Los focos de alerta se encienden. Es la luz amarilla que universalmente previene sobre algún acontecimiento que incide de manera directa en la seguridad de las personas, sea de manera individual o de la sociedad en su conjunto. Se trata, en este caso, de la posibilidad de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no lleguen a buen puerto en el plazo que fijó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, para cumplirse en 2030.
La premonición fue anunciada desde la presentación del informe “Situación y Perspectiva Mundial 2017”, por Diana Alarcón, economista principal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, quien explicó que “la recuperación económica no es suficiente en algunas regiones para alcanzar los ODS. Es preocupante el deterioro de las perspectivas de crecimiento para algunos de los países más pobres. Se espera que el PIB conjunto de éstos crezca solamente 4.7% en 2017 y 5.3% en 2018: cifras significativamente inferiores al 7.0% necesario para alcanzar los Objetivos”.
En México, cuyo crecimiento para 2019 se estima inferior a 2.0%, recientemente, durante la celebración del Día Nacional de la Semilla, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) alertaron a los gobiernos municipales, estatales y federal sobre la problemática que enfrentaremos como país con el cambio climático en las proyecciones al 2050, por lo que urgieron, básicamente, tomar medidas para la conservación y regeneración de bosques y ecosistemas de las selvas dañadas por los incendios en los últimos 30 años.
Bernard Herrera y Herrera, director general de Investigación y Posgrado; José Mejía, investigador del Departamento de Fitotecnia, y Leovigildo Córdova Téllez, director general del Sistema Nacional de Investigación y Conservación de Semillas de la UACh, precisaron la urgencia de que el Gobierno federal estructure e impulse políticas de reconversión ecológica y agrícola, toda vez que para 2050 México deberá producir 70% más de alimentos en la misma superficie con que se cuenta en la actualidad.
Sobre el tema se entrevistó a Salvador Fernández Rivera, Coordinador General de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), considerado en esta dependencia como el especialista para hablar de este tópico.
P.- ¿Cuál de los ODS considera fundamental para que el campo pueda superar los problemas que enfrenta en la actualidad?
R.- La Agenda 2030 consiste en un conjunto de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) orientados conjuntamente al desarrollo sostenible integral y ha sido adoptada por 193 Estados miembros de la ONU, entre ellos México. En el marco de la Agenda 2030, la superación de los problemas que el campo mexicano enfrenta en la actualidad, está relacionada principalmente con el ODS 2, “Hambre Cero”.
Al aumentar la producción agropecuaria y acuícola pesquera se mejora el acceso de los mexicanos a alimento suficiente, nutritivo e inocuo, en particular para las personas que viven en condiciones de pobreza y marginación. En este sentido, el desarrollo del campo es fundamental para el logro de la seguridad y soberanía alimentaria.
El desarrollo del campo está también relacionado con el ODS 1 “Fin de la pobreza”, pues los aumentos en la productividad del medio rural mejoran los ingresos de productores, generando oportunidades de empleo para jornaleros. Por otra parte, el uso eficiente de los recursos naturales, en particular el agua, el suelo, la agro-biodiversidad y los océanos, así como la implementación de buenas prácticas agropecuarias para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero contribuyen al ODS 12 “Producción y Consumo Responsable” y al ODS 13 “Acción por el Clima”.
P.- Dada la profundidad y amplitud de los ODS, ¿es posible que México pueda cumplir con ellos, en el plazo propuesto por Naciones Unidas, desde luego me refiero a lo correspondiente a la realidad socioeconómica y política del medio rural?
R.- Las metas establecidas en la Agenda 2030 relacionadas con la realidad socioeconómica del medio rural consisten en poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición, así como en duplicar los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, pueblos indígenas, agricultores familiares y jornaleros.
Para avanzar significativamente hacia el logro de estas metas, es necesario mejorar la capacidad productiva de las unidades de producción familiar, aumentando el valor de la producción, así como la proporción del valor producido que es retenido por los productores.
