Lejos de haberse constituido como una solución al problema energético y ambiental, los biocombustibles han generado dificultades mayores al utilizar cultivos destinados al consumo humano, derivando en un alza de alimentos; tienden a incrementar superficie de cultivo y emisiones de bióxido de Carbono al ambiente; implican un costo mayor en subsidios en detrimento del contribuyente y una acentuación de la pobreza. <span style=”mso-spacerun: yes”> </span>Es la reflexión que surge del informe<span style=”mso-spacerun: yes”> </span><em style=”mso-bidi-font-style: normal”>Otra Verdad Incómoda</em>, realizado por la Oxfam que recomienda a los países en desarrollo “extrema cautela” y realizar un análisis riguroso entorno al uso de biocombustible.
El organismo concluye que las políticas actuales de los países industrializados para el desarrollo de biocombustibles no ofrecen medios seguros ni eficaces para combatir el cambio climático, ni tampoco para reducir la dependencia energética.
Además, proporcionan nuevas vías para continuar con “el costoso apoyo a la agricultura a costa de los contribuyentes” y el costo real de estas políticas recae sobre países en desarrollo, al agravar la pobreza, degradar el medioambiental y acelerar el cambio climático.
“Los programas para promover el uso de biocombustibles son muy caros. Requieren una inversión de miles de millones de dólares y un apoyo constante, lo cual puede representar una grave presión sobre los presupuestos de los países en desarrollo, que bien podrían dedicarse mejor a otras estrategias de desarrollo”, refiere.
El informe de Oxfam asegura que no existen razones para suponer que la producción de biocombustibles será inclusiva o favorecerá a las personas pobres de forma automática y destaca que parte del gran potencial de la bioenergía para reducir la pobreza puede residir en utilizar la biomasa para proporcionar energía limpia en las zonas rurales, en lugar de producir biocombustibles.
Resalta que el acceso seguro a la tierra se ve amenazado por la expansión no regulada de los biocombustibles, que está dejando de lado a las comunidades vulnerables y debilitan los programas de reforma agraria.
Recomendaciones
La Oxfam recomienda a los países industrializados congelar el establecimiento de nuevas legislaciones para los biocombustibles, revisar de forma urgente los actuales mandatos en esta materia que contribuyen a agravar la pobreza y a acelerar el cambio climático y desmantelar subsidios y exenciones fiscales.
Otro aspecto, que recomienda es invertir en investigación y desarrollo para la segunda generación de biocombustibles, dando prioridad a las tecnologías que no impliquen la expansión de monocultivos ni supongan una amenaza para la seguridad alimentaria o para el acceso seguro a la tierra de las personas vulnerables.
Para evitar que se perpetúen las actuales desigualdades en el consumo, Oxfam sugiere garantizar que las tecnologías de segunda generación estén disponibles para países en desarrollo.
Considera que se debe garantizar que todos los biocombustibles utilizados supongan una reducción real de los gases de efecto invernadero (GEI), en base a Evaluaciones del Ciclo de Vida (LCA, en sus siglas en inglés) que tengan en cuenta de forma adecuada las emisiones derivadas del cambio directo o indirecto en el uso de la tierra y las procedentes de los fertilizantes nitrogenados.
Plantea reducir los impuestos sobre los biocombustibles y comprometerse a participar en el desarrollo y aplicación de normas internacionales para la sostenibilidad (que incluyan criterios sociales y medioambientales).
A los países en desarrollo, el organismo recomienda avanzar con extrema cautela y planificar a largo plazo: evitar marcar ambiciosos objetivos nacionales para los biocombustibles y antes que nada llevar a cabo un riguroso análisis de los riesgos medioambientales y sociales que implican.
También deben hacer un análisis económico de costo beneficio que sopesen el apoyo que necesitan los biocombustibles frente a los beneficios esperados, donde se incluya costos financieros de apoyo a empresas, impactos en precios de los alimentos, ahorro en importaciones de energía y ganancia de divisas por las exportaciones; costos de oportunidad de estrategias agrícolas alternativas.
Los países en desarrollo deben determinar costos y beneficios medioambientales, incluyendo emisiones provocadas por el cambio en el uso de la tierra; costos y beneficios sociales, incluyendo los impactos sobre el empleo, el desplazamiento y las transferencias sociales.
En el caso de que se decida proseguir con estrategias –acota– para promover los biocombustibles: integrarlas en otras políticas relevantes, entre las que figuren estrategias para la seguridad alimentaria y estrategias para la reducción de la pobreza.
Los países en desarrollo tendrán que invertir en investigación y desarrollo adecuados a condiciones locales, y para maximizar las oportunidades de personas pobres, por ejemplo en una adecuada producción de semillas oleaginosas, en el procesamiento a pequeña escala y en tecnologías bioenergéticas (no necesariamente biocombustibles) que sean capaces de aumentar el acceso a energía limpia en zonas remotas.
Las naciones deben comprometerse a participar en el desarrollo de normas internacionales que garanticen la sostenibilidad de los biocombustibles (que incluyan criterios sociales y medioambientales) y a apoyarlas y fortalecer la colaboración Sur-Sur en materia de investigación y en modelos de producción que promuevan la sostenibilidad y la inclusión social.
A las empresas y los inversores recomienda garantizar que ningún proyecto de biocombustibles se lleva a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales y que los trabajadores disfrutan de unas condiciones laborales dignas, tal y como las define la Organización Internacional del Trabajo.
Donde proceda, promover la organización de las pequeñas explotaciones y trabajar con los hombres y las mujeres agricultoras siguiendo criterios de justicia y transparencia, así como promover el acceso a proyectos energéticos en zonas remotas.
