Acceso a crédito para producir alimentos debe ser política de Estado
Acceso a crédito y servicios financieros con tasas no mayores a 5% anual deben ser política de Estado para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo, señaló la ANEC.
Como parte de una política de Estado, en México se requiere de una nueva estrategia de financiamiento para la producción alimentaria y el desarrollo social y productivo de las pequeñas y medianas unidades de producción y de las localidades rurales de todo el país, señaló la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
A partir de la obligación del Estado de “promover el desarrollo productivo” se debe obligar a la banca privada y de desarrollo a canalizar al menos 30 por ciento de los depósitos a la vista para el financiamiento productivo a tasas no mayores al 5 por ciento anual, propuso.
La organización se pronunció por establecer una política de Estado para financiar la autosuficiencia alimentaria a partir de la agricultura familiar, con regulación del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la participación de la banca de desarrollo y banca privada y el desarrollo de un masivo programa de formación y desarrollo de intermediarios financieros y cooperativas de ahora y préstamos propiedad de los productores y pobladores rurales.
Dicha estrategia de financiamiento –delineó– deberá estar asociado a un nuevo modelo de asistencia técnica en manos de los productores organizados y programa de fortalecimiento de un nuevo asociacionismo económico de los pequeños y medianos productores así como de los ejidos y comunidades del país.
En un comunicado, la ANEC resaltó que como parte de tres décadas de abandono deliberado del campo y del desmantelamiento de la capacidad productiva agroalimentaria local y nacional, el financiamiento ha desaparecido como instrumento estratégico de fomento productivo y de desarrollo local.
“Prácticamente no existe crédito a la producción agroalimentaria ni servicios financieros para la mayoría de las unidades de producción y localidades rurales del país. El sector productivo agropecuario y la población rural sufren de una inaceptable exclusión financiera, además de una exclusión económica, social, cultura y política”, recalcó.
Esta exclusión financiera –apuntó– es reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), donde se reconoce que sólo 6 por ciento de las unidades de producción rural tiene acceso al crédito formal y que la banca de desarrollo y mucho menos la banca privada cumplen con su obligación legal e institucional de “fomentar las actividades productivas” del país.
Las propuestas recientemente anunciadas por el gobierno federal y el “Pacto por México” en materia de “reforma financiera” prácticamente no hacen referencia a la exclusión financiera del sector agropecuario, forestal y pesquero y se concentran en hacer llamados a la buena voluntad de la banca privada para que aumenten su penetración en el sector y bajen tasas de interés.
A cambio, añadió la ANEC, se propone facilitar la disposición de las garantías crediticias e incluso, establecer la figura del arraigo preventivo de los acreditados morosos. Todo queda en la autorregulación y buena voluntad del sistema bancario “mexicano”. Por tanto, es de esperar que aún con más subsidios públicos que se canalicen a la banca privada y facilidades fast track para tomar garantías y presionar a los morosos, no aumentará significativamente el crédito rural ni muchos bajaran las tasas de interés y los costos de transacción.
La organización demandó al gobierno federal un diálogo político y democrático con las organizaciones de productores para el establecimiento de una política de Estado para la soberanía y la autosuficiencia alimentaria con base en el fomento productivo del 85 por ciento de las pequeñas y medianas unidades de producción hasta ahora excluidas, con un modelo sustentable de producción, sin transgénicos y sin monopolios.
La ANEC plateó que vinculada a la nueva estrategia de financiamiento debe impulsarse un nuevo sistema de comercialización que garantice precios remunerativos a los productores, certidumbre en la venta de cosechas, un mecanismo de administración integral de riesgos, una asistencia técnica universal a ras de tierra y controladas por las organizaciones locales de productores y un nuevo asociacionismo de pequeños y medianos productores así como de los ejidos y comunidades a los largo y ancho del país.
Sin regulación y rectoría del Estado en materia de financiamiento productivo la intención de la reforma financiera del gobierno federal y del “Pacto por México” volverá a quedarse como un llamado a misa, concluyó.
