Amparan a embotelladora de refrescos pese a declaratoria de emergencia sanitaria por obesidad y diabetes en el país
En días pasados, la organización civil El Poder del Consumidor anunció el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara un amparo a una embotelladora de la refresquera Coca-Cola y otras marcas de bebidas azucaradas, para comercializar libremente sus productos en Instituciones de Educación Superior.
Esto ocurre pese a la reciente declaratoria de emergencia y el supuesto compromiso del gobierno para fortalecer las acciones que le hacen frente a la epidemia de obesidad y diabetes enmarcada en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD).
Los lineamientos que regulan la oferta y expendio de alimentos en el Sistema Nacional establecidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación en 2014 con la intención de generar espacios saludables serán revocados parcialmente.
Este hecho sienta el precedente para que empresas comercializadoras de comida chatarra y bebidas azucaradas vendan sus productos con respaldo legal en estos espacios. La evidencia científica es contundente no solo en mostrar los daños a la salud del consumo frecuente de bebidas azucaradas, sino también en mostrar que la inadecuada oferta alimentaria en las universidades tiene un papel importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad entre los jóvenes. Modificar el ambiente, de obesogénico a saludable en estos planteles permitiría reducir el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad en la edad adulta.
Las estadísticas señalan que la presencia de sobrepeso y obesidad entre los adolescentes se duplica en la adultez (de 36.9 a 72.5% según la ENSANUT MC 2016) indicando que existe una ventana de oportunidad para prevenir el problema. Hay que recordar que México no solo tiene una de las tasas más altas de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad, sino que también es uno de los principales consumidores de refrescos y otras bebidas azucaradas al igual que alimentos altamente procesados con bajo valor nutrimental y a su vez altos en energía.
Es deber del Estado implementar todas las medidas posibles para garantizar espacios saludables en donde sea más fácil llevar a cabo una alimentación adecuada. Esta acción por parte de la SCJN constituye un retroceso para la salud pública del país, a costa de los intereses de una gran industria que ha demostrado un doble discurso: por un lado, simula estrategias de educación a la población y por el otro cabildea para invalidar regulaciones que afectan sus ventas.
La voluntad política de un gobierno y sus organismos es develada por la calidad de las políticas que implementa. En el caso de las regulaciones sanitarias implementadas en el marco de la ENSOD, El Poder del Consumidor señaló las deficiencias en su diseño las cuales favorecían claramente los intereses de la industria de bebidas y alimentos al establecer un etiquetado no solo inentendible por la población, también promotor de altas cantidades de azúcar y una regulación de publicidad dirigida a la infancia excesivamente laxa.
Hoy existen ejemplos de países con fuertes regulaciones que han logrado modificar la percepción y el consumo de bebidas y alimentos dañinos, así como la reformulación de productos en el caso de algunas pocas industrias con mayor responsabilidad social. En México lo que tenemos es una simulación de protección a la población, a expensas de la protección de las finanzas de unos cuantos.
