Max Correa Hernández, Secretario General de la Central Campesina Cardenista, hizo un llamado al Gobierno Federal a incluir, en el Presupuesto Base Cero 2016, una política pública de Estado que considere la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena mediante cinco bases fundamentales como crear un organismo público para la estabilización de precios de granos básicos mediante un programa de compras gubernamentales a excedentes de agricultura familiar.
Al participar en el Foro Internacional para Fortalecer la Agricultura Campesina e Indígena, Correa Hernández, enfatizó que además se requiere de un programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar”, con diez propuestas para la reformulación de la estructura programática del presupuesto rural (PEC) a partir de una “base cero” de carácter multianual, (con un monto de hasta sesenta mil millones de pesos).”
La bancarización de ProAgro o PROCAMPO para vincular ahorro-crédito y facilitar el acceso a crédito productivo; y disminuir gradualmente la superficie a apoyar hasta 20 hectáreas los próximos tres años, serán necesario para impulsar al sector, acotó.
También, agregó, se debe regionalizar el presupuesto del Programa Especial Concurrente 2016 y aplicarlo con un enfoque territorial y de equidad.
El dirigente campesino, se pronunció por la creación de un Instituto de Apoyo a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena como la quinta base fundamental para impulsar a este sector productivo del medio rural.
Durante su exposición ante especialistas nacionales e internacionales en materia alimentaria, sentenció que la agricultura familiar es baluarte de la soberanía alimentaria e instrumento de superación del hambre y la pobreza en México.
Por ello, los campesinos e indígenas del país pueden garantizar la alimentación de 130 millones de mexicanos en los próximos treinta años “si construimos una nueva política de Estado y un nuevo trato hacia el campo y los campesinos e indígenas”.
Max Correa Hernández comentó que después de más de 20 años de reformas hay evidencia de que no ha crecido el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas mexicanas, que la mayoría de los ejidos individuales lo siguen siendo y que los hogares rurales productores continúan cultivando alimentos básicos en la dieta nacional, destacando el maíz.
Con la excepción del PROCAMPO, aseguró, las acciones del Estado mexicano dirigidas a pequeños productores agrícolas han sido débiles o ineficaces, lo cual refleja la expectativa oficial implícita de que las reformas llevarían eventualmente a la desaparición de la agrícola familiar y en pequeña escala.
Así, con esta perspectiva se puede explicar la creación de programas de corte social y de combate a la pobreza rural y su desvinculación con las productivas así como el enfoque casi exclusivo de los apoyos y subsidios de la Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la agricultura comercial, precisó.
De 2002 a 2007 fueron los hogares de agricultura familiar los que experimentaron mejoras significativas en su ingreso, gracias al aumento del proveniente de actividades rurales (agropecuarias, extracción de recursos naturales, provisión de servicios y otros bienes, trabajo en el campo) y por la vía de las remesas.
Los resultados indican que la Agricultura Familiar no solo persiste, sino que es viable promover su participación en la provisión de bienes que contribuyan a la seguridad alimenticia de México, concluyó.
Fuente: Codics
