¿Cultivo de maíz transgénico, decisión judicial?

Con la determinación de un juez de suspender los ensayos de siembra de maíz transgénico encualquiera de sus fases en México, la discusión pasó de ser sólo política, económica, científica e ideológica, al plano judicial, donde empresas y organizaciones confìan en obtener un fallo a su favor.

Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones civiles que encabezan la demanda colectiva, las empresas se niegan a recibir la notificación correspondiente, mientras el pasado 28 de octubre el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, notificó al colectivo que promueve la denuncia que el gobierno federal apeló la medida precautoria que suspende todos los permisos de liberación de transgénicos.

Al ser consultado sobre el tema, el presidente ejecutivo de Agrobio México –organismo que aglutina a las empresas que promueven al siembra de transgénicos en México–, Alejandro Monteagudo, afirmó que frente al proceso legal en curso “somos respetuosos de las decisiones de nuestras autoridades judiciales en este caso” y “estamos convencidos que al final la resolución nos será favorable”.

Respecto a si considera que la esta decisión del juez es un revés para la industria biotecnológica, respondió que tienen confianza en que la resolución será favorable y podamos seguir trabajando, porque ya tenemos más de 17 años comercializando la tecnología en el ámbito internacional, donde hay más de 55 millones de hectáreas en 17 países.

Alejandro Monteagudo dijo desconocer si las empresas se pudieran amparar ante la determinación del juez, “nosotros como asociación tenemos otro rol en esto”.

Por su parte, René Sánchez Galindo de la organización Colectivas, quien es el asesor legal de las organizaciones que promueven la demanda contra la siembra de maíces transgénicos en México, consideró que las apelaciones gubernamentales carecen de sustento jurídico, puesto que la Sagarpa arguye que debió notificársele antes de suspender la siembra de transgénicos como si se tratara de una medida cautelar ordinaria y no de una medida precautoria especial, “sería ilógico que el juez hubiera notificado con antelación”

El jurista Bernardo Bátiz, quien estuvo presente en una rueda de prensa convocada por las organizaciones que promueven la demanda colectiva, añadió que “pareciera que las dependencias federales no se han percatado que estamos en un litigio sobre derechos humanos, que legalmente lo primero que deben hacer los tribunales es despojarse de formalismos ‘legaloides’”.

Adelita San Vicente Tello, dirigente de la Fundación Semillas de Vida y representante común en la demanda colectiva, añadió que la Sagarpa y la Semarnat “están litigando a favor de Monsanto”, ya que mientras las empresas se niegan a recibir las notificaciones, el gobierno federal presenta apelaciones prácticamente a nombre de las empresas.

El titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, ha insistido en que la dependencia será respetuosa de las decisiones judiciales y en que toda decisión sobre este tema debe apegarse a criterios científicos. Además ha señalado que se abrirá una mesa científica para discutir el tema.

Productores del norte a favor de transénicos

Rubén Chávez Villagram, productor y comercializador de maíz en Chihuahua, que hace unos años enfrentó un proceso legal por presunta siembra de maíz transgénico, expresó que los agricultores “recibimos la noticia –de suspensión de ensayos con maíz transgénicos– con sorpresa y a la vez con tristeza; parece que los políticos no tienen conciencia de lo que realmente necesita el país o de la competencia que se esta viviendo a nivel internacional”.

Hizo hincapié en que las propias autoridades del gobierno federal consideran que se tiene que revisar esa suspensión judicial para la experimentacion con transgénicos, ya que los agricultores, industriales y consumidores no podemos ser rehénes de una decisión de un juez, “pero parece que los tiempos de los políticos son diferentes a los de la realidad”.

Este tipo de procesos –arguyó– sigue afectando toda la cadena del maíz, nosotros vamos a seguir negociando con la autoridad como se ha hecho hasta ahora, tratando de hacerlos conscientes de la necesidad que tenemos. Argumentó que la siembra de maíz transgénico no sería abierta para todo el país, sino en zonas donde no se corre ningún riesgo de cruza con razas nativas, como en Chihuahua, donde siembran en el semidesierto y “las razas nativas, si hubo hace cientos o miles de años, desaparecieron de ahí”.

El gerente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Octavio Jurado Juárez, consideró que el tema de los transgénicos está altamente politizado, es una discusión que tenemos que sacar de la parte productiva y aunque cualquiera tiene derecho de ejercer alguna presión, el mundo avanza hacia la productividad, la competitividad y muchos de los problemas de abasto que tenemos son porque no hemos dado ese salto fundamental que nos permita elevar la productividad y competitividad con mejores semillas.

México –añadió– tiene grandes problemas de agua, sobre todo en el norte donde el suelo se esta erosionado y necesitamos semillas que se adapten a esta nueva realidad. Tenemos que decidir si queremos más pobres bajo un esquema tecnológico del que no nos hemos informado lo suficiente o si México quiere caminar con el no a los transgénicos; es un tema que debe discutirse y decidirse.

Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, destacó que el proceso legal abre la oportunidad para que en México se discuta por primera vez a fondo el tema de los transgénicos, ya que “no hemos tenido la oportunidad de presentar nuestros argumentos con la profundidad necesaria dentro de los permisos de liberación comercial que el juez federal detuvo”.

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El pasado 10 de octubre, el colectivo que promovió la demanda contra la siembra de maíces transgénicos informó que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, emitió una medida precautoria en la que ordena a Sagarpa y Semarnat, abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz Genéticamente Modificado (OGM) , prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz; y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz.