Recomienda OCDE reducir o eliminar subsidios a electricidad para bombeo agrícola y combustibles
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda al gobierno mexicano reducir o eliminar los subsidios destinados a la electricidad para bombeo de agua y para combustibles, así como reorientar apoyos agrícolas, incluido Procampo, y diseñar una “estrategia coherente y horizontal” en el Programa Especial Concurrente (PEC) rural.
En su estudio México mejores políticas para un desarrollo incluyente, el organismo internacional plantea que “reducir o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y a la electricidad para bombear agua aumentaría la congruencia entre las políticas agrícolas y la sostenibilidad ambiental”.
Los efectos sobre el medio ambiente son “catastróficos”, anota la OCDE en otro análisis y refiere que más de 100 acuíferos de los más importantes de México están sobrexplotados.
Indica que los subsidios eléctricos para extracción de agua para riego tan sólo en 2010 representaron 6.6 millones de pesos y, además, tienen un carácter regresivo, dado que alrededor del 80 por ciento de éstos lo absorbe 10 por ciento de los agricultores más ricos.
Dentro de las propuestas para el sector rural, el estudio referido propone consolidar el PEC, que en su condición actual constituye más un inventario de programas, “mediante la elaboración de una estrategia coherente, horizontal, que comprenda políticas de infraestructura, salud, educación, sociales y ambientales para fomentar el desarrollo de las zonas rurales”.
Sugiere abandonar los subsidios agrícolas a insumos variables y a medidas relacionadas con los precios, ya que “está demostrado que los apoyos al sector agrícola son más eficientes cuando no están vinculados al volumen y tipo de producción, ni a insumos específicos”, para reorientarlos hacia inversiones dirigidas a innovación e infraestructura, a fin de mejorar el desempeño y aumentar la competitividad del sector.
También propone revisar y clarificar los objetivos de Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo), con el propósito de destinar los fondos disponibles a metas explícitas y a beneficiarios adecuados, ya que “los grandes productores se siguen beneficiando de manera desproporcionada del apoyo a la agricultura”.
Reconoce que con las políticas instrumentadas en México, se han reducido las distorsiones en los apoyos y mejorado el ingreso de los agricultores, ya que la ayuda total del gobierno para los productores se ha reducido del 28 por ciento del ingreso agrícola bruto entre 1991 y 1993 al 12 por ciento, entre 2009 y 2011, y hoy es inferior al promedio de la OCDE, que es de alrededor del 20 por ciento.
Explica que “se trata de un avance muy positivo, ya que el apoyo del gobierno a los productores por lo general distorsiona la producción y el comercio, y es relativamente ineficaz para aumentar la productividad y la competitividad, garantizar el uso sostenible de los recursos o ayudar a los agricultores a enfrentar los riesgos”.
El estudio puntualiza que entre 2009 y 2011, la ayuda del gobierno mexicano basada en los precios de producción (una de las formas de intervención que más distorsiona) representó 24 por ciento del apoyo a los productores; los pagos basados en el uso de insumos representaron 50 por ciento y otros pagos de apoyo con menos efectos de distorsión, 26 por ciento.
Avanzar en administración de riesgos y tenencia de la tierra
Por otra parte, asevera, una mejor política de gestión de riesgos ofrecería a los agricultores las herramientas necesarias para administrar sus propios riesgos y hace falta apoyos públicos para ayudarlos a hacer frente a riesgos catastróficos inevitables, como las recientes sequías. En este caso, el apoyo debe definirse con anticipación, con parámetros claros y previsibles.
En materia agraria, el organismos apunta que las reformas de 1990 al sistema de tierras comunales tuvieron un efecto limitado, por lo que llama a considerar la conveniencia de eliminar gradualmente las restricciones vigentes sobre la propiedad y la compraventa de la tierra, una vez que se hayan fortalecido las políticas y la red de protección sociales.
El organismo insiste en que resta eficacia a la política agrícola la falta de claridad de las funciones institucionales de las dependencias gubernamentales que tienen relación con la agricultura, la pesca y el desarrollo rural y respecto a la duplicidad de actividades. En ocasiones, las estrategias incongruentes entre la amplia gama de programas del gobierno han reducido los efectos del considerable gasto público que México hace en este sector.
La OCDE resume que las prioridades para las zonas rurales en México son la reducción de la pobreza, la provisión de servicios públicos básicos, el fortalecimiento de la productividad agrícola y la diversificación de la economía rural y el mejor aprovechamiento y preservación de los recursos naturales, culturales y energéticos. Estas prioridades sobrepasan el ámbito de actuación de cualquier secretaría, por lo que es necesaria la coordinación institucional para llevarlas a cabo eficientemente.
