El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, aseguró que es necesaria una amplia política de extensionismo rural para liberar el potencial productivo y abatir el subaprovechamiento de la tierra de los ejidos y comunidades.
Al participar en XXXIV Congreso de la Confederación Nacional Agronómica, en Pachuca, Hidalgo, el titular de la SRA consideró que se requiere de una política de Estado que tenga como eje el incluir al sector rural a la vida productiva y al desarrollo humano, para poner fin a la paradoja de que en las tierras más ricas en recursos naturales vivan las familias más pobres.
En lugar de ver a los 27 millones de mexicanos que viven en el campo como una carga, se deben considerar como un sector con un extraordinario potencial que tiene todo para demostrar que sí se puede ser campesino y tener una vida digna, aseguró.
Para lograrlo, dijo, se necesitan nuevas acciones que dinamicen las perspectivas de desarrollo de los ejidos y comunidades, sin que las familias campesinas tengan que vender su tierra. Estas acciones no pueden, ni deben estar sujetas a colores o partidos en el poder, puntualizó.
El secretario Escobar dijo que muchos de los problemas que enfrenta el país tienen su solución en el campo y para ello se demanda tecnología, capacitación y más apoyos para incorporar a la vida productiva a los pequeños y medianos productores que hoy están en la marginación.
Se ha avanzado en el impulso a los proyectos productivos, en transparentar el uso de los recursos públicos, en brindar capacitación técnica a los ejidatarios y en construir acuerdos con las organizaciones campesinas, pero persiste la pobreza en las zonas rurales y hay comunidades abandonadas por la migración, añadió.
El titular de la SRA explicó que hay factores que mantienen el subaprovechamiento de la tierra de los ejidos y comunidades como la falta de acceso al crédito y las propias leyes que fueron creadas para tiempos y circunstancias ya superados.
En este sentido, exhortó a los legisladores federales presentes en el evento a analizar los cambios que requiere el marco jurídico agrario para que la superficie social certificada y sin conflictos se traslade en forma automática o bajo un mecanismo más simple al dominio pleno y sirva como garantía de crédito.
Asimismo, dijo, para que se establezca un término al amparo agrario cuando se afectan los derechos colectivos de los núcleos de población y, con ello, darle definitividad jurídica a los actos de autoridad. Un decreto expropiatorio, una resolución administrativa de la SRA o una sentencia de los tribunales agrarios puede ser impugnada incluso 10, 20 o 30 años después, agregó.
Fuente: SRA
