En México, 14 millones de jóvenes que viven en zonas rurales enfrentan mayores carencias en materia de salud, educación y oportunidades laborales que sus pares de zonas urbanas. El resultado es la migración o que sean estigmatizados como “ninis”, es decir que no estudian ni trabajan, donde se calcula está entre 25 y 30 por ciento de la juventud rural.
Con una política de Estado dispersa y sin recursos monetarios, brindarles opciones similares a las que tienen los jóvenes sin carencias en áreas urbanas tardará hasta 100 años, advierte el director de la Oficina de Rimisp -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural– para México y Centroamérica, Jorge Romero León.
En entrevista, con motivo del diagnóstico que se presentará en unos días sobre el panorama de la juventud rural en México, el experto recalca que en el caso mexicano hoy desafortunadamente estamos hablando de políticas para paliar sus condiciones de subdesarrollo y ayudar a sacar a los jóvenes de la “trampa de pobreza” en que están, pero hay que invertir en infraestructura educativa y en el desarrollo de políticas públicas para el futuro.
Los jóvenes mexicanos rurales –apunta– se enfrentan a la estigmatización social que los señala como nini o se cree que ingresan al narcotráfico o son sicarios; pero no son una cosa ni otra, sino jóvenes con oportunidades limitadas o sin ellas. Apenas tienen entre 17 y 25 años y son a quienes más deberíamos aprovechar como país por su capacidad productiva, el llamado bono demográfico”.
La realidad es que la mayoría no cuenta con condiciones de ingreso o productivas constantes, la proporción de jóvenes que tienen acceso a empleo formal es mucho menor en el campo que en las ciudades y aún más en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes que en comunidades intermedias de menos de 15 mil habitantes, explica.
La perspectiva de integración de los jóvenes rurales y de las personas en el campo mexicano a servicios de salud es magra y aunque el seguro popular ha generado condiciones para una “afiliación de papel, alrededor del 15 o 20 por ciento de la población en el campo no tiene acceso ni siquiera a éste. Estamos muy lejos de las condiciones de atención universal que hace cinco años se predicaba con “bombo y platillo”.
Incluso, resalta, entre quienes cuentan con seguro popular, alrededor del 10 por ciento viven en comunidades muy marginadas, a más de 90 minutos de alguna ciudad intermedia, por lo cual difícilmente tienen condiciones de acceso a clínicas u hospitales.
Lo anterior, asevera, refleja que hay algo que no ha funcionado en la política pública en los últimos 20 años y sigue habiendo una proporción similar de condiciones de pobreza y un poco menor en pobreza extrema.
Reconoce que Progresa –ahora Prospera– tuvo logros, es una gran cantidad de recursos públicos, pero no se ha complementado ni con gasto en infraestructura ni con opciones productivas para la población que está en condiciones de marginación y en donde se ha intentado nos hemos topado con graves problemas de coordinación de la política pública y en algunos casos prejuicios que hacen prácticamente imposible llevar opciones productivas a las familias más pobres.
¿Qué hacen los jóvenes?
Los jóvenes de algunas entidades migran para buscar trabajo, pero hay un cambio en la tendencia de los últimos años, porque hace una década era más probable que alguien migrara hacia los Estados Unidos y ahora la migración se da al interior. Algunos tienen actividad productiva propia, la mayoría trabaja en predios de otros o producen en parcelas rentadas o son jornaleros.
En el caso de las mujeres –continua el experto– se dedican a la comercialización o al servicio social o privado, una buena parte de jóvenes trabaja en la manufactura, lo que quiere decir que viven cerca de áreas urbanas donde hay maquilas o plantas, esto no sólo en el norte del país sino también en el sur del país, Oaxaca, Puebla, seguramente en Yucatán, donde hay manufactura textil.