Esto es factible mediante el acceso a recursos de producción y mercados de insumos, productos y servicios, la aplicación de conocimientos y tecnologías apropiadas y el uso de prácticas que mejoren la resiliencia de la agricultura al cambio climático y que preserven o mejoren la base de recursos naturales en beneficio de las generaciones futuras.
P.- ¿Qué lectura le merece el hecho de que México es el principal país que impulsó en cabildeo y posterior estructuración de los ODS en la ONU (2015), esta iniciativa que tiene sus principios fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Miguel de la Madrid, y que fue la propuesta de desarrollo sostenible vanguardista que por primera vez en América Latina se haya registrado?
R.- México tuvo una participación muy activa en la formulación de la Agenda 2030 a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en el año 2000. Nuestro país también se ha distinguido por establecer mecanismos formales de seguimiento a la implementación de la Agenda y por la presentación voluntaria de avances que se tienen en el país en torno a los ODS.
En la presente administración, la política para el sector agropecuario y pesquero se centrará en lograr avances significativos en las metas establecidas en la Agenda 2030, en particular en los ODS 1 “Fin de la pobreza” y 2 “Hambre cero”, aportando de manera significativa a los ODS 12 “Producción y consumo responsable” y 13 “Acción por el clima”.
P.- Como país, ¿hemos sido consecuentes en trabajar para alcanzar el cumplimiento de esos principios?
R.- En México se han tenido avances en reducción de la pobreza y la pobreza extrema, pero los retos que enfrenta el país son aún enormes. De acuerdo con el CONEVAL, la población que vive en pobreza disminuyó de 46.1 % en 2010 a 43.6% en 2016. Sin embargo, en el mismo periodo el número de personas en situación pobreza aumentó de 52.8 millones a 53.6 millones.
La situación en el medio rural es aún más crítica. Mientras que en el medio urbano la población en pobreza es de 39.2% y en pobreza extrema de 4.7 %, en el medio rural la población en pobreza es el 58.2% y en pobreza extrema de 17.4 %.
Por otra parte, en la población mexicana existe una situación nutricional crítica. Se estima que aproximadamente el 20% de la población presenta pobreza alimentaria y un 70% problemas de sobrepeso u obesidad. Ante esta situación, el papel de la agricultura se debe conceptualizar en un sentido más allá de lo relacionado solamente con la disponibilidad de alimentos, abordando aspectos relacionados con la nutrición.
Bajo este enfoque nutricional, la agricultura tiene la importante función de proveer alimentos nutritivos e inocuos en el marco del concepto “seguridad alimentaria y nutricional” planteado en la Cumbre Mundial de Alimentación en la FAO. El enfoque nutricional de la agricultura requiere ser complementado por un esfuerzo y coordinación multisectorial para impulsar la educación de la población en temas de nutrición y su relación con la salud humana.
P.- En lo correspondiente al sector rural, ¿Cuáles son las estrategias y los mecanismos que se han estructurado y puesto en práctica para avanzar en lo que les corresponde de los ODS?
R.- La política de la presente administración está orientada a un desarrollo más incluyente dando prioridad a los habitantes que viven en condiciones de pobreza y marginación.
En el caso del campo, la estrategia se basa principalmente en el impulso a las actividades agropecuarias y acuícola-pesqueras a través de un conjunto de programas prioritarios que abordan problemas relacionados con la producción de granos básicos y estratégicos, leche y alimentos de origen acuícola a través de una política de precios y apoyos directos que incentiven la producción y den certidumbre a los productores.
Estos programas son complementados con asistencia técnica, innovación tecnológica, gestión de riesgos y acceso a mercados, con el fin último de combatir la pobreza rural y mejorar la seguridad y soberanía alimentaria nacional.
