La presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, Luisa María Calderón Hinojosa, afirmó que la reducción del hambre y la pobreza en zonas rurales requiere de medidas que otorguen certeza jurídica a campesinos y productores sobre el uso de sus tierras, y no con programas asistencialistas.
Durante foro “Jornada de información y reflexión sobre las Directrices Voluntarias en Tenencia de la Tierra para el contexto mexicano, en las áreas específicas de género y solución de conflictos”, recordó que la Organización para las Naciones Unidas (ONU) acordó erradicar el hambre en el mundo en los próximos 14 años.
Señaló que actualmente en diversas zonas rurales del país los campesinos no cuentan con seguridad en la tenencia de la tierra, pues hay casos en los que se les renta sus propios terrenos para trabajar como jornaleros, lo que profundiza su situación de precariedad.
Existe la paradoja de que “quien produce los alimentos es el más pobre, están en 70 por ciento de ellos bajo la línea de pobreza, por lo que necesitamos construir una opción muy pensada, muy estudiada para que se reduzca el hambre”, detalló la senadora.
Javier Molina Cruz, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), comentó que la política agraria y las instituciones del ramo tienen que estar fortalecidas para que regulen de manera justa el acceso a los recursos de la tierra.
Señaló que una adecuada regulación en los recursos naturales para su explotación impactarán de forma positiva en la producción y desarrollo en beneficio de la economía local y regional, principalmente.
Consideró que en México se requiere revisar y mejorar las políticas públicas y programas enfocados para facilitar el acceso a la tierra, como la consolidación de propiedades, compra-venta de terrenos, contratos de arrendamiento y otro tipo de transacciones en los ejidos.
A su vez, el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Jesús Serrano Lora, coincidió en que se requieren directrices para regular el uso y explotación de tierra, pesca y bosques, a fin de brindar seguridad alimentara y reducción de la pobreza, y mejorar la calidad de vida de quienes viven de los alimentos que cosechan y quienes venden sus productos.
Fuente: Senado
