Proponen castigar hasta 8 años de cárcel a quien venda plaguicidas falsificados o ilegales
En México se distribuyen productos que son falsificados o adulterados, que no cuentan con registro, o bien, productos reetiquetados o con etiqueta sobrepuesta, por lo que la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) propuso modificar la Ley General de Salud para castigar con uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien elabore, introduzca, transporte y distribuya plaguicidas ilegales.
La legisladora subrayó que el uso de insumos agrícolas falsificados o adulterados ocasionan graves daños económicos, sociales, ambientales y representan gran peligro para la salud, tanto de los usuarios que los manejan como para los consumidores, al exponerse a diversos agentes químicos que no pasaron por un proceso de verificación y de seguridad.
Otras consecuencias de su uso ilegal –recalcó– es que contaminan el aire, suelo, aguas subterráneas y drenaje, generan impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina.
La reforma que propone la diputada adiciona el artículo 456 Bis a la Ley, cita que también se sancionará a quien comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados la iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Salud para dictamen, señala que los productos utilizados en el campo como fertilizantes o plaguicidas, son sometidos a un aproximado de 11.3 años de estudios, pruebas exhaustivas y estrictas para garantizar su sustentabilidad. Debido a su eficacia, únicamente es utilizado un aproximado de 15 a 30 gramos para el control de plagas por cada hectárea sembrada.
Estos productos se emplean principalmente para controlar cualquier plaga, incluidas aquellas que pudiesen transmitir enfermedades humanas y de animales que causen perjuicio o interfieran con la producción agrícola.
Indica que la elaboración de estos productos, específicamente de los plaguicidas, tiene el respaldo científico y un riguroso proceso de regulación. La inversión aproximada para garantizar la seguridad de estos productos es de 286 millones de dólares, enfocada principalmente en la seguridad ambiental, seguridad toxicológica y la eficacia agronómica.
La legisladora Flores Carranza mencionó que la Ley General de Salud únicamente contempla el comercio ilegal de sustancias tóxicas o peligrosas, es decir, “la legislación tiene una laguna normativa sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o físico”.
Ante ello, puntualizó que con la propuesta se beneficiará al campo y a la seguridad de agricultores y, principalmente, a la salud de todos los consumidores de productos agrícolas.
