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En riesgo financiamiento de 25 millones de habitantes rurales

Aunque la Ley Ficrea está “congelada” en Legislativo, su aprobación sería un “brutal atentado” contra el financiamiento rural…

La iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como Ley Ficrea, es anticonstitucional y de proceder dejará sin la posibilidad de acceso a servicios financieros a 25 millones de personas en zonas rurales, entre los que se encuentra 13 millones de indígenas. Por ello, senadores de la República promovieron una moción suspensiva con el propósito de abrir un proceso de discusión de la ley con los sectores involucrados.

Así dicha iniciativa será discutida en en el próximo período legislativo, en septiembre próximo, pero su aplicación dejaría fuera a 400 mil familias organizadas en cooperativas básicas y Sociedades financieras comunitarias (Sofincos), que atienden a pueblos indígenas, quienes serían los más afectados con la implementación de la ley, afirmó la directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Isabel Cruz Hernández.

En entrevista con www.imagenagropecuaria.com, explicó que, por el momento, dicha ley está “congelada”, porque hubo división de opiniones entre senadores del PAN y del PRD, y aun cuando se aprobó en comisiones, la iniciativa no ha pasado a votación en el pleno del Senado.

Las organizaciones que se oponen a la Ley Ficrea están explicando a los senadores y diputados el contenido de la ley, “porque ni siquiera la leyeron”, pero “es terriblemente lesiva” y afecta principalmente al campo, porque ya no se podrán formar cooperativas y desaparece las Sofincos, a las que se obliga a convertirse en Sofipos, es decir en inversores, cuando su trabajo es de tipo comunitario, sin fines de lucro, explicó la experta en financiamiento rural.

Los propios senadores –afirma Cruz Hernández– no saben que es anticonstitucional, pero viola el artículo primero de la Constitución y también el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la elaboración de la ley las organizaciones no fueron escuchadas, por lo que queremos que sea eliminada y que se haga una nueva, porque esa ley no va a pasar y, en todo caso, vamos a proceder al amparo, advirtió.

Senadores apoyan discusión de la ley

Al término de la actual Legislatura, durante una reunión con asociaciones y organizaciones financieras que atienden al sector social, el senador Benjamín Robles Montoya, expuso que se presentaría una moción suspensiva al pleno del Senado para que la Ley Ficrea sea devuelta a comisiones y se abra un proceso de consulta para que se analice con  profundidad, “ya que no estamos de acuerdo en el fast track, lo cual causa gran polarización y queremos que se escuche a sectores involucrados”.

El dirigente de la Central Campesina Cardenista y miembro de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Otro Campo es Posible, Max Correa, llamó a los legisladores del PRI a ser sensibles y comprometerse con más de 6 millones de socios de cooperativas.

Refirió que en México hay más de 2 mil municipios sin sucursales bancarias, vacío que cubren las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo básicas y las Sofincos, que se quiere desaparecer con la Ley Ficrea.

El senador Héctor Larios dijo que las Sofincos atienden a la población rural excluida del sector rural mexicano, no tiene interés de lucro, por lo que su desaparición es un “brutal atentado contra el financiamiento del sector rural”, pero no toleraremos que con pretexto de fraude de Ficrea se pretenda perjudicar al sector cooperativo del país.

Recordó que la legislación vigente en materia de ahorro y crédito popular se hizo en 2001 y en 2009 la correspondiente a cooperativas de ahorro y préstamo, las más afectadas con la iniciativa referida, pero consideró que ésta tiene que ser revisada porque “no hay ningún argumento para sacar esto rápido”, incluso reveló que los legisladores promoventes de la Ley Ficrea reconocieron que desconocían el contenido de dicha ley.

Isabel Cruz resaltó que la Ley Ficrea tiene como principal resultado coartar derecho de mexicanos que viven en zonas rurales para crear nuevas instituciones cooperativas básicas y sociedades financieras comunitarios, donde 13 millones de indígenas están excluidos del sistema financiero y “están siendo borrados del mapa”, lo que limitará su posibilidad de desarrollo económico.

Además, con la iniciativa estas comunidades  perderían su derecho a organizarse y 25 Sofincos perderían las posibilidades de desarrollarse.

La experta en el tema de financiamiento consideró que fue una iniciativa que provino desde Hacienda, sin conocimiento de la realidad, con un afán de taparse la cara por un fraude millonario en Ficrea.

“En la ley no hay argumentos, es una aberración para los ahorradores populares. La posibilidades de organizarse serían mínimas solo dejarían a las entidades de gran capital. Es una ley que favorece a los bancos y a inversores privados contra inversores sociales”, aseveró.

 

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ERNESTO PEREA

Periodista especializado en temas agropecuarios y agroalimentarios. Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, otorgado por el CONACYT. En la actualidad director del portal web www.imagenagropecuaria.com Autor del libro Voces y vivencias del movimiento orgánico Ha colaborado con las revistas editadas por el Grupo Expansión. Ha sido consultor de la FAO. Brinda servicios de comunicación, información, análisis y consultoría para diversas empresas e instituciones. Correo electrónico: editor@imagenagropecuaria.com

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