personas que tiene alguna carencia social y que son pobres por ingresos. Lo alarmante es que en esta categoría recae 70.9 por ciento de la población originaria.

En este sentido, destaca que la Secretaria de Economía y Sagarpa tienen cierto margen de regresión, por lo que deben reajustar el gasto público de los programas que operan para fomentar el desarrollo.

El informe detalla que 33 por ciento de los recursos totales ejercidos por dependencias federales lo recibe 20 por ciento de la población originaria con menor IDH. Pero sí existe una cierta compensación en la distribución del gasto, ya que 20 por ciento de la población Indígena con el IDH más elevado percibe sólo el tres por ciento.

Al revisar las asignaciones de cada dependencia se puede ver que la distribución no es homogénea. El gasto que destina la Conagua al 20 por ciento de la población indígena con menor IDH alcanza 44 por ciento de los recursos; la Secretaría de Economía y la Sagarpa destinan a este mismo porcentaje de población sólo 20 y 24 por ciento de sus recursos, respectivamente.

Las secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social muestran mayor cobertura en la atención a la población autóctona con menor IDH, pues destinan 27 y 35 por ciento del gasto, respectivamente, al 20 por ciento de esta población con menor grado de desarrollo.

Ante tal situación, el informe plantea la generación de políticas y programas sociales enfocados a la microregionalidad, que se adecuen a las necesidades y características específicas de cada comunidad que conforman los municipios.

Finalmente, concluye que el peor riesgo que se corre a la hora de combatir la pobreza, la inequidad y el hambre es la insensibilidad por parte de los políticos y funcionarios, porque las crisis no afectan a la población indígena, ya que ellos viven una crisis permanente, y no pueden estar en peor situación.

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¿Qué es el IDH?

*El IDH es una escala generada en 1990 por el PNUD. El indicador se obtiene mediante la medición de tres dimensiones fundamentales para el desarrollo: la salud, la educación y el ingreso.

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