Gravamen a refrescos y comida “chatarra” insuficiente para garantizar buena alimentación
Desincentivar el consumo de refrescos y alimento “chatarra” por medio de un gravamen es insuficiente para garantizar la buena alimentación de los mexicanos, porque se requiere que en paralelo el Estado ponga disponibles alimentos nutritivos y sanos para la población, afirmó la representante del movimiento nacional Sin maíz no hay país, Julieta Ponce.
En términos de derechos humanos –consideró– el Estado tiene la obligación de empujar medidas legislativas, económicas y de política para proteger universalmente la vida de toda la población, en especial de los niños que no tienen la capacidad de decidir sobre el consumo de productos nocivos para su salud. Hoy el resultado de una política alimentaria equivocada es que tenemos infantes con sobrepeso y obesidad.
La especialista en temas de nutrición expuso que el impuesto al refresco y otras bebidas azucaradas, que busca recaudar 12 mil millones de pesos, sí debe aplicarse, aunque no sabemos si va a disminuir la obesidad; pero sí sabemos que inmediatamente el Estado debe garantizar la disponibilidad de alimentos nutritivos y sanos para la población, en especial para sectores que usan esta bebida como única fuente de calorías. El impuesto por sí sólo no resuelve el problema, remarcó.
Hizo énfasis en que los impuestos a refrescos y comida chatarra no son recaudatorios, sino que pretenden desalentar el consumo de productos que dañan la salud de los habitantes de este país.
Julieta Ponce consideró que la industria debe dejar de hacer la orientación alimentaria de este país y pagar sus impuestos; mientras que el Estado tomar medidas para proteger la salud de los mexicanos.
Por otra parte, refirió que la primera emergencia que tiene el Estado es modificar sus programas de asistencia alimentaria a través de hacer sólo transferencias monetarias, que muchas veces se usan para consumir de productos chatarra en las poblaciones más vulnerables, y orientarlas a asegurar por lo menos un kilo de frijol para las familias, por lo menos cada semana.
Al presentar la campaña Alimentarme es mi derecho, Dinorah López, integrante del FIAN México; Yuritzin Flores, representante de Oxfam México, y Julieta Ponce destacaron que la reglamentación del derecho a alimentación, en proceso de discusión, debe estipular que “todas las personas tienen derecho a la alimentación desde antes de nacer y durante toda la vida y las autoridades del gobierno tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la alimentación sana o los medios necesarios para comer bien. Toda persona podría quejarse legalmente sí el Estado no cumple, porque es sujeto obligado del derecho a la alimentación”.
Además, se debe considerar que los pobladores del campo deben tener tierra para producir y comer y la ley debe reconocer la parcela ejidal y comunal, como patrimonio familiar inembargable, inalienable y sólo transferible a miembros de la familia.
Otros puntos que resaltaron debe incluir dicha reglamentación son: promover que los alimentos sean producidos en el país y nutritivos, como el maíz, el frijol, amaranto, nopal, hortalizas, pescado, huevo y leche, entre otros; garantizar el acceso permanente a agua limpia y libre de contaminantes para beber, sembrar y pescar; asegurar la lactancia materna y la atención eficaz de casos de desnutrición, obesidad y prevención de enfermedades.
Las representantes de la organizaciones recordaron que en México 27.4 millones de personas viven en condiciones de pobreza alimentaria, es decir, 1 de cada 4 mexicanos padece hambre. Paradójicamente, nuestro país también ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad: 7 de cada 10 mexicanos tienen exceso de peso.
Subrayaron que a partir de que en el año 2011 se reconoció el Derecho Constitucional a la Alimentación en México, “el Estado está obligado a garantizar el acceso al bien comer. La alimentación es un derecho humano fundamental y es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento”.
