Crear ombudsman agrario piden organizaciones campesinas
Ante la posibilidad de que con la aplicación de las leyes en materia energética se puedan dar actos de despojo de tierras a ejidos y comunidades, organizaciones campesinas consideraron necesario crear la figura de un ombudsman agrario y ambiental, ya que la Procuraduría Agraria (PA) en muchos casos no ha defendido los derechos de los campesinos.
En rueda de prensa, el coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), Luis Gómez Garay, propuso modificar la estructura profesional y de control de la PA “que permita una defensa adecuada de los intereses de los propietarios sociales y privados de los predios que pudiesen ser afectados por los trabajos de los asignatarios en las diversas regiones del país”.
Precisó que en el Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos se habla de la figura de ocupación temporal de predios y “aun cuando contempla la participación de propietarios sociales o privados en las utilidades, puede generar actos de despojo a las comunidades agrarias, sobre todo en aquellos casos en los que no estén de acuerdo en participar de esos proyectos”.
Luis Gómez recordó que el lunes 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias para la reforma, con las cuales se espera generar inversiones sin precedentes, optimizar las operaciones de las empresas concesionarias y sus niveles de rentabilidad; “sin embargo, sin reglas claras sobre los mecanismos que harán realidad los enunciados de impulso a las economías locales y desarrollo regional contemplados en las reformas, estas podrían convertirse en letra muerta”.
Además, expresó su preocupación porque la conversión de los pasivos de PEMEX y CFE en deuda pública, pudiera afectar las proyecciones presupuestarias de los siguientes años y esto genere recortes a la inversión social y productiva impactando los programas de construcción de infraestructura social, fomento a las actividades productivas, generación de empleo y promoción del desarrollo económico, todo lo cual ahondará la marginalidad, el desempleo, la pobreza y la inseguridad.
Guadalupe Martínez Cruz, secretaria de Actas del CAP, informó que éste realizará una reunión nacional el próximo 20 de agosto en la que se analizará de manera puntual los impactos más específicos de la Reforma en las comunidades agrarias y núcleos rurales.
El organismo –anotó– insistirá ante el gobierno federal para avanzar en la Reforma estructura para el Campo que permita la inclusión de las comunidades rurales en el desarrollo de la nación, que fortalezca nuestra soberanía alimentaria, que reformule la política pública de apoyo al sector rural y reactive la economía campesina generando oportunidades, empleos e ingresos en el campo mexicano.
