Sugiere OCDE focalizar y transparentar el Procampo
La OCDE recomendó a México una focalización y mayor transparencia del Procampo, así como incrementar la claridad de los objetivos del programa, con el propósito de destinar sus fondos a metas específicas y a los beneficiarios adecuados.
En su publicación Getting It Right, una agenda estratégica para las reformas en México, el organismo sugiere “orientar los apoyos a la agricultura hacia inversiones dirigidas a la innovación e infraestructura, alejándose de subsidios distorsionantes sobre insumos variables y medidas relacionadas con precios”. Esto, argumenta, para mejorar el desempeño y aumentar la competitividad del sector.
El organismo internacional, propone realizar una evaluación rigurosa del importante incremento en subsidios a contratos de cobertura contra variaciones de precios, dado que “los costos de subsidiar opciones internacionales de venta y de compra sobre los precios de los contratos se están volviendo muy elevados. El gasto total en 2011 fue apenas ligeramente menor al costo de todo el Procampo”.
Insiste en la necesidad de reducir o eliminar los subsidios a la electricidad para bombeo de agua y a los combustibles. En contraste, anota, se podría dar un apoyo específico a la producción de energías renovables a través de residuos agrícolas.
La OCDE también plantea a México fortalecer el Programa Especial Concurrente (PEC) rural, formulando una estrategia horizontal coherente, dado que para poder aprovecharlo plenamente debería crearse un marco integrado de políticas, del que parta una estrategia nacional conjunta con metas y prioridades comunes en materia de desarrollo rural. “Los primeros pasos en este sentido deben incluir aumentar la transparencia de los criterios para la inclusión de programas en el PEC y entablar un diálogo que pudiera producir como resultado la fusión, la transferencia y la eliminación de ciertos programas”.
Argumenta que el PEC hoy opera más como un inventario de programas que como una herramienta para explotar las sinergias existentes entre programas que inciden áreas rurales, e incluye programas e instituciones que no necesariamente se orientan al desarrollo rural. Esto produce una imagen poco precisa de la estrategia federal de política rural y proporciona datos sobre “el gasto rural” que no corresponden plenamente a la realidad.
Otro aspecto que incluye las recomendaciones, es el adoptar un enfoque multisectorial para el desarrollo rural y centrarse en la promoción de modos innovadores para prestar servicios indispensables para la población que vive en el campo y a negocios no agrícolas.
México, según el estudio, tendrá que promover una gestión de riesgos más amplia, proporcionando información e impartiendo capacitación a los agricultores para ayudarlos a enfrentar los riesgos catastróficos inevitables.
La OCDE plantea que nuestro país debe reorientar los instrumentos de política hacia la prestación de servicios generales que faciliten la difusión de innovación en el sector agroalimentario, donde contempla sistemas de información agrícola, investigación y desarrollo públicos enfocados en demandas locales específicas, educación y capacitación agrícola, asesoría técnica y económica a fin de asesorar a los agricultores para mejorar productividad, competitividad e inversión en infraestructura, especialmente para transporte, irrigación y comercialización de productos agrícolas.
Al referirse a la tenencia de la tierra, el organismo considera que conforme se vayan formulando políticas para responder a las necesidades señaladas, México podría retirar paulatinamente las restricciones actuales a la propiedad y el comercio de la tierra.
Por último, señala que el gasto público en investigación y desarrollo, capacitación y educación para la agricultura, y los servicios de inspección alimentaria —que facilitarían la inversión, la innovación y mejorarían el desempeño general de la agricultura— es relativamente bajo en comparación con el promedio de la OCDE.
El apoyo general –continúa– a los servicios e infraestructura que benefician al sector agrícola en su totalidad representa sólo 11 por ciento del apoyo total a la agricultura, muy por debajo del promedio de la OCDE que es del 26 por ciento. Este porcentaje ha permanecido constante en las últimas dos décadas en comparación con una tendencia creciente en la OCDE.
