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México está acabando con su “oro marino”

Propone legislador incrementar la pena de 2 a 9 años de cárcel a quien capture especies de manera manera ilícita, además de sancionar también a quien comercialice o transporte más del peso permitido.

La pesca furtiva ha hecho vulnerables a diversas especies de las costas mexicanas, tales como el pez vela, el dorado, la langosta, el camarón, la totoaba, la vaquita marina, las tortugas de mar, la “almeja generosa”, el marlín, el pez espada y el pepino de mar, advirtió el senador panista Daniel Ávila Ruiz.

Al presentar la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 420 del Código Penal Federal, en materia de recursos pesqueros, el legislador precisó que ésta se propone incrementar la pena de 2 a 9 años de cárcel, y de mil a veinte mil días multa a quien explote de manera ilícita, sin el permiso correspondiente.

Las sanciones, añadió, también se extenderían a quien acopie, transporte o comercialice más de 10 kilogramos de abulón, langosta, camarón, erizo, almeja generosa y pepino de mar, así como las cantidades permitidas de marlín, pez espada, sábalo, pez gallo y totoaba, entre otras.

En Yucatán el pepino de mar ocupa un lugar preponderante y hoy está en riesgo. El senador yucateco recordó que a principios de junio de 2014 denunció, junto con otros legisladores, los excesos de la pesca furtiva y la agresión que enfrentan pescadores legales frente a los depredadores.

En dicha entidad la autorización de las autoridades federales para pescar pepino de mar se otorgó en 2012, y se estableció que ésta que se realizaría por etapas de captura y veda. Pero hoy tenemos noticias de que ciertos grupos tratan de monopolizar la pesca y venta de esta especie e, incluso, estos intereses han generado agresiones de mafias contra pescadores en El Cuyo, San Felipe, Río Lagartos y Tizimín.

“Estamos –manifestó– acabando con el oro marino; con el alimento de cientos de millones de personas y de cientos de millones de pescadores, por inconsciencia, irresponsabilidad, ambición e ignorancia”.

El senador remarcó que es responsabilidad del gobierno federal, de los gobernadores y presidentes municipales competentes garantizar que se cumplan las leyes, para proteger a las personas, garantizar que en el marco de la legalidad, puedan ejercer su oficio, y procurar su bienestar en condiciones de seguridad.

Fuente: Senado

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