Leyes y programas excluyen a las mujeres rurales, senadores
Los legisladores dicen que se requiere de un marco jurídico que garantice su seguridad en la tenencia de la tierra.
La población rural en el país es de alrededor de 28 millones de personas, de los cuales la mitad son mujeres, sin embargo, la mayoría de los programas de reforma agraria o de las leyes, directa o indirectamente vinculadas con el acceso a la tierra, han excluido a la mujer, pues no garantizan su acceso al recurso, afirmó la presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, Luisa María Calderón Hinojosa.
Al inaugurar el Foro “Las mujeres y la tenencia de la tierra en México”, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN reconoció que se necesita introducir cambios en las estructuras jurídicas para mejorar el acceso de la mujer a la tierra. La incorporación de reformas jurídicas y de normas legales para garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, agregó, son condición necesaria para el acceso de la mujer a la tierra.
“Ignorar el papel de la campesina como productora conduce a que, por un lado, ella no exija sus derechos y por el otro se vea marginada del acceso a la tierra y de todos los servicios asociados con la producción, como crédito, asistencia técnica y capacitación”.
El senador Daniel panista Gabriel Ávila Ruiz, aseveró que la desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre y de la pobreza.
Las mujeres ocupadas en la zona rural–precisó– sumaron más de tres millones, lo que representó el 16 por ciento del total de la población femenina ocupada a nivel nacional. Del total de superficie ejidal o comunal, -poco más de 40 millones de hectáreas-, la mujer coparticipa con 7.9 por ciento, lo que significa que 3.2 millones de hectáreas del total de superficie privada, colonia pública, y participa con el 5.7 por ciento.
El legislador también detalló que los estados de Veracruz, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, son los que tienen mayor número de unidades de producción, encabezadas por mujeres. 97 por ciento de los ejidos y comunidades tienen comisariado ejidal hombre, por lo que sólo 3 por ciento, corresponden a las mujeres a nivel nacional.
La senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del PRI, advirtió que para lograr que la mujer se integre completamente al proceso de desarrollo, es urgente realizar proyectos productivos dirigidos a las comunidades, bajar “tanto burocratismo” .
Consideró que se tendrán que lograr acuerdos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para poder reestructurar las reglas de operación y los programas transversales, puntualizó.
Los programas, agregó, tienen que ir directo a las comunidades, integrar a todas las mujeres, a las de la ciudad y a las del campo.
Rediseño de políticas públicas en favor de las mujeres
La senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, detalló que ha presentado diversas iniciativas, entre las que destaca la relativa a la creación de un fideicomiso que sirva como fondo de garantía, respecto a las solicitudes de crédito de mujeres y otra sobre la transmisión de la propiedad de las mujeres.
Asimismo, alentó a los senadores a promover acciones legislativas para proponer el rediseño de las políticas públicas en favor de las mujeres del sector rural.
Al participar en el primer panel titulado “Legislación vigente y su impacto en el acceso de las mujeres a la tierra”, el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, señaló que uno de los fenómenos más notorios de la feminización de la tierra y de la agricultura, es la fuerte corriente migratoria de los hombres del sector rural al urbano; así como el desarraigo de la juventud hacia la tierra.
Planteó que se debe promover en conjunto con los tribunales agrarios jornadas de justicia itinerante, y fortalecer la coordinación con el Registro Agrario Nacional para realizar jornadas para el depósito de listas de sucesión de las mujeres rurales, así como establecer mecanismos de coordinación con la financiera nacional y los institutos nacionales de la Economía Social y de las Mujeres para impulsar un programa de capacitación empresarial, entre otros.
La doctora Kristen Appendini, del Colegio de México, subrayó que la herencia para los hijos ya no es la tierra para el cultivo sino para la residencia, además de ser considerado como un recurso por el que se puede tener acceso a un crédito, y recalcó que el ingreso proveniente de la propiedad agrícola es cada vez menos importante en los hogares agrícolas, pues las mujeres rurales se dedican en su mayoría al comercio o al trabajo doméstico.
Por otra parte, Jesús Anlén López, del Tribunal Agrario, aseguró que hoy “el campo tiene cara de mujer” y resaltó que para aumentar la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural, se les tiene que dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Además destacó que las políticas judiciales deben enfocarse en la aplicación conforme a derecho de la Ley agraria con perspectiva de género y la dimensión que corresponde a su entorno social.
En tanto, Horacio Vázquez Flora, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) destacó que 80 por ciento de ejidatarios son hombres y los que cuentan con una parcela son 82 por ciento, por lo que el 20 por ciento de mujeres que cuenta con un ejido disminuye a 18 por ciento, por no contar con un título de la tierra.
Por otra parte, Alejandro Encinas Nájera, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, explicó que la desertificación del campo, excesiva parcialización de la tierra y el papel del campo en el concierto de la globalización han provocado que los campesinos pasen de ser pequeños propietarios a asalariados de sus propias tierras.
Destacó que actualmente las demandas de los jornaleros están más relacionadas con la dignificación laboral y no con la demanda de la tenencia de la tierra.
Para Ana Libia Leyva Hernández, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la feminización en el campo existe desde hace 30 años y se ve reflejada en una mayor participación productiva económica de las mujeres incluso en la posesión de recursos y residencias en núcleos agrarios, por lo tanto, reconocerla es básico para repensar las políticas públicas dirigidas a las mujeres.
Destacó que se debe reconocer que las mujeres son agentes claves para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales; fortalecer los mecanismos de apoyo directos a mujeres del sector agrario, y propiciar el fomento de actividades productivas especialmente agroalimentarias.
A su vez, José Rafael Minor Molina, del Registro Agrario Nacional (RAN), precisó que actualmente se tiene un total de un millón 164 mil 603 mujeres en el registro, lo que representa aproximadamente 20 por ciento del total de derechos inscritos.
Expuso que sigue existiendo una subordinación de la mujer en la realización de las asambleas, pero, cada vez más se involucran en la dinámica económica del país. En este sentido, precisó que de los 32 mil núcleos agrarios, 11 por ciento cuenta con una mujer integrada en los órganos de representación de los ejidos; el 4 por ciento de estos órganos es presidido por mujeres comisariadas ejidales.
Humberto Soto de la Rosa, de la unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, señaló que el acceso efectivo a la tierra no se ha concretado. El reto, subrayó, es cambiar esta situación, y se puede lograr a través de políticas integrales que dialoguen los sectores y los actores involucrados, así como con la implementación de acciones positivas que fomenten la autonomía de las mujeres en el campo hacia la igualdad.
Fuente: Senado
