Hace dos décadas México contaba con 25 mil extensionistas que brindaban asistencia técnica al agro, hoy la tarea la realizan 6 mil PSP, quienes son sólo “simples intermediarios” de los agricultores para acceder a programas, pero enfrentan múltiples problemas para incidir en el desarrollo del sector, según un análisis de la OCDE.
En México no existe un servicio de extensión agrícola específico, más bien los agricultores recurren a una gama de 6 mil Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) para acceder a los distintos programas de apoyo federales, pero muchos de éstos no son profesionistas, perciben bajos salarios, tienen contratos de corta duración, aunado a la inseguridad laboral y el retraso en el pago de sueldos. La falta de incentivos genera un sistema “condenado a la mediocridad”.
El Análisis del extensionismo agrícola en México, elaborado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), a encargo de la Sagarpa en 2011, consigna que desde las reformas instituidas a principios de la década de los 1990 ha habido una proliferación de despachos de PSP —en Sinaloa hay 250— y en la mayoría de los casos éstos son contratados sólo para apoyar la ejecución de programas gubernamentales.
El trabajo de investigación, coordinado por el doctor Matthew McMahon, puntualiza que “muchos PSP no son profesionales en el sentido de que carecen de títulos o diplomas que acrediten estudios terciarios. Eso representa un enorme obstáculo ya que están aislados de las fuentes de tecnología y solos en su interpretación de la información. Tienen conocimientos limitados y requieren una actualización constante para desarrollarse en el aspecto profesional, pero no hay un verdadero programa para hacerlo”.
Dicho escenario se agrava “por los bajos niveles salariales, los contratos de corta duración (por temporada), la inseguridad laboral y el retraso en el pago de sueldos. Debido a la falta de oportunidades y de incentivos para un desarrollo profesional y de carrera, el sistema no atrae a profesionales calificados, empeorando así los problemas de calidad total en el servicio. La falta de incentivos genera un sistema perverso de reclutamiento y selección. El sistema está condenado a la mediocridad”.
En México entre 3 y 10 por ciento de las explotaciones agrícolas cuentan con servicios de extensión. Algunos estados como Baja California llegan al 22 por ciento de sus unidades de producción; Sonora, 15 por ciento: Sinaloa, 11 por ciento y Baja California Sur, 10 por ciento.
El análisis agrega que “el sistema actual de asistencia técnica aplicado mediante los programas de apoyo está muy fragmentado y se basa en proyectos individuales. Como la mayor parte de la demanda de estos servicios se canaliza a través de los programas de apoyo de la Sagarpa, hay una dispersión de esfuerzos y de recursos en proyectos menores y una falta de integración desde el punto de vista del desarrollo territorial y de los objetivos de productividad”.
La fuerza que impulsa la demanda del PSP es el acceso a programas de gobierno y “los medios se convierten en el fin”, es decir, “los incentivos son para la captación de ingresos y no hay incentivos para que el PSP se mantenga al tanto del proyecto hasta su finalización ni para que evalúe su impacto”.
El documento subraya que el acompañamiento de los técnicos, en las unidades de producción, en promedio, no va más allá de un año, es decir, no tiene continuidad y por consiguiente no arroja los resultados esperados. “Existe la percepción general de que el sistema no ha producido resultados y de que hay un vacío en los servicios de extensión y asesoría”.
Los PSP son contratados por diversas organizaciones, grupos de campesinos, mediante el financiamiento por parte de los programas de apoyo de la Sagarpa, los programas públicos a nivel estatal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) e iniciativas privadas, pero en todos estos casos se limita el uso de recursos privados, ya que los contratos de PSP son subsidiados en su totalidad o a partes iguales con fondos públicos.
Falta evaluación
También refiere que no existe ningún sistema de evaluación del gasto público aplicado para tales efectos, por consiguiente, tampoco opera un esquema de rendición de cuentas que permita calificar el actuar de todos los actores involucrados en el extensionismo.
