Desarticulación entre dependencias, escaso presupuesto y falta de personal afectan vigilancia en materia de plaguicidas

En México están autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos y existe una desarticulación entre dependencias de gobierno en materia de regulación y la vigilancia por registro de estas sustancias rebasa, muchas veces, a las autoridades ante la falta de presupuesto y personal. Ante ello y derivado de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en diciembre pasado, las autoridades mexicanas ya trabajan para contar con una ley de plaguicidas y nutrientes vegetales.

Como respuesta a dicha recomendación, el 30 de abril del presente año la Secretaría de  Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) difundió que trabaja con otras dependencias para retirar del mercado alrededor de 360 plaguicidas, vinculados a 60 moléculas, a lo que la directora general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senasica, Amada Vélez Méndez, refiere que ”no son tantos”. La CNDH nos ha dicho que analicemos la lista de los convenios de  Estocolmo y de Rotterdam, y que a través de un comité especializado –ya creado– se evalúe a alrededor de 120 productos de esta relación, y veamos cuáles deben prohibirse. 

Las moléculas –apunta– que se está pensando retirar del mercado son alrededor de once, por ejemplo metamidofos, pentaclorofenol, aldicarb o alaclor, la mayoría están en el convenio de Rótterdam, que es vinculante. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha pensando que es momento de poder analizar esos productos y ver si los eliminamos o no, si los prohibimos; pero tiene que haber un tiempo para que eso se dé; no puede ser de la noche a la mañana, porque puede quedarse ahí siendo un residuo peligroso, obsoleto y que va a causar más problemas.

Esos productos –expone la funcionaria federal– desde el punto de vista de efectividad biológica son muy buenos y tienen una amplia gama de control de plagas, pero tienen un efecto sobre el sistema nervioso en las personas que están ocupacionalmente expuestas y si no cumplen con todas las precauciones de usar el equipo de protección, mascarilla overol guantes y botas, pueden intoxicarse”.

Para Fernando Bejarano González, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM), retirar del mercado sólo once moléculas “sería algo realmente ridículo”. Una opción de los gobernantes es decir vamos a sacar las moléculas que la industria ya no le interesa promover, en un plazo negociado con ellas para tampoco molestarlos. Como se hizo en últimos 20 años con el endosulfán, un organoclorado, altamente persistente y bioacumulable, donde se acordó en el convenio de Estocolmo primero con las empresas no permitir importación para agotar sus stock y en lugar de que el costo lo pague la industria lo pague la población. 

El también coordinador y editor del libro Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, señala que recientemente se decidió en el convenio de Estocolmo que el insecticida dicofol se prohibiera en el mundo y México estuvo de acuerdo y sería parte de los plaguicidas prioritarios a prohibir.

Vacíos legales

La CNDH recomendó que la Semarnat, la Sader, la Cofepris y el Senasica “en el ámbito de sus atribuciones, garantizando la debida coordinación entre dichas autoridades, deberán proponer a las autoridades competentes, acciones y estrategias para el cumplimiento de los tratados en la materia de los que México es parte, así como la armonización y equivalencia las disposiciones regulatorias y medidas fitosanitarias, ambientales y de salud, en materia de plaguicidas, en relación con los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano al adherirse y ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales…”

En entrevista con www.imagenagropecuaria.com, Amada Vélez reconoce que en la regulación de plaguicidas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene unas normas, la Secretaría del Medio Ambiente y Cofepris también; el asunto es ponerlas todas en conjunto y analizar dónde estamos teniendo vacíos legales. Destaca que ya han hecho una propuesta de índice de lo que debe contener una nueva ley que regule los plaguicidas y nutrientes vegetales, donde se concentre toda la información que está dispersa

¿Está desarticulado la forma en que se opera?

Sí, porque esta normatividad se han ido elaborando en diferentes tiempos de regulación de plaguicidas, que empezó en 1920. Tenemos bastantes años de estarlo regulando, pero es una materia que está en cambio constantemente y las autoridades tenemos que pensar cómo regularlas para estar acorde a los avances tecnológicos y científicos. Hoy se han determinado más problemas en cuanto a la  salud y el medio ambiente con el uso de estos productos, por lo que es necesario que las autoridades avancemos en las regulaciones para poder proteger a los consumidores y a quienes están expuestos.

