Santiago de Chile- Los países de América Latina y el Caribe están fortaleciendo su gobernanza forestal para responder a la tala ilegal de los bosques y a la preocupante tasa de deforestación de la región, la segunda más alta del mundo, señaló hoy la FAO.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los gobiernos entre 10-15 000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.
La tala ilegal despoja a los gobiernos y a las comunidades de los recursos de los que dependen, reduce la biodiversidad, acelera los efectos del cambio climático y produce conflictos por la tierra y otros recursos naturales.
“El comercio y corte ilegal no sólo socava los medios de vida de las personas y les priva de ingresos y alimentos, sino que es responsable de la degradación de grandes extensiones de bosques, contribuyendo al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, explicó Jorge Meza, Oficial Forestal de la FAO.
La tala ilegal contribuye a la deforestación regional, la cual se ha reducido a la mitad desde los niveles de 1990, pero continúa siendo preocupante: cada año se pierdan cerca de dos millones de hectáreas de bosques nativos en la región.
La tala ilegal también impide el desarrollo de las empresas que respetan la ley y genera corrupción en varios niveles en los países.
Para enfrentar estos problemas, los gobiernos, comunidades y empresas de la región están fomentando el manejo forestal sostenible y la buena gobernanza de los bosques.
“Algunos buenos ejemplos de gobernanza forestal en la región son el Pacto Intersectorial por la Madera en Colombia, las veedurías comunitarias en Perú, los sistemas de trazabilidad en Guatemala y Honduras y la alianza para frenar la tala ilegal entre los gobiernos y pueblos indígenas de Belice y Guatemala”, explicó Jorge Meza.
América Latina mejora su gobernanza forestal
El pasado 28 de abril, Colombia reformuló su Pacto Intersectorial por la Madera Legal, que busca asegurar que toda la madera extraída, comercializada y utilizada provenga de fuentes legales.
Setenta representantes del sector público, privado y de la sociedad civil ratificaron su compromiso de reducir la tala y comercio ilegal de la madera. A la fecha, 18 departamentos del país han logrado acuerdos en a favor de la madera legal.
En Perú, tras un amplio proceso de consultas, se aprobó una nueva legislación forestal en 2011 que prevé mayor apoyo para el monitoreo territorial comunitario, conocidas como Veedurías Forestales Comunitarias.
Estas entidades de vigilancia son unidades técnicas de las comunidades indígenas creadas para reforzar la capacidad de los pueblos indígenas para velar por sus derechos de manejo de los recursos forestales.
Guatemala y Honduras han intercambiado experiencias e información sobre trazabilidad forestal e instrumentos legales y técnicos para evitar el comercio ilegal de madera, sentando las bases para una propuesta binacional de cooperación, orientada a coordinar e integrar los esfuerzos en materia de gobernanza forestal para el beneficio de las comunidades.
De igual manera, funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales de Guatemala y Belice están enfrentando juntos la tala ilegal desde 2013 en sus zonas transfronterizas, trabajando con municipalidades fronterizas, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y ambos gobiernos.
En marzo de este año, líderes de los pueblos indígenas del sur de Petén en Guatemala y el sur de Belice estrecharon sus lazos para revertir la acelerada destrucción del medioambiente, generando la Declaración del Encuentro de Comunidades Indígenas Guatemala-Belice: Territorio, Recursos Naturales y Conocimiento Ancestral.
Unión Europea y la FAO fortalecen su lucha contra el comercio ilegal de madera
A comienzos de mayo, la Unión Europea (UE) y la FAO anunciaron una intensificación de sus esfuerzos conjuntos para apoyar a los países productores de maderas tropicales a combatir la tala ilegal, a través del Plan de Acción para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés).
El nuevo acuerdo de financiación, por un valor de 30 millones de dólares EEUU, se prolongará hasta 2020.
Fortalecerá acciones como las que se desarrollan en Colombia, donde se apoya el uso de aplicaciones digitales android en los mecanismos de seguimiento y control de las autoridades ambientales, y para orientar a los consumidores en la compra de madera legal y sostenible.
FLEGT está apoyando a los países a aumentar la transparencia y la toma de decisiones participativas para manejar los recursos en forma más justa y sostenible, beneficiando a las comunidades.
Una nueva iniciativa regional de la FAO para el manejo de los recursos naturales
La FAO está apoyando a los países a través de una nueva iniciativa regional enfocada en el uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.
“Erradicar el hambre requiere que preservemos los recursos naturales de la región para generaciones presentes y futuras. Tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo actual hacia formas plenamente sostenibles”, explicó Jorge Meza, coordinador de esta iniciativa de la FAO.
La iniciativa está apoyando acciones para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal en Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Chile, Argentina. Además, impulsa la creación de un marco de sanidad forestal y combate de incendios forestales en los países del Corredor Seco Centroamericano.
A nivel regional, apoya el diseño de un programa para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana y control de plagas y enfermedades, e impulsa la aplicación de las directrices voluntarias para el desarrollo de políticas agroambientales.
“Con esto queremos inducir prácticas ambientalmente adecuadas en el sector agropecuario, como el mejor ordenamiento territorial y la reducción de la conversión de bosques nativos” explicó Meza.
Vinculado a lo anterior, FAO y los países han iniciado un proceso regional de diálogo político para promover la agricultura sustentable (incluyendo la gobernanza adecuada de los recursos naturales), que fomentará el manejo forestal sostenible y la reducción de la deforestación.
Fuente: FAO
