¿A dónde va la Reforma del campo?
Propone más apoyos a pequeños productores, un sistema de financiamiento integral y programa de compras gubernamentales…
La reorientación de apoyos prioritariamente hacia productores pequeños y medianos, un sistema de financiamiento integral para el campo, donde Proagro, Progan y Procafé sirvan como garantía para obtener crédito, y el establecimiento de compras públicas por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales, son algunos cambios que plantea el “Acuerdo Marco para la Reforma del Campo”.
De acuerdo con la propuesta preliminar de dicho ordenamiento, la política pública y los programas deberán transitar de un modelo agroalimentario asistencialista a uno de incentivos a la productividad, y se deberá contar con presupuestos multianuales —una vieja demanda de los actores del medio rural — para dar garantía a las inversiones en el sector.
Los apoyos de Proagro productivo, según el documento, estarán encaminados a incentivar la agricultura familiar y a productores minifundistas, por lo que el monto máximo para recibir el apoyo será de hasta 20 hectáreas por unidad productiva. Con esto, “no sólo se reducirá drásticamente la regresividad del instrumento”, sino que además se generarán ahorros que luego se podrán canalizar a los productores su capitalización y mejoras productivas.
Un aspecto que llama la atención ante la reformas energética recién aprobada, es el planteamiento que hace el texto sobre “garantizar a los productores, como ya lo señaló el Presidente de la República, que se mantendrá el régimen de la propiedad de la tierra”.
El objetivo central de la Reforma del campo, “es alcanzar la seguridad alimentaria y ejercer plenamente la soberanía alimentaria, lo que contribuirá a hacer válido el derecho a la alimentación consagrado en el artículo IV de la Constitución”.
El texto también habla de una participación más activa de Liconsa en compras directas al mercado doméstico y de promover el “Sistema nacional de compras públicas”, que involucre a los gobiernos federal, estatales y municipales, orientado a pequeños y medianos productores.
También propone resectorizar a Diconsa en la Sagarpa, fortalecerla y promoverla como una empresa pública que participe como un nuevo competidor en el mercado agroalimentario, en acopio y comercialización al menudeo.
La Reforma para el campo –refiere el documento– promoverá el resurgimiento de las industrias nacionales de semillas y de fertilizantes, para elevar la oferta de ambos insumos, disminuyendo la dependencia externa. De hecho, Pemex avanza en la implementación de plantas de urea y amoniaco, con lo que será posible sustituir importaciones. En paralelo se fomentará la investigación y desarrollo de herbicidas orgánicos y biofertilizantes.
De acuerdo con dicho borrador, un instrumento clave para romper las limitaciones de escala de una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas es la asociatividad y formación de agroclúster; con el sistema nacional de agrologística y agroparques se promoverá una más eficiente articulación entre áreas de producción, conglomerados agroindustrias (agroclúster) y los mercados de destino y consumo, para reducir costos de transacción y elevar la competitividad.
Sistema financiamiento integral al sector agroalimentario
El borrador abunda en la necesidad de promover un “sistema de financiamiento integral”, formado por la banca de desarrollo, fideicomisos financieros, banca especializada, dispersores de crédito e intermediarios financieros sociales y no bancarios y fondos de garantía que permitan ofrecer condiciones de financiamiento competitivo en tasas de interés, plazos, oportunidad y garantías asequibles. Todo esto acompañado de sistemas de aseguramiento.
La Reforma, “promoverá que la banca de desarrollo considere como nuevas fuentes de garantía y de pago los flujos de incentivos futuros de componentes con padrones de beneficiarios como Proagro productivo, Progan y Procafé”.
Respecto a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, resalta que ésta se especializará en la atención del segmento de productores medianos y pequeños, pero con potencial productivo y pasará de atender la demanda a ser promotora de crédito. Además, se fortalecerá integrando a FOCIR en capital de riego y a Agroasemex en la parte de los seguros
El propósito central, en materia financiera, es atender un mayor número de productores y actividades productivas con tasas competitivas (de un dígito), con oportunidad, mejores esquemas de mitigación de riesgos y garantías asequibles a los distintos estratos de productores, particularmente pequeños y medianos.
La Reforma promoverá la creación de bancos regionales especializados privados y fortalecerá los intermediarios financieros sociales, regulados por la CNBV, que operan en zonas de alta y muy alta marginación y cuya población objetivo son pequeños productores, indígenas y microempresas, para que otorguen servicios financieros integrales (ahorro, crédito, seguros y medios de pago).
Presupuesto de largo plazo
Al destacar la necesidad de establecer una política y presupuesto multianual en los programas y proyectos estratégicos de Sagarpa en coordinación la SHCP, manifiesta que el principio de anualidad presupuestal limita también las inversiones productivas, así como la planeación efectiva de mediano y largo plazos.
“La producción del sector primario –subraya– se distingue por una mayor incertidumbre con respecto a otros sectores, como la manufactura y los servicios, debido a que esta sujeta a los efectos del cambio climatico y a la volatilidad de precios que se dan en una economía abierta e integrada a los mercados”.
Por otra parte, se vuelve imperativo orientar la política pública a fomentar bienes públicos (proyectos de infraestructura productiva, innovación y transferencia de tecnología, asistencia técnica, sanidad e información, entre otros), los cuales generan mayor beneficio a grupos de productores, comunidades y regiones; en comparación con los apoyos a productores individuales.
El documento alude a la necesidad de contar con una “planeación estratégica” para tener un balance de oferta y demanda, por lo que se fortalecerá el tablero de control, ya en marcha, para evitar desequilibrios de déficit y superávit agroalimentarios y promover precios justos al productor y consumidor.
La propuesta enfatiza la necesidad de diseñar un “extensionismo holístico”, que consiste en el acompañamiento técnico en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Esto deberá estar acompañado de un sistema integral para el desarrollo de la investigación científica y la transferencia de tecnología, a partir de las necesidades reales de los productores.
En otro tema, propone elevar a rango constitucional las materias de sanidad e inocuidad alimentaria, para que las regulaciones locales estén acordes con la política nacional, así como emitir una nueva ley en esta materia, lo que dará mayor certeza y competitividad al sector.
En terminos gerales, la Reforma del campo “deberá seguir avanzando en nuevas reglas de operación y lineamientos simplificados, sencillos, claros y transparentes que hagan más ágiles los procesos que coadyuven a la rendición de cuentas y el uso transparente de los recursos públicos, así como mejorar los tiempos de respuesta”.
Al respecto, expone que el “código agroalimentario” permitirá depurar, compactar e integrar la legislación existente, por lo que se tiene previsto la revisión de 16 leyes y 11 reglamentos.
La propuesta busca fortalecer la cadenas productivas agropecuarias y pesqueras, alcanzar una real sinergia para la transformación del campo, donde es necesaria la alineación funcional de los gobiernos federales, estatal y municipal.
