Leyes energéticas privilegian “seguridad energética” y eliminan subsidio a diesel y electricidad.
Las ley de hidrocarburos privilegia la “seguridad energética” en detrimento de la producción agropecuaria, donde esta implícito el derecho a la alimentación.
“Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, señala textualmente la Ley de Hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, aprobada por el Senado de la República el pasado viernes.
La legislación habla de contraprestaciones para los dueños de la tierra y modifica el termino “expropiación” por “ocupación temporal” cuando se requiera realizar “actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”.
También plantea crear un “mecanismo transparente” que dará la protección más amplia a los derechos de los propietarios o titulares de bienes o derechos, que incluirá elementos para una negociación entre particulares “con mayor igualdad de condiciones”.
Organizaciones campesinas han criticado de manera insistente que la reforma energética y la leyes secundarias afectarán la propiedad social de la tierra y dejan en desventaja a los productores rurales frente a las empresas que tienen interés en explotar el sector energético; mientras que centrales campesinas afiliadas al PRI rechazan dicha postura y han defendido los “beneficios” de esta iniciativa.
El dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, consideró que la nueva legislación en materia energética constituye un “atraco y despojo de tierra” disfrazado de “ocupación temporal”, pero que en realidad es a “perpetuidad”, lo cual dañará a todo el país.
La aprobación de dicha ley “dará preponderancia a la actividad petrolera y otros aprovechamientos derivados de los recursos naturales sobre la producción agropecuaria”, planteó Javier Eduardo López Macías, presidente de la Unión nacional de organizaciones solidarias y economía social.
Por ello, propuso que en la Reforma para el Campo debe quedar establecido un sistema nacional de información de vocación o uso de la tierra rural para determinar qué áreas son de reserva, forestales o productoras de alimentos, a fin de que los propietarios de tierra con potencial a ser explotada en materia energética puedan negociar el porcentaje de indemnización por la “ocupación temporal”.
Recordó que más de la mitad del territorio nacional corresponde a la propiedad social donde habitan más de 5 millones de familias y se conoce que los proyectos energéticos involucrarán 13 mil kilómetros de derecho de vía que cruzan por área rural.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala coincidió con la postura de El Barzón en el sentido de que la aprobación en el Senado de la República de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, son un “atraco” en agravio de la clase media y de los pequeños y mediados productores del país.
Estas dos organizaciones expusieron que al cancelar los subsidios a tarifas de uso doméstico y agrícola de electricidad, del cual hacen uso 32 millones de hogares mexicanos, se deja en la indefensión a más de 28 millones de hogares y sólo se mantienen 5 millones que están inscritos en el Programa de Oportunidades que opera la Sedesol.
Ramírez Cuellar sostuvo que los agricultores serán afectados por la Ley de la Industria Eléctrica, toda vez que los 500 mil que tenían pagos de 50 centavos el kilowatt por hora, tarifa preferencial para la producción de alimentos, difícilmente podrán hacer producir su tierra como sucederá en San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, entre otros. Los alimentos más afectados en su producción y comercialización serán las frutas, hortalizas y maíz.
Con la Ley de la Industria Eléctrica se retira el subsidio al diesel por lo que serán afectados, en su circulación, más de 430 mil tractores.
Alfonso Ramírez acusó al senador priista y dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, de traicionar a los productores rurales, porque se ha comportado como “corredor de tierras y fraccionador” sometido a las mineras, que olvidó la defensa a favor de los campesinos y ejidatarios.
Legislación energética traerá beneficios a campesinos: CNC
Por su parte, Sánchez García, quien en el Senado defendió las iniciativas de la Reforma Energética, aseguró que la propiedad social de la tierra esta garantizada y pidió a los productores del campo “no dejarse engañar por agoreros del desastre”, quienes insisten en “infundir terror a los propietarios de la tierra con historias de despojo y desolación para hacer creer que es una maldición ser dueños de terrenos con recursos de hidrocarburos”.
Subrayó que este iniciativa que impulsa el gobierno federal no es “ni maldición ni despojo; al contrario, la Reforma Energética permite a los propietarios asociarse y tener beneficios económicos”.
El legislador priista dijo que dicha reforma constituye una esperanza para los productores y aseveró que la tenencia de la tierra es un tema que de manera seria y responsable defiende la CNC para dar certidumbre a los productores y apuntó que la Ley de Hidrocarburos establece “acuerdos de protección a indígenas, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios”.
El Senado de la República determinó que la Procuraduría Agraria sea mediadora en los contratos que vayan a celebrarse entre los dueños de la tierra y los futuros inversionistas en materia energética, para no dejarlos a su arbitrio y permitan garantizar los derechos de quienes como campesinos van a ser socios, comprometiendo al Estado en esta responsabilidad de respetar el mandato de los ejidatarios y de sus asambleas, dijo el dirigente cenecista.
“No se puede –argumentó– poner en riesgo a los campesinos, por lo que se requiere de un entendimiento entre las partes, que haya ganancias mutuas, coparticipación y, por supuesto, que la tenencia de la tierra no sea un obstáculo para buscar alternativas que potencialicen a las familias del campo con el desarrollo de los energéticos como alternativa”.
El también cenecista y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, Manuel Humberto Cota Jiménez, indicó que la legislación garantiza mecanismos que privilegian e incentivan la negociación y los acuerdos entre las partes, dueños de la tierra e inversionistas, basados en principios de transparencia, de legalidad y de equidad.
La reforma –resaltó– privilegia la generación de beneficios equitativos para los propietarios y posesionarios de terrenos, y contempla mecanismos institucionales que protegen sus derechos.
Las organizaciones que cuestionan la Reforma energética recordaron que el próximo miércoles 23 se movilizarán en la Ciudad de México contra esta iniciativa y en demanda de políticas públicas para reactivar el campo mexicano.
