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Detenido
Plantean incluir en esta mesa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para diseñar un sistema financiero rural y las facilidades administrativas fiscales para generar empleos en regiones marginadas”; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para abrir espacios de análisis y negociación con gobiernos y productores en el tema del capítulo agropecuario del TLCAN; a la Secretaría de Desarrollo Social, para sumar la asistencia social al Programa Especial de Empleo en Zonas Marginadas; y a la banca de desarrollo, para establecer un esquema financiero que permita el acceso de los pequeños productores a los Programas del Ejecutivo y garantice la adquisición de las cosechas nacionales, la infraestructura y el equipamiento rural.
También proponen la creación de una oficina en la Secretaría de Economía, que
auxilie a los productores a interponer salvaguardas y recursos antidumping.
En respuesta a los comunicados que días pasados emitieron algunas secretarías de Estado, las organizaciones reiteran su disposición al diálogo con el gobierno federal, el cual debe ser “público, abierto a todos los temas, con una agenda de común acuerdo, un calendario preciso, que genere acuerdos vinculantes, coordinado por un representante suyo (del Presidente) de reconocida capacidad de diálogo”.
En un extenso manifiesto, las organizaciones proponen medidas emergentes para la protección a productos sensibles, la reactivación del campo, la seguridad alimentaria y nutricional, mediante un programa para la competitividad de los productos estratégicos, creación de la reserva estratégica de granos con los campesinos, programa de empleo en zonas expulsoras de mano de obra, programa contra el hambre y la desnutrición en zonas rurales, entre otros.
Demandan la firma del Acuerdo Nacional para el Campo; condiciones para un debate de cara a la nación sobre la renegociación del TLCAN y la nueva política de Estado para el campo; la creación del consejo económico y social, con la participación de organizaciones campesinas y sindicales; reglamento del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
También proponen la reestructuración de políticas públicas para el campo, en las que se considere el objetivo de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, la rentabilidad, productividad y competitividad de los campesinos minifundistas del sector social y privado, y en consecuencia la reorientación del presupuesto del Programa Especial Concurrente y la modificación de las reglas de operación de SAGARPA y SEMARNAT, entre otras.
En cuanto a la agenda legislativa, consideran que debe incluir la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y Ley para la Administración del Comercio exterior de productos sensibles para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, entre otras.
En su carta, las organizaciones solicitan a Felipe Calderón que manifieste su disposición de revisar y renegociar, a través del diálogo con las organizaciones campesinas suscritas, el capítulo agropecuario del TLCAN; y a concertar una nueva Política de Estado para el campo.
También le piden girar instrucciones para retomar la propuesta de Reglas de Operación 2008 de los programas de SAGARPA y SEMARNAT propuestas por las organizaciones campesinas, y sancionadas en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; el cese inmediato de las campañas mediáticas sesgadas a favor del TLCAN y la actualización y publicación inmediata del nuevo reglamento interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
