Vacíos jurídicos permiten que familiares de narcos y de políticos sigan en Procampo

La Sagarpa reconoció que pese a la existencia de personas vinculadas con narcotraficantes en el padrón de Procampo, mientras tengan siembras lícitas no puede excluirlos del programa. Amparada también en la “legalidad” y pese a que el titular Agricultura, Alberto Cárdenas, ha reiterado que este programa beneficia a los más pobres, tampoco cuestiona la existencia de familiares de políticos en la “lista incomoda”

En la lista incómoda que ha salido a relucir en los medios se han encontrado el presidenciable gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y su madre; familiares del ex presidente Vicente Fox, y del ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga; de legisladores, dirigentes campesinos y grandes empresarios.

¿Ustedes no pueden hacer nada prácticamente aunque sepan que de esos terrenos esta beneficiándose gente que tiene que ver con el crimen organizado? Preguntó una reportera en la conferencia de prensa del titular de Sagarpa y otros funcionarios de la misma, el pasado jueves.

El director jurídico de la institución, Rodolfo González Muñoz, explicó que tiene que ser una autoridad judicial o ministerial, que la dependencia vigila el terreno y si encontramos una siembra ilícita inmediatamente se suspende.

También comentó que “la responsabilidad penal es personal, no se extiende a los familiares. Suponer que porque una persona comete un delito es prudente, necesario u obligatorio privar a sus familiares de beneficios, es plantear un nuevo marco jurídico penal.

Por eso no se extiende a los familiares. Por eso esperamos que sean las autoridades ministeriales o judiciales que determinen si estas personas son o no responsables de un delito”.

Indicó que los procedimientos de cancelación en el Procampo al mes de julio suman 11 mil 827, de los cuales 5 mil 349 se hicieron a través de procedimientos, 5 mil 125 corresponden a caducidad de derechos de los particulares y mil 576 a autoexclusiones, es decir cuando un particular señala que tiene una superficie menor a la que ha declarado para ser beneficiado. El funcionario justificó que no se tiene un número de hectáreas definido donde presuntamente se cometieron ilícitos, ya que los particulares han impugnado.

Alberto Cárdenas añadió que en el caso de cultivos ilícitos cuando el personal de la Sagarpa detecta algo pasa la información a la dependencia correspondiente para que intervenga y actúe en consecuencia. “Nosotros quisiéramos ayudar más en esta lucha contra el narcotráfico o con algún rediseño que pudiéramos hacer, sin desviarnos de nuestro objetivo principal, meter el brazo fuerte para la lucha contra esto que nos daña a todos”.

A pregunta expresa en el sentido si haría un llamado a los políticos para autoexcluirse o invitar a sus familiares a salir del Procampo –como sucedió en su caso y el de su madre Margarita Jiménez que dejo de recibir el apoyo cuando el fue nombrado secretario de Estado–, Cárdenas contestó que “no haría ningún llamado a nadie para deje o no de estar en el programa” y reiteró que la Sagarpa apoya la producción de alimentos.

No obstante, anunció que se hará una depuración del Procampo y si después de esta se encuentran anomalías sin importar del partido que sea el beneficiario, “hay que hacer un corte parejo”. Esta revisión tendrá un costo de 200 millones de pesos por año.

Los analistas han insistido que la ley establece lineamientos para que funcionarios y familiares no se beneficien del programa, refieren que el artículo sexto del Acuerdo que Modifica las Reglas de Operación de los programas de la Sagarpa, apunta que: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes reglas de operación, los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes técnicos o las secretarías de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de las entidades federativas, o de los municipios, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos o demás personas que al efecto o con sujeción a las disposiciones que prevean las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos”.

Depuración del Procampo

Sobre la depuración del listado de Procampo, la Sagarpa adelantó que entre las tierras que no deberían seguir recibiendo el apoyo, son aquellas que se hayan dado de baja por sí solas, las que siendo de carácter agrícola se convirtieron en viviendas de interés social, carreteras, parques industriales o algún otro uso urbano, y aquellas que no proporcionaron información a la autoridad o donde se detecte siembra de ilícitos.

La dependencia señaló que “otras ventajas que se obtendrán con la actualización y depuración del padrón es que la gestión de recursos al campo estará integrada; habrá transparencia y se evitará la discrecionalidad; habrá vigilancia por medio de imágenes de satélite y se generarán estadísticas actualizadas”.

Para evitar que se beneficien del Procampo quienes más tienen para el ciclo agrícola primavera-verano 2009, la cuota máxima de apoyo que se otorga a un productor es de 100 mil pesos, donde se encuentran 5 mil 800 agricultores que representan el 0.2 por ciento del total.

Para apoyar a los productores de menor escala, se creó una cuota especial que se denomina “cuota alianza”, a través de la cual, se aumenta el apoyo de 1 mil160 a mil 300 pesos por hectárea (ha), cuya decisión beneficia a 1.8 millones de productores de temporal y que son propietarios de cinco hectáreas o menos.

Por eso, a partir del presente ciclo agrícola, 1.8 de los 2.7 millones de agricultores que se benefician con los apoyos directos, reciben12 por ciento más recursos por hectárea, resalto la Sagarpa.

Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas demandó en un comunicado que se otorguen los apoyos del Procampo únicamente a beneficiarios que cultiven directamente la tierra y que se excluya a los rentistas de los beneficios del programa a fin de incentivar el arraigo y el desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores, así como evitar la concentración de los subisidios en pocas manos y el lavado de dinero.

Solicitó establecer cuotas diferenciadas a los productores depurados del Procampo y que a quienes tengan hasta 5 has se otorguen 2 mil 500/ha; de 6 a 10 has, 2 mil pesos/ha; de 11 a 20 has,  mil 500 pesos/ha; y de 21 a 40 has, mil 250/ha.

Además de una cuota adicional del 25 por ciento a productores que suscriban y cumplan y contrato multianual para el desarrollo de prácticas agrícolas más sustentables.

También planteó que sea obligatoria la entrega de los apoyos del Procampo con dos meses de anticipación a las fechas de siembra; incorporar al padrón de éste a los productores de granos básicos de menos de 5 has del sur-sureste del país, quienes están excluidos.