Diputados aprueban minuta para beneficiar a pequeños productores y de autoconsumo
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 411 votos, una minuta que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que las acciones por la soberanía y la seguridad alimentarias incluyan a pequeños productores y los de autoconsumo, a fin de impulsar la integración de las cadenas productivas de comestibles.
La reforma, que modifica el artículo 182 de dicha ley, fue devuelta al Senado para análisis y tiene por objeto atender a un sector mayoritario de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y/o usufructuarios que se dedican a actividades agrícolas de temporal y que carecen de infraestructura para la producción comercial a gran escala, a fin de incluirlos en las cadenas productivas.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), dijo que México cuenta con 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta 5 hectáreas, de las cuales el 50.6 por ciento orientan su producción al autoconsumo, por lo que la instancia legislativa a su cargo reconoce al pequeño productor como elemento indispensable para la agricultura familiar.
Resaltó que estas pequeñas unidades productivas padecen problemas graves de comercialización y de acceso al financiamiento y a los mercados; además, no cuentan con infraestructura ni con las condiciones mínimas para la producción y mucho menos para la tecnificación.
“Entendemos que el camino idóneo de una estructura agraria basada en la agricultura familiar, tendrá que ser una estrategia de seguridad alimentaria que comience en las mesas de las familias mexicanas y posteriormente a su localidad”, expresó.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) destacó que si se logra que los pequeños productores, que generan autoconsumo y excedentes, se incorporen a la tecnología y obtengan estímulos del gobierno federal para comercializar sus productos sin intermediarios, México sería independiente al ser autosuficiente en su alimentación.
De ahí, dijo, que la soberanía y seguridad alimentarias es un punto estratégico para lograr esa fortaleza que requiere la nación. “No es mera coyuntura, es por convicción partidista, obligación ética y compromiso social que decimos sí a esta forma, a fin de premiar la eficiencia de pequeños productores y estimular a ese 20 por ciento de la población rural”, afirmó.
De Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla expresó que “es insoslayable iniciar una profunda transformación del campo mexicano, que impulse su productividad, garantice la seguridad alimentaria, revierta el rezago de infraestructura en los procesos de producción y, sobre todo, permita a millones de familias salir de la pobreza extrema”.
Desafortunadamente, continuó, el ejercicio del gasto por parte del gobierno, a través de apoyos y subsidios, favorece con más frecuencia a los productores de mayor escala, por lo que es urgente impulsar políticas que apoyen este sector que produce 30 millones de toneladas de alimento al año.
El diputado Salvador Zamora Zamora (MC) sostuvo que México tiene un adeudo histórico con el campo. Mencionó que las políticas públicas de apoyos a la comercialización agropecuaria, especialmente la de granos y oleaginosas, “llegan a ser confusas, lentas y en algunos casos tardías”.
Enfatizó que para una verdadera mejora hacia los productores, se requiere el otorgamiento oportuno de los recursos económicos para que los apoyos se ejerzan adecuadamente en el tiempo y espacio requerido. “En el campo no hay cabida para la austeridad ni la racionalidad presupuestal. Al campo le urgen recursos pero al pequeño productor le urge que lo veamos como una realidad, como parte de la solución”.
El legislador Jorge Tello López (Morena) exhortó al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a que de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Rural incidan en las reformas de las reglas de operación, para incorporar al sector primario a los pequeños productores del campo mexicano.
La reforma contribuirá a desarrollar estrategias favorables para quienes constituyen un sector estratégico respecto a la soberanía nacional alimentaria, además de contribuir a la reconstrucción de las redes sociales y productivas que urgen en este momento al país.
Por el PRD, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD) aseguró que continuar el modelo de desarrollo actual en el campo mexicano es a todas luces inviable. “Es absurda la pretensión de garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias a partir del sistema del monocultivo y de la agricultura de exportación, beneficiando una minoría, saqueando las riquezas naturales, despojando a los pueblos y comunidades, destruyendo el medio ambiente, agotando los mantos friáticos, desertificando los suelos e ignorando a millones de familias de la sociedad rural.
Se requiere poner énfasis en políticas públicas basadas en la propiedad social de la tierra, en millones de pequeñas unidades de producción, sistemas agroecológicos con altos niveles de diversidad, eficiencia, flexibilidad y productividad, reactivando así insumos estratégicos de los mismos productores, sistemas de riego, incentivos financieros, mercados locales y nacionales, donde los ejidos, comunidades rurales y propietarios minifundistas jueguen un papel central.
El diputado del PAN, Rafael Valenzuela Armas, expresó que su bancada tiene el propósito de dotar de herramientas jurídicas a los pequeños productores para hacer exigible su derecho a un beneficio o un subsidio gubernamental. “Hoy no tienen ese derecho, simple y sencillamente están al libre albedrío de los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno”.
Manifestó que se requiere impulsar una transformación en gobiernos estatales y municipales en cuanto a la aplicación de recursos públicos destinados al campo; persuadir al Ejecutivo federal a distribuir los más de 352 mil millones de pesos que la Cámara Diputados aprobó para aplicarlos en programas y subsidios al campo.
El diputado Felipe Cervera Hernández (PRI) indicó: con la aprobación del dictamen se avanzará en la actualización y creación de normas jurídicas con perspectiva de políticas públicas que incentiven el desarrollo rural para diversos sectores en las regiones menos favorecidas.
El dictamen respalda uno de los compromisos del Ejecutivo federal planteados en el Plan Nacional de Desarrollo para un México incluyente que asegure alimentación y nutrición adecuada, en particular, para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Ello, “logrando adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación”.
Fuente: Cámara de Diputados