P.- Sin duda alguna el rezago del campo mexicano es profundo, algunos autores y especialistas lo ubican en al menos 20-25 años, respecto a los países con los que comercia o son socios de México en el mercado internacional, ¿cómo se puede explicar ese atraso cuando nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por programas como el Coplamar, Sistema Alimentario Mexicano, Ley de Fomento Agropecuario, el Desarrollo Sostenible, Progresa, sólo por mencionar algunos?, y éstos encajan en los ODS.
R.- Efectivamente, en los últimos 30 a 36 años, la política pública se caracterizó por una apertura comercial que resultó en beneficios importantes para una parte del sector agropecuario a través de exportaciones crecientes de alimentos y bebidas; hortalizas, particularmente tomate; berries; aguacate; cerveza y tequila, entre otros.
Las exportaciones de estos productos han aumentado progresivamente y en los últimos años condujeron a que el sector tenga una balanza comercial positiva.
Por otra parte, la apertura comercial también condujo a una dependencia elevada de importaciones, principalmente de maíz, soya, trigo panificable, arroz, lácteos y carne de cerdo. Estas importaciones, con frecuencia subsidiadas por los países exportadores, dejó en desventaja y empobreció a campesinos y pequeños productores, que constituyen la mayoría de los productores agropecuarios de México.
En consecuencia, se redujo la capacidad del país para cumplir las metas de los Objetivos del Milenio y más recientemente de los ODS.
P.- Como país, ¿tenemos suficiente tiempo para revertir esos procesos viciados que estancaron el desarrollo del campo nacional, y llegar a buen puerto en el 2030, acorde a los postulados de la ONU?
R.- El estancamiento en el desarrollo del campo es un problema complejo. Las políticas de apertura comercial de las últimas décadas fueron acompañadas por dispendio y niveles inimaginables de corrupción en la aplicación de los recursos públicos.
La corrupción, la desvinculación de pequeños productores de la economía nacional, la pobreza y falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes, así como un entorno de inseguridad. El impacto económico en el sector agropecuario y pesquero y en la economía en general es enorme. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, a nivel global el crimen disminuyó la economía en 2017 en 1988 dólares estadounidenses por persona, equivalente a un 12.4% de la economía mundial.
Esta situación se relaciona con el ODS 17 “Paz, justicia e instituciones fuertes”. El desarrollo del campo mexicano a través de los programas y acciones que se han señalado será posible solamente en la medida que se abata la corrupción, se logren mejoras significativas en la seguridad y se fortalezcan las instituciones que dan soporte al sector.
La presente administración ha iniciado acciones efectivas para abatir la corrupción en la función pública y se ha iniciado el proceso de fortalecer instituciones que son clave para el desarrollo del campo.
Sin embargo, el problema de la inseguridad será resuelto solamente mediante el desarrollo de una cultura de paz inmerso en un cambio generacional. Por este motivo, es previsible que en la primera mitad del presente sexenio se logren avances que se puedan consolidar hacia 2024, preparando el terreno para avanzar de manera firme en el cumplimiento de los ODS para 2030.
P.- ¿Es factible, y en qué tiempo, alcanzar la seguridad y autosuficiencia alimentaria de México?
R.- Técnicamente es factible erradicar el hambre para 2030. En México, la implementación efectiva de los programas para lograr este ODS dependerá, en parte, de la medida que mejoremos la seguridad.
También es factible lograr una tasa de autosuficiencia alimentaria, esto es, la proporción del consumo nacional de productos del campo que es cubierto a través de la producción nacional, de al menos un 75% para 2024.
Nuestra ambición es que en México logremos una tasa de autosuficiencia alimentaria de 90%, manteniendo un balance comercial positivo, para 2030.
P.- ¿Qué tan relevante es la seguridad en la tenencia de la tierra, para que tanto los productores como los programas de Gobierno puedan cumplir con los ODS?
R.- La certeza jurídica de la tenencia de la tierra es un factor indispensable para el desarrollo del campo y por lo tanto para el logro de los ODS relevantes al sector agropecuario y el medio rural.
