Acentuó desigualdad, pobreza, migración y generó la perdida de 2 millones de empleos en el medio rural.
Organizaciones campesinas de todos los colores partidistas e independientes, aseguran que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha propiciado el empobrecimiento de los pequeños y medianos productores, la perdida de la soberanía alimentaria y de alrededor de 2 millones de empleos en el sector rural, con lo que aumentó la migración y se acentuó la expansión del crimen organizado.
Los defensores del TLCAN, refieren que éste ha permitido que aumente el flujo comercial agroalimentario entre México y los Estados Unidos; pero sus detractores indican que sólo se han beneficiado las grandes empresas transnacionales y un pequeño grupo agro exportador que no rebasa más de 600 mil, mientras que cinco millones de unidades de producción sobreviven ante la “mano invisible del mercado”.
Incluso la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), que en su momento avaló la firma del TLCAN, reconoció que a 20 años de haberse firmado es necesaria su “reingeniería”, sobre todo en el capítulo agrícola, que ha sido el sector más perjudicado, ya que México tiene una dependencia alimentaria de casi 50 por ciento de los alimentos que demanda la población, principalmente con los Estados Unidos. El saldo ha sido una balanza agropecuaria deficitaria para nuestro país.
De acuerdo con un análisis difundido por la CNC, “en dos décadas del TLCAN agropecuario ha crecido la migración hacia los Estados Unidos y a las ciudades más grandes mexicanas; lo que ha traído en consecuencia que el agro nacional se encuentre cada vez más sin productores; el aumento de la pobreza en el área rural y que las actividades del campo, entre otras muchas más razones, sólo haya quedado en su mayoría bajo la responsabilidad de las mujeres y los ancianos”.
Desde la entrada en vigor del TLCAN, el primero de enero de 1994, cerca de 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a los Estados Unidos o a las ciudades, y otros 5 millones de productores eligieron dedicarse a distintas actividades con mejores remuneraciones, apunta el estudio “Estado eficaz: modernización de la administración pública mexicana para atender al campo”.
Con TLCAN seguimos siendo un país tercermundista
Por su parte, organizaciones que se manifestaron al empezar 2014 en el Puente internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, como el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, (AMUCSS), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), expresaron que no hay nada que celebrar a 20 años del TLCAN, que es “un océano de mentiras y promesas incumplidas”.
Argumentaron que cuando se firmó dicho acuerdo comercial, “nos dijeron que íbamos a ser un país de primer mundo y hoy seguimos viviendo como un país tercermundista, pero en descomposición y en pérdida acelerada de independencia y soberanía”.
En su protesta también rechazaron el Tratado Transpacífico (TPP), “por estar negociándose en secreto, sin nuestra participación y por ser igual o peor que el TLCAN. También desconocemos la llamada reforma energética por no habernos consultado y por tanto carecer de legitimidad, por atentar contra los principios de nuestra Constitución y por entregar nuestros recursos estratégicos al extranjero”.
Las organizaciones cuestionaron: “¿de qué han servido las privatizaciones, la apertura comercial, el crecimiento del comercio y la inversión extranjera? De qué han servido si no ha crecido nuestra economía y en cambio sí ha aumentado la desigualdad, la pobreza, la migración, el precio de los alimentos, el desorden y monopolización de los mercados, la inseguridad y el despojo de nuestras tierras, aguas y recursos”.
Argumentaron que con el TLCAN y el abandono del campo, el gobierno ha promovido la violencia y el crecimiento y control del crimen organizado en el medio rural y también en todo el país.
Por ello, consideraron que 20 años del TLCAN son suficientes y debe haber un cambio para recuperar la soberanía alimentaria, además demandaron precios justos para las cosechas, seguridad en el proceso de comercialización, establecer una política de Estado multianual, un nuevo modelo de producción sustentable de alimentos sanos, sin transgénicos y sin monopolios,
Entre sus demandas además plantearon el respeto irrestricto al ejido y la comunidad y rechazaron los programas asistencialistas y el manejo clientelar y político-electoral de los programas y recursos públicos.
Por su parte, el senador Gerardo Sánchez García, quien también dirige la CNC, dijo que este año habrá una reforma profunda al campo, con la finalidad de revertir las tendencias negativas y darle prioridad a este sector como lo han hecho la mayoría de los países.
Entre las propuestas de solución de su central, está la necesidad de emprender programas de modernización de la administración pública de manera integral y a fondo, a fin de que opere con mayores índices de eficiencia en beneficio de los productores del campo mexicano, de su productividad, innovación y desarrollo de capacidades.
Lo anterior, agregó, implica corregir duplicidades, precisar responsabilidades, racionalizar y simplificar estructuras que, en lo esencial, se mantiene en la actualidad.
De acuerdo con el análisis de la CNC durante los 12 años de régimen panista el 83 por ciento de los productores recibió alrededor del 48 por ciento de los recursos federales, que comparados con 5.3 por ciento de los agricultores más importantes, quienes percibieron 30.7 por ciento, evidencia la dispersión, falta de concurrencia y concentración de los subsidios, lo que ha diferido el desarrollo económico y social de los trabajadores del campo, especialmente los que viven en zonas vulnerables.
La CNC cita que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que en dicho periodo 10 por ciento de los productores más pobres obtuvo sólo 0.1 por ciento de las transferencias del ingreso objetivo; mientras que el 10 por ciento de los más desarrollados absorbió 80 por ciento.
La central expuso que el Estado y su administración pública no pueden eludir más su responsabilidad de definir políticas públicas, impulsar programas que ejecuten los productores y verificar su cumplimiento, por lo que la CNC siempre ha insistido en la revisión del TLCAN en el capítulo agropecuario.
