Portafolio único de aseguramiento para el agro propone Sagarpa a Legislativo

El esquema contempla la cobertura de 12 millones de has para los productores de menos de cinco has bajo el esquema catastrófico, además de 4.1 millones de has de productores comerciales.

Con esta estrategia se podría reducir el costo de las pólizas, que de 2009 a 2011 paso de 9 a 12.4 por ciento, y se alcanzaría un monto asegurado por más de 35 mil millones de pesos, explicó en entrevista con Imagen Agropecuaria Víctor Celaya del Toro, director general de Estudios para el desarrollo rural de la Sagarpa.

Esta iniciativa difiere del proyecto de la Cámara de crear un Fondo para el rescate de los estados azotados por la sequía, que sólo favorecería a seis entidades, cubriría alrededor de dos millones de has, serviría sólo para un año y al absorber 10 mil millones de pesos costaría casi el doble que la propuesta de la Secretaría de Agricultura. Este 15 de noviembre sería el plazo límite para discutir la propuesta la Cámara de Diputados.

El funcionario federal precisó que en lo va de este año a causa de los impactos generados por los fenómenos hidrometeorológicos se han entregado indemnizaciones por 500 millones de pesos como parte del seguro catastrófico y otros 923 millones de pesos a través de apoyos directos.

Sector privado y fondos de aseguramiento

Desde que el gobierno federal comenzó a adquirir seguros catastróficos para resguardar la producción agropecuaria en 2003, cuando se aseguraron 950 mil has, las empresas aseguradoras que atienden sector privado tenían una cobertura de dos millones de hectáreas, misma superficie que se mantiene hasta el día de hoy, con la diferencia de que además de las tres instituciones que ofertan seguros: Mapfre, ProAgro y General de Seguros, también operan 349 fondos mutuales de productores.

Víctor Celaya refiere que el aseguramiento agropecuario privado tiene un potencial para incrementar su cobertura hasta los 4.1 millones de hectáreas, ya que dicha superficie corresponde a los productores que tienen acceso al crédito y la capacidad de pagar una póliza de seguro.

No obstante, señala que las aseguradoras no ofrecen los servicios que los productores demandan en ciertas regiones o que no les interesa invertir por el elevado nivel de riesgo.

En este sentido, es necesario que nuevos competidores ingresen al mercado, puesto que de las más de 100 aseguradoras que operan en México, 14 están autorizadas por la Comisión Bancaria y de Valores para ofertar servicios en el sector agropecuario; de ellas únicamente tres venden pólizas en el sector.

La entrada al mercado de nuevas empresas contribuiría a reducir el costo de las primas y a reducir el riesgo de los productores del sector privado, puesto que muchas veces a la hora de solicitar un crédito dejan como garantía de pago sus propiedades, maquinaria o vehículos; y si un evento catastrófico les impide cosechar perderán parte de su patrimonio y quizá no podrán producir en el siguiente ciclo.

A, B y C del seguro agrícola catastrófico

En el caso del seguro catastrófico, esquema del gobierno federal para reducir y transferir el riesgo que representan los impactos del cambio climático, la federación junto con los gobiernos de los estados compran pólizas de aseguramiento de territorios completos contra la ocurrencia de fenómenos climatológicos, como exceso de humedad o sequía, que provoquen la pérdida total de la producción.

El gobierno federal aporta 90 por ciento del costo de la prima de seguro y los gobiernos estatales aportan otro diez por ciento, cuando se trata de zonas de alta y muy alta marginación; en regiones con mejor índice de desarrollo, los estados pagan 35 por ciento y el gobierno federal el resto, los productores con menos de cinco has no desembolsan nada.

Los seguros catastróficos opera en dos variantes: la tradicional y la paramétrica. La primera consiste en que las empresas aseguradoras venden una póliza de seguro por 200 pesos por hectárea, que sólo se paga cuando a causa de un evento hidrometeorológico o geológico catastrófico se pierde más del 60 por ciento de la producción de toda una localidad o territorio.

Después de que se emite el reporte de daños, un grupo de técnicos especializados de un despacho privado realiza una inspección a la región afectada y con una muestra aleatoria determinan si hay pérdida total o no. Si hay afectaciones de más del 60 por ciento se paga la indemnización, de lo contrario no están obligados a hacerlo.