La funcionaria federal considera que más que faltar una norma lo que sí es necesario es la vigilancia por registro, que se cumpla con los límites máximos de residuos. Senasica lo ha hecho, pero nuestro campo de aplicación ha sido principalmente en las exportaciones, que es parte de lo que están pidiendo los países receptores de nuestros productos agrícolas; la parte de consumo nacional le corresponde  a la Secretaría de Salud, a través de Cofepris, el poder determinar si lo que se produce en México o importamos cumple con los límites máximos.

Muchas veces este tipo de vigilancia nos rebasa, porque tenemos poco presupuesto, poco personal o no tenemos los laboratorios… pero creo que después de esta llamada de atención o recomendación que nos está haciendo la CNDH vamos a vernos más presionados para mejorar y parte de esa mejora es hacer la ley de plaguicidas”.

La funcionaria de Sader señala que la Cofepris es la que tiene la potestad de otorgar los registros y han estado platicando con la industria, que es consciente de que hay productos que deben desaparecer del mercado por su peligrosidad; han manifestado que sí están dispuestos a hacer una revisión de éstos. Comenta que no es decir porque está en tal convenio o en la lista negra, sino que realmente haya una evaluación de riesgo, que bajo las condiciones de México sí represente un riesgo para la salud o el ambiente.

Amada Velez anota que en la industria sí están dispuestos, quieren el diálogo; de hecho ha habido casos de productos que la industria que voluntariamente ha renunciado a los registros en años anteriores, como en el caso del endosulfán. Se trata de que se utilice todos los que haya en inventario, porque así se evita que se vuelva un problema por ser producto obsoleto y contaminante.

Fernando Bejarano considera que la ley debe aplicar el principio precautorio porque es parte de las recomendaciones de la CNDH, y es parte de la libertad que tiene el Estado de poner límites al interés privado en beneficio del bien común.

Al respecto, la CNDH recomienda a las instancias responsables emitir una circular “a efecto de que se garantice la abstención de la emisión de autorización o permiso o registro alguno de utilización, comercialización, importación, exportación de plaguicidas que contengan sustancias cuya inocuidad hacia el medio ambiente, la salud, la alimentación y el agua no haya sido demostrada…”

Combatir la ilegalidad

El comercio ilegal de plaguicidas en el ámbito internacional representa 10% de lo que se vende y en el caso de México 5%, menciona Vélez Méndez, quien añade que se debe vigilar dónde se están dando este comercio, visitamos formuladores y casas comercializadoras; muchas veces estos productos entran al país ilegalmente y se ha comentado que su entrada se da por la frontera sur, Guatemala, donde hay un comercio hormiga.

Recomendamos –puntualiza– que no se usen plaguicidas ilegales, ahora hay un problema grave en cuanto a productos que no tienen un registro sanitario y eso hace que la gente que los compró no sepa si esa sustancia va a controlar la plaga y no le va a causar daño. Son productos que muchas veces no se sabe que es lo que tienen, pero  dicen es un nutriente vegetal, pero cuando se hace un análisis no es lo que dice tener o dice que es para producción orgánica y es un plaguicida. 

Como institución –remarca– enseñamos a los productores a reconocer si es un producto es ilegal, que tenga el registro sanitario en la parte frontal, los sellos de seguridad; hay indicadores para saber que el producto puede ser ilegal, porque se reutilizan los envases vacíos, que la industria estima en alrededor de cuatro mil toneladas y apenas un 40% se recolecta en centros de acopio temporal.

“Es importante combatir corrupción e ilegalidad, pero para eso necesitan muchas manos. Necesitamos más inspectores, más vigilancia, allá afuera. Hay una iniciativa de ley del Senado donde pide que las personas que comercialicen productos ilegales sean sancionados con cárcel. En productos para orgánicos se ha dado mucho la ilegalidad”.

Fernando Bejarano expresa que hay gente que sigue pensando que sin control químico no se puede producir alimentos lo que se demuestra que es falso con el crecimiento de la agricultura orgánica. Hay muchos interese económicos dentro de la industria genérica que tienen sus contactos dentro del propio aparato de Estado.  

Las moléculas representan intereses empresariales y tienen un mercado mundial y para las empresas de trata de defender sus tasas de ganancia y sus mercados y a esa lógica responden. En México el Estado debe decidir a quién sirve. Vamos a ver que tan grande es la voluntad política para cambiar el sistema alimentario, si la Cuarta Transformación lo va a transformar o va a permanecer con los intereses de poder de siempre.”

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El 26 de diciembre de 2018, la CNDH  emitió la Recomendación no. 82/2018 sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.