Sin dicha certeza, y sin el empoderamiento de las comunidades rurales en la gestión de los recursos naturales, es imposible revertir los procesos de degradación ambiental, tales como la erosión del suelo y la deforestación.
Según el censo de 2007, más del 53% de la superficie nacional es propiedad ejidal, comunal y en posesión de colonias agrícolas.
Por otra parte, en las últimas décadas se han observado cambios en los perfiles de los sujetos agrarios y han surgido conflictos derivados de la explotación de estas tierras por empresas. Al mismo tiempo, se ha acentuado el proceso de fraccionamiento de predios agropecuarios.
De acuerdo con el INEGI, más del 60% de propietarios privados, cerca del 80% de los ejidatarios y 90% de los posesionarios, en 2007 poseían 5 hectáreas o menos. Aproximadamente el 90 % de los productores rurales de México son de escala pequeña o mediana.
Esta situación hace imperativo que la política pública considere mecanismos de asociatividad de productores para fomentar el desarrollo social, económico y ambiental en el medio rural.
Con estos mecanismos, inversiones en activos productivos, principalmente bienes públicos; crédito; acceso a mercados de insumos, productos y servicios; y acompañamiento técnico que cuente con el soporte de la investigación científica, este tipo de productores contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, la generación de empleo y la erradicación de la pobreza en el medio rural, y por lo tanto a los ODS que México ha adoptado en el marco de la Agenda 2030.
Precisamente, este es el enfoque del nuevo Programa de Desarrollo Rural en 2019-2024 que implementa la Sader en el periodo 2019-2024.
P.- ¿Tienen en la SADER estrategias encaminadas a superar el rezago existente en la regularización de la tenencia de la tierra, para garantizar la producción de alimentos?
R.- La problemática social en el medio rural se caracteriza por la presencia de jóvenes que al no tener acceso a la tierra emigran en busca de oportunidades, quedando al frente los titulares de predios que en proporciones crecientes son adultos mayores; la participación en aumento de mujeres en las actividades agropecuarias, incluyendo la gestión misma de los predios y la toma de decisiones que impactan en la productividad; la presencia y participación significativa de pueblos indígenas en los procesos productivos, la posesión y la gestión de los territorios; y, entre otros asuntos, la existencia de jornaleros que pueden o no ser titulares de predios, y que buscan oportunidades de empleo.
Esta dinámica social está frecuentemente asociada con asuntos agrarios. Por ejemplo, cuando los titulares de los predios emigran, sus esposas quedan al frente de la familia, pero por no contar con la titularidad no han sido sujetos de apoyo de los programas del gobierno. En materia de asuntos agrarios en México, la institucionalidad está a cargo de la Procuraduría Agraria.
La SADER está trabajando con la Procuraduría para atender los asuntos agrarios relevantes en los territorios en que la Secretaría ejecute proyectos de desarrollo territorial. Hemos elaborado conjuntamente con la Procuraduría una propuesta para que las esposas o hijos de emigrantes titulares de los predios que constituyen el patrimonio de las familias rurales sean sujetos de apoyo en los proyectos de desarrollo territorial que se implementarán en el marco del Programa de Desarrollo Rural.
La naturaleza de la problemática relacionada con el desarrollo rural exige que las distintas secretarías y dependencias del Gobierno trabajemos de manera coordinada. Por este motivo, en la SADER estamos trabajando con otras dependencias, tales como las secretarías del Bienestar, del Trabajo, Educación y la de Medio Ambiente; organismos del sector tales como el INCA Rural, FIRCO, INAPESCA, INIFAP, SENASICA y de otros sectores como son la CONANP, CONABIO, CONAFOR, Procuraduría Agraria, FND, INAES, entre otros, para atender la problemática del medio rural.
En este sentido, estamos también en el proceso de instalar la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De esta manera, con la participación de la Comisión, la coordinación interinstitucional facilitará el logro de los ODS relacionados con el desarrollo medio rural.
*Entrevista publicada en la revista Personae