En la variante paramétrica igual se compra una prima de seguro por parte del gobierno federal, pero se fijan promedios históricos mínimos y máximos de humedad. Si se registran precipitaciones por encima del rango máximo o por debajo del mínimo, la aseguradora tiene que indemnizar. Con este sistema se protege a la superficie contra el exceso de humedad o sequía.

Una limitante en este caso es que de las dos mil 500 estaciones meteorológicas de México, sólo 300 tienen registros de los últimos diez años de actividad climatológica y emiten reportes diarios o semanales, que son requisitos indispensables para formar parte del esquema paramétrico. Por ello, sólo un millón 800 mil has de los 8.1 millones totales están aseguradas bajo este sistema.

Este tipo de seguro es más operativo, al tiempo que reduce costos, puesto que la información se puede consultar a través de internet y no es necesario enviar técnicos a revisar las parcelas.

Víctor Celaya destaca que aquí no importa si se perdieron o no los cultivos, la aseguradora tiene que pagar si los registros indican un comportamiento climático diferente a lo estipulado, y esos recursos los gestiona la federación y entrega indemnizaciones a los agricultores que no pudieron cosechar.

Seguro pecuario

En la parte pecuaria de las 4.2 millones de unidades animal aseguradas el presente año, 3.8 millones corresponden al seguro paramétrico y sólo 400 mil al esquema tradicional; estas últimas se encuentran en los estados de Coahuila y Durango, porque no hay estaciones meteorológicas autorizadas operando en esas regiones.

En el caso de la variante del seguro catastrófico tradicional pecuario se tiene que ir a revisar peso del animal, cuánto pasto hay en el agostadero y emitir reportes de acuerdo con tablas e indicadores. Si el número de plantas está por encima de lo que refieren las tablas, las empresas no pagan, de lo contrario se cobra la indemnización. Este esquema es lento y tardado, asegura el funcionario federal.

Mientras que el esquema paramétrico satelital es operado por Agroasemex, que contrata a un satélite de la marina de los Estados Unidos que cada quince días mide el índice de masa vegetal y la información e imágenes levantadas se envían a especialistas del Colegio de Postgraduados, quienes determinan si el desarrollo del pasto es apropiado para alimentar al ganado.

Este esquema es muy novedoso y eficiente, al grado de que muchos gobiernos de países latinoamericanos e incluso Estados Unidos se han acercado a México para conocerlo, enfatiza Celaya del Toro.

Operar todo este portafolio del seguro pecuario paramétrico cuesta dos millones de pesos. En cambio, si se operara de forma tradicional se tendrían que pagar técnicos, pagar viáticos y vehículos para su traslado y sería mucho más lento el proceso de inspección de la superficie afectada, asevera Celaya.

El esquema únicamente está disponible en la región norte del país, porque en el sur los ganaderos siembran la pastura, mientras que en el centro y norte depende de las condiciones del clima para que el pasto crezca de forma silvestre

En la ganadería se asegura un monto de 600 pesos por unidad animal, que servirá para que los beneficiarios compren alimento para la engorda del ganado.

El pago de las indemnizaciones

Cuando se tienen que pagar indemnizaciones a los productores que perdieron su producción a causa de desastres naturales, el periodo de espera para que el agricultor o ganadero reciba los recursos puede prolongarse a más de quince semanas cuando se trata de apoyos directos, es decir cuando no existe un seguro.

En el caso de la adquisición de una póliza de seguro, los recursos llegan a los productores a la cuarta semana, porque de esta forma no es necesario que la Conagua emita una declaratoria de desastre, ni de que el gobierno libere los recursos ni de la firma de decretos ni de la apertura de cuentas para los depósitos.

Con el seguro también se evita la corrupción y desvío de recursos, porque son los despachos privados los que tienen el compromiso de realizar un buen trabajo y transparente, de lo contrario al siguiente año no serán contratados.

Víctor Celaya explica que 80 por ciento del monto asegurado se transfiere a instituciones internacionales de reaseguro, como Swiss Re, Mapfre Re o Hannover Re; que en caso de que se registren pérdidas de más del 50 por ciento del monto asegurado, estas instituciones pagan una indemnización del 80 por ciento, así los recursos no provienen de instituciones del país, sino del mercado internacional.