El Estado debe intervenir para garantizar el pleno derecho a la alimentación: FAO

Nuria Urquía Fernández, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en México, expuso que ante los problemas de obesidad y desnutrición, así como el gasto que se destina a la solución de enfermedades hay que empezar a pensar que la educación nutricional es igual o más importante que la política productiva.

Dimensionó esta problemática al referir que 15 por ciento del gasto en salud se destinan a curar males como diabetes, lo cual es un problema muy grave.

Al participar en el XII Foro de Expectativas del sector agroalimentario y pesquero que realizó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Sagarpa, recordó que hay 35 millones de mexicanos obesos, 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso, y hay un problema de obesidad infantil muy importante.

En este foro expertos coincidieron en que el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, que se hizo oficial el 16 de octubre de 2011, es una gran oportunidad para erradicar el hambre en México y, de paso, regular de mejor forma la producción, distribución y comercialización de productos agropecuarios, que hoy presentan un enorme problema de concentración, lo que genera incremento de precios de manera injustificada y dificultan el acceso a alimentos en los sectores de la población más vulnerable.

De acuerdo con el análisis de Vera Scholz Hoss, consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para el monitoreo y evaluación del derecho a la alimentación, es importante la intervención del Estado para alcanzar el pleno goce de dicha garantía constitucional a través del diseño y aplicación de políticas públicas y regulación de las empresas, a fin de que no obstaculicen el abatimiento del hambre y la desnutrición.

Hizo referencia a que en el modelo tradicional de respeto a los derechos humanos, como son el acceso a los alimentos y al agua, no se puede hacer responsable de una violación a dichas garantías a las empresas, dado que son los gobiernos, quienes deben de asumirla.

No obstante, se está avanzando en el tema y ya existen modelos para exigir a las empresas el respeto de los derechos humanos. Una forma indirecta, es que los gobiernos al tener la obligación de vigilar el cumplimiento de las garantías fundamentales, pueden obligar a terceros, en este caso las empresas, a respetar el cumplimiento del derecho a la alimentación mediante códigos de conducta legales y voluntarios.

La especialista destacó que el gobierno debe respetar el derecho a la alimentación mediante la no obstrucción de su complimiento a través de políticas o leyes; también debe proteger dicha garantía constitucional para que corporaciones o empresas no priven a las personas del goce de alimentos nutritivos.

Scholz Hoss añadió que quizá el eje más importante es cumplir la ley y esto incorpora las obligaciones de facilitar y suministrar una alimentación nutritiva a toda la población.

Por otra parte, la violación al derecho a la alimentación se puede presentar por dos vías: acción directa u omisión. La primera tiene que ver con que el Estado obstaculice la garantía constitucional a través de la aplicación de políticas públicas erróneas y que no establezca un control sobre las empresas que controlan la distribución de los alimentos.

Asimismo, la omisión de tomar medidas necesarias para controlar las acciones legales constituye una violación a dicha garantía constitucional, señaló Vera Scholz.

Las empresas del sector privado juegan un papel cada vez más importante en la distribución de los alimentos y el suministro del agua, y su participación a pesar de que puede mejorar la eficiencia de dichos servicios, generalmente deriva en incrementos en los costos que los sectores más pobres no pueden sortear, subrayó.

En el caso del agua, ejemplifica la especialista, los pobres de las comunidades rurales y urbanas padecen una doble discriminación, por un lado padecen tarifas muy elevadas y al mismo tiempo, una mala calidad del servició y del líquido.

Refiere que el facilitar el acceso a la alimentación tiene que ver con proveer de opciones laborales con salarios justos para que las personas puedan comprar alimentos necesarios para completar su nutrición; el suministro tiene que ver con la proveeduría de la comida cuando las familias no tienen la posibilidad de adquirirla.

Vera Scholz indica que mientras no se involucre a instituciones como el DIF, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), Sagarpa, Secretaría de Salud y todas las demás que tengan que ver con el tema; en una política transversal, no lograremos el objetivo de la soberanía alimentaria en México.