Otro aspecto es la falta de un sistema de supervisión adecuado y una evaluación del impacto del extensionismo. Esta deficiencia es sistémica, desde la generación hasta la difusión de tecnología y en todas las instituciones.
No existe una cultura de la evaluación, la supervisión que se realiza es administrativa; es decir, se relaciona con la cantidad de proyectos ejecutados, el número de visitas y el número de actividades. Esa supervisión se subcontrata con terceras partes como universidades, y a menudo queda en manos de personas inexpertas, evidencia el documento del organismo internacional.
Eso ocurre a pesar de que en el Programa de Activos de la Sagarpa, el 8 por ciento de los contratos para asistencia técnica se dedica a los rubros de supervisión y de evaluación. Hay una falta de rendición de cuentas en todo el sistema, y en el que no existen incentivos ni consecuencias por obtener o no resultados, anota el análisis.
Los centros e institutos de investigación, junto con universidades, no tienen programas establecidos para la transferencia de tecnología; por consiguiente, las instituciones no están todas conectadas entre sí en el nivel de campo.
Una propuesta
El texto recomienda que cuando México considere cómo poner en marcha un sistema de extensión agrícola profesional y específico para sustituir el sistema de asistencia técnica actual, con base en sus propias experiencias de los últimos veinte años, así como en las tendencias y la experiencia internacionales, es necesario que tome en cuenta objetivos prioritarios y población objetivo.
Propone crear un Consejo Nacional para la de Innovación de la Agricultura dependiente de la Sagarpa, integrado por los diferentes agentes que participan en la innovación procedentes de los sectores público y privado, universidades y representantes de las cadenas de producción, entre otros. Este consejo integraría a política pública, el financiamiento, el establecimiento de prioridades nacionales y la evaluación de impacto en un solo organismo dedicado tanto a la investigación como el extensionismo.
El nuevo sistema no tendrá que dejar fuera la calidad del servicio y la rendición de cuentas, con mayor participación de los agricultores, en consonancia con las reformas al financiamiento para la investigación y el fortalecimiento de vínculos institucionales en todo el sistema de innovación.
Sectorizar prioridades
La agricultura mexicana se divide en tres sectores, uno comercial altamente capitalizado (15 por ciento), otro de pequeños agricultores con lazos con el mercado (35 por ciento), en particular con el mercado interno, y un tercero de subsistencia (50 por ciento), que produce para el consumo familiar y cuyo ingreso depende en un grado considerable de actividades externas.
Si el objetivo del proyecto de extensionismo agrícola es aumentar la productividad y la competitividad, debe centrarse en los pequeños y medianos agricultores que ya trabajen con cadenas productivas o que tengan el potencial para hacerlo. Este servicio se organizaría y administraría en los niveles local y estatal, y se centraría en los agricultores organizados entre ellos mismos y no en individuos.
La mayoría de dichos agricultores serán productores de alimentos básicos como maíz, frijol, leche y hortalizas, para abastecer el mercado interno; los agricultores comerciales, que deberían responsabilizarse de su propia tecnología y sus necesidades de información, no deberían absorber tantos recursos públicos.
Para atender a los agricultores de subsistencia se tendrían que generar estrategias que les permitan obtener ingresos de actividades no agrícolas, para que se puedan alejar del monstruo de la pobreza, no obstante, que el extensionismo les puede redituar en mejores cosechas para su consumo y comercialización local de excedentes.
Las prioridades tanto de la investigación como del extensionismo durante 1960 y 1990 fueron la sustitución de importaciones, la seguridad alimentaria y el apoyo a los agricultores de subsistencia. Eso significaba que el apoyo se concentraba en los alimentos básicos, es decir, maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo.
Tales objetivos son los que demanda el país en la actualidad, pero que a consecuencia de las reformas de desmantelamiento del sistema nacional de extensionismo de finales de la década de los 80, son inviables con la infraestructura y estructura operativa de hoy día, puntualiza el estudio.
