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CEDA sometida por la delincuencia organizada

Lamentable que la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) esté sometida por la delincuencia organizada, señaló el diputado de Movimiento Ciudadano, Óscar Moguel Ballado, quien exigió que los hechos ocurridos el pasado 13 de agosto, donde fue asesinado el comandante de la Policía de Investigación, Ezequiel Rivera, producto de una balacera generada por delincuentes armados, no debe quedar impune.

Moguel Ballado argumentó que no es la primera vez que ocurren actos violentos en la CEDA por lo que llamó a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que investiguen a fondo la inseguridad que prevalece en contra de más de dos millones de consumidores que asisten semanalmente a surtirse de todo tipo de mercancías.

Consideró que de quedar impune, como muchos otros, el homicidio de un agente policiaco que realizaba un operativo encubierto el 13 de agosto pasado, sería como dar permiso a los delincuentes a ejercer todo tipo de crímenes. Destacó que la actitud omisa de los titulares del Fideicomiso de la Central de Abastos (FICEDA) ha consentido severas irregularidades como la falta de seguridad, movilidad interior, deterioro en los servicios de agua e higiene y de una regulación efectiva de las actividades comerciales que subsisten en sus alrededores.

Hizo notar que diariamente asisten más de 350 mil personas a realizar transacciones comerciales que se incrementan a más 500 mil cuando se trata de días festivos -romerías de Semana Santa, Días de Muertos y Navidad, entre otros- las que por falta de agua no tienen acceso a baños públicos de manera adecuada y sólo se les permite el uso de mingitorios.

También, Moguel Ballado destacó que la anarquía que priva en el estacionamiento para más de tres mil 224 automóviles impide una movilidad dinámica que permita un libre flujo de mercancías, por lo cual el potencial de compradores, de más 124 millones 800 mil personas que acuden anualmente a surtir su locales establecidos, puestos móviles y alacenas familiares, han dejado de acudir en un porcentaje considerable.

Argumentó que el GDF debe realizar una cirugía mayor al CEDA, para ello es necesario cancelar, suprimir o rescindir el Fideicomiso que fue creado el 7 de julio de 1981 con base en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con una vigencia de 99 años.

Aseguró que por la caótica operatividad del FICEDA están en riesgo los precios bajos, la calidad y el suministro de alimentos para más de 21 millones de mexicanos por lo que será necesario cancelar su vigencia que fenece hasta el 2080.

El legislador precisó que para salvar al centro mayorista más grande del mundo, que maneja más de nueve mil millones de dólares anuales, cantidad que sólo es superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores, (BMV) es necesaria la intervención del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Precisó que es prioritario brindar más seguridad a cerca de 21 millones de personas que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde la mayor concentración urbana, económica y financiera de México y América Latina de una u otra forma consumen productos que se expenden en la CEDA.

Explicó que pese a sus grandes dimensiones –más de 327 hectáreas de superficie-, la CEDA, por actos de corrupción, padece una severa crisis de movilidad no obstante que el GDF destinó 20 millones de pesos para la reparación de sus vialidades.

Dijo que la carencia de agua impide una correcta higiene dentro de la CEDA fundamentalmente en las zonas de alimentos perecederos donde se surten comerciantes de mercados populares, de tianguis, mercados sobre ruedas, recauderías, tienditas y pequeños comercios familiares. También destacó que la falta de vigilancia ha generado el aumento de robos de mercancías a locatarios, a transeúntes y a transportistas a cualquier hora del día lo que contribuye a que las visitas disminuyan.
Enfatizó que la CEDA debe ser rescatada de una catástrofe comercial porque es en este lugar donde se determinan los precios de los productos hortofrutícolas a nivel nacional y donde se comercializan productos de 24 estados de la República Mexicana y en la cual se compra y distribuye el 30 por ciento de la producción de hortalizas y frutas de todo el país.

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