José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, destacó que en dichas entidades se concentra gran parte de la pobreza rural, donde a pesar de inversiones y programas encaminados a su superación, que se vienen aplicando desde los años setenta, ésta se ha acentuado y la desigualdad social se hace cada vez más profunda.
La primera entidad donde se buscará conformar una coalición es Oaxaca –caracterizado por zonas indígenas con alto grado de marginación—, la cual estará integrada por gobernantes de diversas filiaciones políticas, empresarios, organizaciones representativas e intelectuales, que tengan como fin común coadyuvar a superar la pobreza.
La idea es ir sumando al resto de los estados y regiones para fines de este año tener una propuesta de “conocimiento y cambio para la superación de la pobreza rural, definir qué cambios son los más importantes para lograr la superación de la pobreza rural en forma eficiente, efectiva y con alto impacto”, lo más consensuada posible entre empresarios, académicos, legisladores y el Ejecutivo federal.
Mendoza Zazueta comentó que difícilmente la propuesta se tendría antes de septiembre, cuando se presenta el presupuesto al Congreso, pero acotó que “no es un problema de dinero simplemente o de política”, sino de tener un planteamiento consensuado donde, por ejemplo, que el Poder legislativo este de acuerdo en que bienes públicos, agricultura familiar y cambio climático, estén bien representados en los presupuestos; que los gobernadores estén de acuerdo en que hay que dar más impulso en los estados involucrados a la agricultura, ganadería o a zonas indígenas. “Es muy importante no sólo que haya dinero, sino de que se ejerza como está planeado”.
“El asunto de pobreza –subrayó– requiere de una visión compartida y complementaria entre los dos poderes de la Unión y entre los tres órdenes de gobierno, eso es fundamental.”
Hizo hincapié en que en la zona rural, además de los problemas tradicionales, hoy tenemos otros como la migración, la delincuencia organizada, el cambio climático y la crisis alimentaria, “que obliga a una revaloración profunda de la importancia que para el país tiene el medio rural y en particular la agricultura campesina”.
Dentro de los indicadores se plantea tomar en cuenta es la reducción en la incidencia de pobreza, en materia de deforestación y degradación de recursos naturales y, en el largo plazo, de desigualdad social y migración. No son soluciones de corto plazo, dijo José Antonio Mendoza.
El también ex subsecretario de Agricultura reflexionó en que un escenario de competencia política tan intensa que vive el país derivado de la alternancia, en donde los poderes Legislativo y Ejecutivo juegan un papel relevante, al igual que los gobernadores, derivado de la descentralización de los recursos, más que un asunto de diagnóstico, lo que falta es “una comprensión compartida entre los tomadores de decisión sobre el problema de la pobreza”.
Y ahí surgen múltiples preguntas y polémicas: ¿cómo podemos lograr que los tomadores de decisión tengan una visión compartida?¿El de la pobreza es un asunto asistencial o es un asunto productivo? ¿Es un asunto de crecimiento económico para repartir o es un asunto de crecer repartiendo? ¿Es un problema que se resuelve desde de lo local o desde el centro de los gobiernos?
Derivado de esto surge la idea de conformar un grupo plural con influencia en diversos sectores de la sociedad y personajes con autoridad moral, que en este caso son el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, quienes lograron convocar a empresarios como Roberto González Barrera o las fundacionesTelevisa y Azteca, la Fundación Carlos Slim, legisladores e intelectuales reconocidos y representante de organizaciones sociales.
La iniciativa es impulsada por el Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y se ejecuta de forma paralela en México, Ecuador, Colombia y El Salvador.
