Autorización a Monsanto para sembrar maíz transgénico en fase piloto es ilegal, señalan expertos y organizaciones ambientalistas.

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La autorización de dos permisos a Monsanto para sembrar 63.49 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en fase piloto, otorgadas por el gobierno federal, es ilegal y viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), y es contraria a los dictámenes vinculantes negativos emitidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que son las instancias evaluadoras técnicas competentes, señalaron expertos y organizaciones ambientalistas.

Además, agregaron, que la decisión ignora tratados internacionales firmados por México, como el Tratado de Cartagena y el Convenio sobre Diversidad Biológica, así como los informes hechos por expertos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.

La concesión de los permisos para la siembra de maíz transgénico, en fase piloto, a Monsanto, “es una decisión que se suma al expediente de violaciones sistemáticas contra la ley, pues se trata de una desatención de los dictámenes, técnicos y científicos de las instancias que se encargan de evaluar los impactos que trae consigo estos ensayos”, expone la coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, Aleira Lara.

Puntualiza que gracias a los documentos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), -porque las autoridades les han negado información- hemos detectado que los dictámenes de Conabio, INIFAP e INE, con relación a la evaluación de solicitudes previas a estas últimas dos autorizaciones para Monsanto en el estado de Sinaloa, han sido negativos; el flujo génico pone en riesgo la diversidad de variedades nativas de maíz.

Elena Álvarez-Buylla, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (INE) e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), apunta que con los datos de la Conabio –referentes a la ubicación e identificación de los centros de origen del maíz-, ya publicados en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), resulta muy riesgoso autorizar permisos para la siembra de materiales transgénicos, porque ponen en predicamentos la preservación de la diversidad genética de las 59 variedades de maíz nativas de México.

Explica que hay datos científicos obtenidos en otros países, incluso en México, que demuestran que los transgenes no son estáticos y que se pueden movilizar a regiones que cuentan con variedades criollas. La dispersión se daría tanto por el polen como por las semillas.

Por consiguiente, la siembra de materiales transgénicos en el país va en contra de la LBOGM, que señala que no se deben de aprobar liberaciones a campo abierto de líneas transgénicas en los sitios en los que se encuentran las variedades nativas emparentadas con los cultivos transgénicos en cuestión.

Dijo que en la reunión que sostuvieron representantes de instituciones de investigación y organizaciones civiles con el titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Mayorga, el pasado 18 de enero del presente año, quedó de manifiesto que las supuestas medidas que el gobierno implementará para minimizar el riesgo de entrecruzamiento entre maíces transgénicos y nativos se basan en supuestos falsos, como que éstos no se pueden cruzar.

Al respecto la investigadora subraya que es muy importante aclarar que tanto el maíz blanco como el amarillo, son de la misma especie, por lo tanto, se intercruzan. Son interfértiles.

De acuerdo con un comunicado emitido por la UCCS, “los riesgos a los que estarán expuestas las variedades nativas por la liberación de transgénicos, ahora se aceptan por parte del gobierno como ineludibles.”

Álvarez-Buylla destaca que a pesar de la moratoria (en el desarrollo de ensayos con materiales genéticamente modificados en México), ya hay datos que señalan la presencia de contaminación de zonas de cultivos con transgenes. Incluso las mismas instancias gubernamentales que se encargan del monitoreo de la presencia de transgenes han identificado esta contaminación, pero que no han sido eficaces en la publicación de estos hechos. La incapacidad en este tipo de monitoreo también es una preocupación.”

Las autorizaciones para realizar ensayos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) va en contra de lo que se está haciendo en el mundo, particularmente en Europa, donde las empresas productoras de transgénicos están cancelando la comercialización de sus productos. La firma Basf recientemente anunció su salida de ese mercado y únicamente queda la empresa alemana Bayer.

Esto nos demuestra que en un continente donde la gente tiene una base mucho más solida en conocimientos científicos, en comparación con países como el nuestro, se ejerce una presión mucho más fuerte en el tema.

Adelita San Vicente, integrante de la organización Semillas de vida, asegura que la Ley de Bioseguridad establece que la liberación de permisos se tiene que dar paso por paso, y caso por caso. Para ello, el gobierno debería tener una Norma para presentar los resultados, misma que está señalada en ley, y que las autoridades no han instaurado.

Entre otras cosas que no ha hecho el gobierno, agrega, “es que no ha evaluado los experimentos que autorizó previamente.” Tampoco se ha concluido la determinación de centros de origen del maíz. Es decir, “se están entregando permisos sin antes cumplir con lo establecido en la ley”.

Sobre los últimos dos permisos para experimentar con maíces transgénicos en fase piloto, Greenpeace ha solicitado información mediante el IFAI para conocer los dictámenes, porque todos estos documentos y procesos carecen de transparencia, y deberían de está a disposición de toda la población.