Respecto a la relación de jóvenes y narcotráfico, Jorge Romero expone que es algo que no entendemos bien, porque no tenemos los datos y requiere más exploración… es difícil saberlo, pero hay que tener cuidado porque eso estigmatiza y es probable que en el balance de actividades no sea lo prominente que se dice. “No hay dato de que son reclutados a fuerza, para ser sicarios, no hay un dato que lo pruebe. No es un fenómeno generalizado como se quiere hacer creer ni tan predominante en términos de las alternativas que tienen a su disposición los jóvenes rurales…”
Sobre si en este contexto se debe ver a los jóvenes como un asunto de seguridad nacional, el experto señala que no lo vería así porque se aleja de la perspectiva de derechos, que es la del Rimisp. El Estado no cumple con sus obligaciones, no ha cumplido para cerrar las brechas de atención desde hace mucho tiempo, no ha atendido el desarrollo de políticas públicas complementarias a las de asistencia y de fomento productivo y de transferencias condicionadas con la generación de otros instrumentos de política complementaria que permitan hacer realidad opciones productivas.
Ínfima inversión educativa en México
Jorge Romero expresa que en México “es trágico el nivel de inversión en educación” y no podemos seguir con un país que sólo brinda educación universitaria a menos del 10 por ciento de su población. En comunidades rurales este porcentaje es menor al 1 por ciento. Ahí aspiras a terminar secundaria, lo cual es mejor que hace diez años cuando no terminaban primaria, pero la calidad educativa es peor.
Estamos lejos de acercar el conjunto de recursos para educación intermedia y media superior que necesitamos; seguimos trabajando con una forma de desarrollo de capital humano medieval; no puede construirse una política que atienda brechas así. En esas condiciones es imposible generar condiciones de desarrollo, de opciones productivas y oportunidades de ingreso”.
Por ello, considera que el gasto más importante debe ser el de infraestructura educativa, porque estamos tan lejos de entender las brechas que se habla de pasar de telesecundaria a secundaria con profesores. En Yucatán y Quintana Roo a lo que más aspiran es 
a esto y eso si se consiguen recursos y maestros. En educación preparatoria, bachillerato técnico y alternativas productivas estamos, en el mejor de los casos, a 50 o 60 años de esa discusión, la cual tenemos que empezar a dar.
La diferencia –compara– entre el joven de Sinaloa o de Oaxaca es que allá no sólo produce tomate en grandes áreas y tienen más crédito que en Oaxaca, sino que el primero con toda seguridad terminó la prepa o la universidad, porque allá hay siete centros universitario y en Oaxaca solo uno. En la Montaña de Guerrero a qué le tiras cuando hay una universidad pública en Acapulco.
Transformaciones necesarias
En el mediano plazo, para el medio rural hay que transformar la estructura de asignación de subsidios a opciones productivas y a comercialización, fortalecer la asistencia técnica y separarlos de la asignación de recursos, porque ahora es uno de los instrumentos de captura por actores con mayor capacidad de gestión. Hay que generar una estructura para proveer de asistencia técnica a pequeños productores, cooperativas y organizaciones de pequeños productores, hay que vincular su trabajo con alternativas sustentables.
Al mismo tiempo, plantea Romero León, debemos trabajar en opciones productivas no vinculadas a la producción agropecuaria, sino a la comercialización; en la integración de cadenas cortas que atiendan a mercados en ciudades intermedias que están en crecimiento; integrar a comunidades en el manejo de recursos naturales e impulsar proyectos de turismo ecológicos que hoy sólo se destinan a grandes desarrollos.
Tenemos un monto importante de recursos asociados al fomento productivo, pero hay que generar condiciones para que lleguen a quienes debe y para que quienes hasta ahora han capturado esos recursos puedan realizar actividades que realmente participen en la creación de círculos virtuosos en las comunidades.
Sugiere voltear la mirada al modelo de desarrollo del campo en países como Corea, que tenía condiciones similares a México hace 35 años; ahora es como comparar a Suecia con Oaxaca ¿Cómo generamos condiciones para desarrollar aquí opciones productivas con menos incentivos para la captura como lo hicieron allá?
