Juez por definir sobre suspensión de permisos para siembra de maíz transgénico
En los próximos días el juez definirá si mantiene o niega la suspensión de los permisos vigentes de liberación de maíz genéticamente modificado (GM) o transgénico, así como la prohibición de revisar nuevas solicitudes y otorgar nuevos permisos por parte de la Sagarpa, informó la empresa Monsanto.
A través de un comunicado consideró que dicha medida aleja a México del objetivo de “alcanzar la autosuficiencia en producción de maíz, por lo que continuaría la dependencia de las importaciones”, que cada año representan en promedio 10 millones de toneladas (80% son GM) y una erogación de unos 40 mil millones de dólares, “cantidad que reciben agricultores de otros países cuando podría beneficiarse a productores mexicanos”.
Explicó que como parte del proceso jurídico de la demanda colectiva sobre maíz GM, las empresas y las dependencias gubernamentales involucradas en el juicio presentaron ya ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal los argumentos y pruebas sobre la conveniencia de revocar la suspensión temporal que prohíbe a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) revisar nuevas solicitudes de permisos para la liberación de maíz GM y el otorgamiento de nuevos permisos.
El texto puntualiza que “uno de los argumentos más sólidos presentados al Juez es que está comprobado que los organismos GM son seguros para el consumo (inocuos) ya que fueron evaluados conforme a Ley, bajo los más altos estándares científicos que se aplican en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a nivel internacional por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”.
La empresa trasnacional resalta que entre los beneficios de esta tecnología expuestos ante el Juez, están una reducción en el uso de pesticidas y fertilizantes, incrementos en la productividad y rentabilidad; disminución en el consumo de agua, diésel y energía; resistencia de cultivos a plagas y condiciones ambientales extremas como heladas y sequías.
Dicha suspensión, remarca, genera perjuicios para las empresas y los agricultores, dado que está siendo un obstáculo para el desarrollo tecnológico y la productividad del campo. Además se limitaría la investigación en biotecnología agrícola que llevan a cabo diversas instituciones.
Remarca que el juez analiza estos argumentos junto con los que presentaron otras empresas y dependencias del Gobierno Federal como la SAGARPA; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Comisión Federal de Competencia Económica; la Secretaría de Salud y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
