En el país más obeso del mundo, ley de alimentación y nutrición entrampada
En México, hay ocho propuestas de ley y desconocimiento legislativo sobre derecho a la alimentación y la buena nutrición.
La Ley general de derecho a la alimentación tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la nutrición en México –que de acuerdo con la FAO ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo–, pero existen ocho propuestas en el Legislativo y el proceso está entrampado.
Julieta Ponce Sánchez, integrante del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan), explicó que una vez que se elevó al derecho constitucional el siguiente paso es hacer una ley general y una ley reglamentaria, y después un reglamento, donde quede expresado lo que significa el derecho a la alimentación en México.
En entrevista con www.imagenagropecuaria.com, la nutrióloga consideró que pese a que en las cámaras de diputados y la de senadores hay legisladores interesados en hacer una propuesta de ley general del derecho a la alimentación, esto resultó atractivo para ganar capital político y varios elaboraron su propia propuesta, y ahora son ocho iniciativas las que están a discusión.
Lo más lamentable es que la parte gubernamental ha estado ausente de este proceso, que resulta histórico porque es la primera vez que se puede expresar en términos jurídicos conceptos como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, autonomía alimentaria y poder definir con exactitud que significa la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, apuntó.
Para Julieta Ponce en esta ley debe considerar la alimentación y la buena nutrición como derechos humanos, y definir quiénes son los sujetos titulares de derecho y quiénes son los sujetos obligados de derecho.
En este sentido, lamentó que en el proceso no participen representantes de ninguna comisión de derechos humanos, cuando es una ley del derecho humano a la alimentación y, por primera vez, tenemos un marco jurídico que podría expresarse en términos para protección a las personas.
Frente a un desconocimiento de los legisladores y la falta de interés del gobierno federal, Ponce Sánchez advirtió sobre el riesgo que se corre de que la ley quede diluida en los términos del consumidor a elegir qué compra, a leer una etiqueta, a decidir si come chatarra, y no como sujetos de derecho, donde “tenemos derecho a comer bien y el Estado debe de garantizarlo”.
Insistió en que si lo dejamos en términos de consumidores va a ser una ley que regule el mercado. Es decir, un consumidor tiene derecho a escoger entre dos productos con los mismos valores nutrimentales, pero con diferente precio y si esta ley se reduce a regular en estos términos queda eliminado el derecho a la alimentación, que como tal debe ser garantizado por el Estado.
La experta en temas de nutrición anotó que no hay tiempos definidos para que quede lista la ley y se esperaría que sea dentro de un año; pero como vemos la situación, será más tardado, por lo que solicitó la intervención de los diferentes niveles de gobierno y legisladores para acelerar este proceso.
La ley también debe garantizar la salud de la niñez como deber superior de la nación; el consumo de agua, tanto para la producción de alimentos como para el consumo humano; y el derecho a la salud y protección del medio ambiente, añadió la nutrióloga.
Esta también ley debe de garantizar las formas de producción y la protección transversal de todos los otros derechos. “No puedes garantizar la alimentación de la población más pobre a través de galletas y que por el exceso de azúcar le puedas causar problemas a una persona”, recalcó.
Julieta Ponce aseveró que la ley esta entrampada en un asunto bicameral y probablemente por donde se vaya a desatorar es que salga de una secretaría de gobierno y proponga otra opción.
Reconoció que algunos diputados son bien intencionados en cuanto a la ley, pero esto es un tema nuevo para todos, por lo que sugirió que todos los involucrados reciban capacitación urgente en derechos humanos, en todo lo que debe ser sujeto de derecho, cuáles son las sanciones y cuál es la reparación del daño; en quiénes son la autoridades alimentarias, que ni siquiera eso sabemos ¿Quién quedará como responsable de este tema, Sagarpa, Salud o, Sedesol?
