Cada año uno 300 mil menores abandonan sus comunidades de origen con sus familias, en busca de trabajo e ingresos, y alrededor del 42 por ciento padece algún grado de desnutrición, además se estima que menos del 10 por ciento asiste a clases por complicaciones administrativas, debido al cambio de lugar de residencia.
Por ello, la diputada Claudia Corichi García (MC) impulsa una iniciativa para establecer que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno garantizarán que niñas, niños y adolescentes migrantes jornaleros agrícolas accedan a educación inicial y básica de calidad.
En el documento, propuesto para adicionar la fracción VIII al Artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, señala que la mayoría de los menores proviene de comunidades indígenas, y migrar a los estados del norte del país les representa cambios en sus costumbres, cultura e idioma.
Añade que muchos de ellos dejan sus lugares de origen para trabajar en el campo desde muy pequeños.
Por ello, plantea que la educación a la que tienen derecho debe contener propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas, para atender la interculturalidad en el aula, organización y metodología multigrado y perspectiva de derechos humanos y género.
Indica que en este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país, pues la inasistencia escolar también está relacionada con el inicio de sus actividades laborales.
Explica que los niños que inician su primaria en las entidades expulsoras la terminan en otra entidad, y queda infraestructura subutilizada, mientras que en los estados de atracción migratoria aumenta la presión para atenderles, lo que constituye un riesgo para ofrecer un servicio de calidad y equidad a la población infantil jornalera migrante.
Considera que un programa que atienda a este sector “no es cuestión de modas ni de gobiernos” y su instrumentación no debe dejarse sujeta a cambios sexenales, para garantizar que la educación llegue a este segmento de la población.
Indica que desde 1981 se ha buscado ampliar las oportunidades educativas para este sector, y se han diseñado diversos programas para articular la oferta de servicios a la población vulnerable y desarrollar modelos pedagógicos interculturales, hasta llegar al Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), que en la actualidad llega a 25 estados.
En esta administración, precisa, se impulsó el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), que atiende a menores jornaleros agrícolas migrantes sin descuidar la diversidad social, lingüística y cultural, ni el fortalecimiento de servicios de educación especial y la telesecundaria.
El objetivo, detalló, es asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en la sociedad y construir una sociedad más justa, así como mejorar la infraestructura y equipamiento de escuelas públicas que atienden población vulnerable y/o en condiciones de discapacidad.
Fuente: Cámra de Diputados
