Ante emergencia sanitaria Estado mexicano debe regular precio de básicos
Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Movimiento Campesino, Indígena, Afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI manifestó que el Estado “hoy más que nunca” debe ser el responsable de regular los precios de productos de la canasta básica y evitar el acaparamiento de alimentos para evitar el desabasto y “alzas desorbitadas”.
En un comunicado, respaldó las medidas y estrategias impulsadas por el gobierno de México para mitigar la propagación masiva del coronavirus, empero acotó que “las compras de pánico aumentan los precios y el desabasto es el caldo de cultivo de la especulación. El gobierno no puede ignorar las fluctuaciones de los precios en la canasta básica, pues tal error podría tener consecuencias peores que las del mismo coronavirus”.
Consideró que es importante valorar el trabajo de las y los campesinos de México, ya que, de ellos provendrán la gran mayoría de los alimentos que requiere el país en estos momentos de emergencia y se deben incluir en la construcción de políticas públicas integrales para el campo, que garanticen la producción de alimentos sanos, nutritivos, justos y competitivos, y lograr el objetivo principal de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Por ello, planteó la necesidad de emprender una estrategia alimentaria, donde se considere reforzar la operación de los programas prioritarios (Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Sembrando Vida, Fertilizantes, entre otros), que amplíen su cobertura para asegurar que les llegue en tiempo y forma el apoyo a las y los productores.
El movimiento Plan de Ayala Siglo XXI también propone que el programa Precios de Garantía operé y amplié su capacidad de acopio de pequeños productores hacia el siguiente ciclo agrícola y que el nuevo “Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria (Maíz)” incluya a las y los pequeños y medianos productores excedentarios de maíz de todo el país.
Las organizaciones que integran este organismo, exhortaron a los gobiernos de los estados a que atiendan a los campesinos y evitar que se corten las cadenas de producción y de suministro. Es urgente y prioritario que se reconozcan los derechos, y salvaguardar la salud, de jornaleros agrícolas. Igual llamó al gobierno de México que condone el pago de agua y luz a las familias campesinas y populares más pobres.
Consideraron necesario promover el crédito mediante las cajas de ahorro o dispersores en el sector rural, ya que existe un potencial de colocación entre 14 y 17 mil millones de pesos disponibles, dando más certeza a dichos sujetos mediante un fondo de garantía liquida gubernamental, que represente una tercera parte de dichos montos. Esto acompañado de seguros agropecuarios y coberturas de precios y tasas de interés menores al 7% anual.
Para el sector pesquero propuso incentivar la producción de proteína de pescados y mariscos e institucionalizar el Programa de ordenamiento pesquero a medida de las aguas continentales; programa de reposición de peces (tilapia y otras especies); programa de inspección y vigilancia con apoyo de insumos (combustible, jornales y equipo). Diversificar la actividad pesquera de la acuicultura con apoyos de siembra y cultivo de peces en estanquería rústica con geomenbranas.
Otro planteamiento que hicieron es cambiar el modelo de desarrollo neoliberal por uno de desarrollo alternativo, basado en el mercado interno y quitándole el privilegio al mercado externo. “Es urgente que se implementen políticas de Estado para la restitución de ejidos y comunidades en los procesos productivos, de donde fueron desplazados mediante la venta de la tierra y/o la renta”.
Ante esta la emergencia sanitaria, las organizaciones hicieron un llamado al gobierno de México a entablar un diálogo circular y respetuoso para definir una política integral para el campo.
