Diputados cuestionan a titular de la Sedesol sobre acciones contra pobreza y hambre - Imagen Agropecuaria

Diputados cuestionan a titular de la Sedesol sobre acciones contra pobreza y hambre

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Diputados de las Comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social cuestionaron al secretario de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, sobre las acciones implementadas para combatir la pobreza y el hambre, desafíos que requieren el trabajo coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Pidieron también que el presupuesto se ejerza en su totalidad y de manera transparente, sin desperdiciar recursos públicos.

En la comparecencia del funcionario con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, los legisladores federales plantearon al funcionario federal los rezagos sociales que sufren grupos vulnerables; la cobertura del seguro a jefas de familia; los mecanismos para concretar de manera correcta los padrones, y evitar la duplicidad en la entrega de beneficios de los programas sociales.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra preguntó ¿qué se tiene que hacer para que funcione la política social? ¿Cuál es el seguimiento de la Sedesol a los beneficiarios de Prospera en atención médica?, ya que por la inseguridad muchos centros de salud han cerrado y los médicos han abandonado los hospitales. ¿Cuántas familias se han apoyado con el Seguro de Jefas de Familia?, porque muchas mujeres jóvenes con hijos pequeños, y que son el único sustento en la entidad, mueren todos los días.

De Morena, la legisladora Natalia Karina Barón Ortiz apuntó que en Oaxaca 70 por ciento de las personas sufren pobreza. Pidió impulsar una verdadera política social para las mujeres, sin paliativos ni discursos, y preguntó sobre el número de beneficiarios del programa de empleo temporal y por qué el retraso en su aplicación pese a tormentas y temblores, así como el resultado de la denuncia en contra de 493 promotores sociales que participaban en el registro de beneficiarios del programa pensión para adultos mayores.

La panista Ximena Tamariz García pidió al secretario de Sedesol explicar de qué manera contribuirá la política social con la Estrategia Nacional de Inclusión, qué elementos la dota para que no sea una estrategia fallida y de qué manera la utilización del modo estadístico afecta la focalización de los programas de esta dependencia gubernamental.

La priista Alma Lilia Luna Munguía solicitó detallar qué pasó con la Cruzada Nacional contra el Hambre y cuál es su relación con la Estrategia Nacional de Inclusión, ya que uno de los propósitos del gobierno federal es atender a la población que se encuentra en pobreza extrema alimentaria.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, preguntó al funcionario qué ha hecho la Sedesol para concretar de manera correcta los padrones y evitar la duplicidad en la entrega de los apoyos, pues, subrayó, la Sedesol no está excluida de sufrir un hackeo en su lista de beneficiarios.

La diputada Araceli Damián González , de Morena, aclaró que no comparte la visión que tiene el titular de Sedesol sobre la pobreza ni la estrategia para combatirla, ya que se basa en programas clientelares utilizados políticamente en cada elección. Comentó que su partido no aprobó el presupuesto porque no está prioritariamente destinado a quienes más lo necesitan.

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell consideró a la dependencia federal como “una secretaría de operación política”, y pidió saber si existen denuncias sobre actos de corrupción, pues es un importante generador de pobreza.

Del PRI, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, enfatizó en la necesidad de que la pobreza no se convierta en botín político y refirió que  “en la Comisión de Desarrollo Social se tiene que discutir la iniciativa del Ejecutivo, pues busca romper el cortoplacismo de la política social, ya que no queremos que cada sexenio se cambie el rumbo del combate a la pobreza”.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) planteó 
 
La política social debe contar con auténticos instrumentos de fomento productivo, ya que en las zonas más rezagadas del país no hay únicamente pobreza sino grandes recursos naturales y mexicanos emprendedores que quieren salir adelante con sus propias manos y esfuerzo.

Cuestionó qué avances reporta la inclusión productiva del programa Prospera y si realmente este eje está logrando una consolidación.

Por su parte, el diputado Ángel García Yáñez (NA) indicó que a pesar del apoyo a más de 6 millones de niños y jóvenes estudiantes de niveles básico y medio superior, mediante becas para que no abandonen sus estudios, persisten altos niveles de deserción escolar, principalmente en zonas rurales y semiurbanas, donde se concentra la mayor cantidad de población beneficiada.

Ante ello, preguntó cuáles son las acciones que la Sedesol impulsará para que el programa de Inclusión Social tenga mejores resultados en el ámbito educativo.

Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de MC, lamentó que el cooperativismo sea poco difundido y pidió continuar los programas de incentivos en las comunidades que más necesitan los apoyos de trabajo. Estimó que los 231 mil 400 hombres y mujeres que se han beneficiado con el programa PET, se podrían duplicar e impulsar hacia otro desarrollo.
 
Impulsar el cooperativismo con más esmero y ahínco, sería la manera de poder ayudar a todas las personas que sufren por las calamidades de esos sismos.

Inquirió qué le hace falta a Sedesol para que detone e impulse el cooperativismo como un modelo de desarrollo económico y social en este país.
 
Del PVEM, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza expresó su preocupación de que Liconsa pague la leche a los productores nacionales a un precio que no les permite cubrir sus costos, poniendo en riesgo la fuente de sustento de muchos pequeños y medianos productores.

“No es posible que una empresa que se dice tener sentido social castigue de esta manera a un sector productivo. Liconsa, por el volumen lácteo que compra, fija precios y lo hace por debajo del costo”.
 
Pidió aclarar la situación actual del costo que se le paga a los productores, qué se pudiera hacer y cómo resolver esta situación para no trabajar a costillas de los productores en un programa social tan beneficioso a las familias pobres.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) señaló que no es un secreto que el sector social de la economía se encuentra relegado principalmente por la falta de políticas en la materia y asignación recursos presupuestales. Por ello, el Instituto Nacional de la Economía Social se ve imposibilitado para cumplir con las obligaciones que la ley le impone.

