Enfrentan PSP retraso de pagos, falta de incentivos e inseguridad

Como cualquier trabajador, los Prestadores de Servicios Profesionales, que brindan asistencia técnica y capacitación a los productores rurales, demandan un pago adecuado y a tiempo por su labor, esto los motivaría a hacer bien las cosas y a cumplir los objetivos para los cuales fueron contratados.

Sin embargo, las dependencias de gobierno, que representan 95 por ciento del mercado de “extensionismo,” tardan desde tres meses y hasta un año en liberar los pagos de los PSP. “Sale más caro el caldo que las albóndigas, porque en vez de generarnos un ingreso, estos proyectos –en ocasiones- hacen que nos endeudemos hasta que nos paguen,” comparte José Ángel García, consultor independiente en evaluación de proyectos agropecuarios de Culiacán, Sinaloa.

Es mucho más fácil trabajar con el sector privado -que no depende de apoyos de gobierno-, que con el sector social; porque los primeros son empresarios que tienen una visión y cultura de negocios: saben que se tiene que invertir para alcanzar un mejor desarrollo y pagan por ello.

En cambio, argumenta, cuando colaboro con organizaciones o cooperativas de productores, muchas veces lo que quieren es que les ayudes a bajar los apoyos de gobierno y listo. Sólo tienes que meterte a llenar los engorrosos formatos. Los proyectos productivos no avanzan, no tienen continuidad.

Muchos sólo quieren tener su camioneta y un dinero para vivir. Pero eso tiene que ver con la cultura de las personas, hace falta desarrollar una visión empresarial en los productores. Aunque se han hecho varios intentos por lograrlo, estos han fracasado por la falta de seriedad de las políticas o porque no les interesa a esos agricultores, añade José Ángel García.

Evaluación e incentivos

Por otra parte, los PSP se encuentran en una zona de confort, únicamente se dedican a la “tramitología” de bajar recursos y le cobran al beneficiario un porcentaje de ese dinero. Me he encontrado a técnicos que 30 o 50 por ciento de los apoyos que bajen, depende de los arreglos a los que lleguen con los productores, destaca Eduardo Granados, consultor técnico y financiero de Puruándiro, Michoacán.

La falta de un mecanismo de evaluación e incentivos para los PSP propicia esta falta de compromiso con el desarrollo de los productores y sus proyectos, pues los pagos que recibe alguien que si cumple con todos los objetivos para los que fue contratado, es decir, que acudió a las reuniones, que asesoró la siembra y dio seguimiento al crecimiento de los cultivos; son iguales a los de un técnico que no hizo bien su trabajo.

Eduardo plantea la instauración de un sistema que permita evaluar de mejor forma el desempeño. Se necesita un modelo similar al que operan las instituciones bursátiles, “que a través del buen desempeño y participación en cursos, talleres y conferencias de actualización, los técnicos se mantienen habilitados para ofrecer sus servicios”.

Platica que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), brinda espacios para la actualización de los técnicos de buena calidad, pero que estos no son de carácter obligatorio. Así que no pasa nada si no te actualizas.

Lo que sí, es que para ser un consultor habilitado por esta institución es necesario cubrir un perfil académico, contar con experiencia y aprobar un examen: que muchos reprueban. Es un buen filtro.

Víctor Hugo Cruz Alvarado, consultor técnico agropecuario de Valleflores, Chiapas, coincide en que el trabajo que realizan los técnicos debe supervisarse de mejor forma, aunque por el retraso en la entrega de los pagos a los técnicos muchas veces también se retrasan o no se cumplen los objetivos que se fijan en los proyectos.

En Sinaloa existen muchos cursos, platicas y conferencias y son muy importantes. Debido a las condiciones del clima que enfrentamos en la entidad, tenemos que traer nuevas tecnologías al campo que permitan el desarrollo de la producción en este escenario de falta de agua, refiere Leonel Alonso Sánchez, consultor técnico agropecuario de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Hace falta una institución u organismo que regule el trabajo de los técnicos y que brinde incentivos a los que tienen un mejor desempeño.

Inestabilidad laboral

Nehemías de la Rosa, del despacho Promotores del desarrollo rural sustentable, del estado de Guerrero, expone que en teoría nuestro patrón es el productor, pero en la realidad a quien se le tiene que rendir cuentas es al gobierno, porque son las dependencias quienes nos pagan, quienes liberan los recursos.

Los funcionarios son los que deciden a quien se le asignarán los proyectos y muchas veces no se contrata a quienes dan mejores resultados, sino a los que tienen una mejor relación extra-profesional con los funcionarios.

Al ser profesionales independientes, acusa Leonel Sánchez, no tenemos prestaciones laborales, como seguridad social, vacaciones y menos un seguro de vida. Si se trabaja para un despacho, quizá se puedan adquirir algunas prestaciones, pero muchos despachos sólo subcontratan a los técnicos por proyecto y no les ofrecen estabilidad laboral.

Tanto los despachos, como los técnicos independientes que ofrecen sus servicios a través de los programas gubernamentales vamos sobreviviendo al día, porque no existe una política de multianualidad que garantice un ingreso en un periodo de tiempo mayor a un año, indica Nehemías de la Rosa.

Los despachos que subcontratan a los técnicos que realizaran las tareas en campo muestran inconformidad por el trabajo del PSP, y ellos, a su vez, piensan que reciben un pago por debajo del que merecen. Esto genera que los proyectos se queden a medias, que se abandonen y se estanque el desarrollo, agrega.

Cuando el estado trasladó el sistema de extensionismo a los privados, también traslado toda la carga laboral y fiscal; el problema con esta última es que en las comunidades marginadas no se emiten facturas y los PSP tienen que pagar impuestos ¿cómo le podemos hacer?, se pregunta, porque la (Secretaría de) Hacienda nos da un trato como si fuésemos una empresa del sector comercial y no lo somos.

Eso nos descapitaliza mucho, tanto a personas físicas como a morales. Para un despacho es casi insostenible ofrecer prestaciones a su personal por la incertidumbre en la entrega de los recursos federales de los programas y la discontinuidad de los proyectos asesorados.

Inseguridad freno al extensionismo

Por si fuera poco la falta de prestaciones laborales de los técnicos, estos llegan a sufrir amenazas por parte de organizaciones criminales cuando intentan realizar su trabajo, sobre todo en las comunidades más marginadas y alejadas. Las que se ubican en las zonas serranas.

En el estado de Guerrero, por ejemplo, donde trabajan los técnicos y especialistas del grupo de empresas que conforman el despacho Promotores del desarrollo rural sustentable, nos hemos enfrentado con amenazas serías por parte de criminales, comenta Nehemías.

Los técnicos tienen que pedir salvoconducto a esas personas para poder trabajar. Sólo estamos esperando a ver en que momento alguien viene por nosotros ya sea en las oficinas o en campo. Todo el tiempo voltean a los conductos y a sus espaldas para cerciorarse de que nadie los sigue.

La inseguridad complica mucho la situación. En Guerrero no se puede trabaja en paz desde hace, aproximadamente, siete años. Este hecho ha provocado la migración y desplazamiento de comunidades enteras. “Los técnicos le jugamos al héroe porque hay mucha de necesidad de supervivencia, pero no podemos ir más allá porque ya se vuelve secuestrable la gente,” platica.

Por su parte, Leonel Alonso cuenta que la inseguridad es algo que siempre ha existido y ahora más. Muchos deciden no acudir a ciertas zonas que se sabe son peligrosas y que están apartadas. Por ejemplo, algunas partes de los municipios de la Angostura, Mocorita y Guasave.