Estimó que existe una falta de corresponsabilidad del gobierno porque en la economía social aporta el uno por ciento del PIB y la Federación sólo le asigna el 0.05 por ciento del presupuesto. Solicitó al funcionario convertirse en un operador político y comprometerse con el sector social de la economía. “Comprométase a la adecuación de políticas públicas y que se participe en la reforma de la legislación que tanta falta nos hace, que propicie el reconocimiento de la importancia de la economía social y sus beneficios”.

La diputada del PRD, María Castelán Mondragón, reconoció la labor de la Sedesol, pero estimó que se deben redoblar esfuerzos para que los programas sociales realmente mitiguen la pobreza. “Sabemos que tienen fines nobles y funcionales pero no una correcta aplicación, ya que son utilizados con tintes electorales y condicionan votos a cambio de apoyos”.

De igual forma, preguntó si las Reglas de Operación para acceder a los beneficios van en contra de su propio espíritu, pues para obtenerlos hay que cumplir “trámites tortuosos”.

El diputado del PAN, Miguel Ángel Huepa Pérez, comentó que la Cartilla Social más que coadyuvar a la transparencia, genera polémica porque su mal puede llevar a la manipulación de la información que reporta a las personas que reciben apoyos del gobierno al Inegi.

Manifestó su preocupación sobre las decisiones de la Sedesol, pues minan la confianza en las instituciones; en tal sentido, cuestionó qué acciones se implementan para evitar la manipulación de datos en esa cartilla y qué se hace ante la crisis de confianza en las entidades del Estado.

Del PRI, la diputada Verónica Muñoz Parra, habló sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un instrumento de política social y herramienta para que los gobiernos estatales y municipales inviertan en sus comunidades y en su gente.

Precisó que los recursos del FAIS en 2018 serán equivalentes al 68 por ciento del presupuesto de la Sedesol, por lo que preguntó qué cambios se han logrado a partir de las modificaciones normativas que le dieron la rectoría del FAIS a la Sedesol, y qué más se podría hacer para mejorar la efectividad de esa importante bolsa de recursos destinados a la infraestructura social.

Alinear programas de desarrollo social en una sola vertiente, a través de una sola política pública

Al responder a diputados, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que se trabaja con Prospera para atender a las familias y mantenerlas en sus comunidades. “No nos asusta ir a los lugares más lejanos; inclusive, hemos tenido pérdidas de compañeros nuestros que van a pagar Prospera y han sido asesinados en el camino, porque les quitan el apoyo destinado a las mujeres”.

Señaló que, en Guerrero, 482 mil 692 familias son beneficiarias de Prospera. El Seguro de Vida de Jefas de Familia atiende a 215 mil mujeres y 57 mil niños y niñas en todo el país reciben ese apoyo debido a que sus madres murieron.

Miranda Nava indicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa que tenga una base presupuestal, sino que es una estrategia de gobierno integrada por 19 dependencias federales, que se encargan de focalizar y localizar a la gente con pobreza alimentaria. Además, pidió confiar en el Inegi y Coneval, pues tienen personal altamente calificado.

Enfatizó que esta cruzada sigue vigente y atiende a cerca de siete millones pobres alimentarios y que la estrategia de la inclusión no sólo se enfoca a la alimentación, sino en los ámbitos de salud, vivienda, seguridad social, educación y la alimentación.

Comentó que existen programas que son irreductibles, como Prospera o Adultos Mayores, y aunque tienen movilidad y van cambiando de nombres, son movibles y dinámicos. Por ello, tienen presupuestos que ya están comprometidos, por lo que el margen de operación para otros se vuelve más complicado.

Expuso que se atienden prácticamente a 5.4 millones de adultos mayores; el Inapam afilió a 1.1 millones de personas, mediante una tarjeta de descuentos preferenciales para acceder a bienes y servicios entre 2016 y 2017; se firmaron 676 convenios con instituciones públicas o privadas para beneficiar a este sector, y se vinculó a más de 20 mil adultos mayores a alguna actividad productiva.

Destacó que los comedores comunitarios atienden a más de 50 mil adultos mayores, 1.4 millones de personas de 60 años y más, y son parte del padrón de Liconsa. De 106 mil millones de pesos que se recibirán en el 2018, el segundo programa más grande a nivel presupuestal es el de este sector.

El funcionario federal dijo que el 80 por ciento de los recursos presupuestales se destina a dos programas, por lo que es muy difícil atender otros.

Enfatizó que es fundamental una modificación a la Ley General de Cooperativas de gran calado, para avanzar en el desarrollo social, con el objetivo de salir del verdadero problema que es el asistencialismo y la pobreza. “Si nosotros seguimos en esta línea, nunca vamos a salir de esta rueda y de este círculo vicioso. Si no sacamos a estas personas y llegamos al punto final, que es darles trabajo, entonces no podremos salir adelante”.

Para ello, agregó, se necesita invertir y apoyar, y que el gobierno sea el principal impulsor de las miles de personas que quieren poner su propio negocio o formar su propia empresa. “Si nosotros podemos ser impulsores en eso, lo haremos. Pero estamos atados por temas presupuestales”.

Miranda Nava aclaró que las familias en Prospera no son beneficiadas de manera especial. “Son familias que tienen unas reglas de operación para cumplir y acceder a ese programa”. No puede aceptarse a cualquier persona, porque tiene que cubrir ciertos requisitos.

El titular de Sedesol puntualizó que sí hay denuncias por parte de ASF y resaltó la apertura de la Oficialía Mayor de la Sedesol para mostrar gastos del secretario y otros funcionarios de la institución.

Fuente: Cámara de Diputados