Ocupación de territorios indígenas acentuará conflictos sociales

Son tierras ricas en recursos naturales y las compañías ofrecen un dólar por hectárea / El último quinquenio las mineras dejaron 2% de sus ganancias al país.

Con la aplicación de las leyes energéticas, organizaciones no gubernamentales y campesinas prevén que se acentúen los conflictos por la tierra con las comunidades indígenas, porque consideran que son violatorias de la constitución y de los tratados internacionales signados por México.

En México existen 200 conflictos en territorios indígenas, muchos de ellos relacionados con megaproyectos de explotación de recursos naturales, cuyos beneficios no han sido para estas poblaciones. Un ejemplo son las empresas mineras, cuyas ganancias en los últimos cinco años sumaron cerca de 700 mil millones de pesos, pero sólo 2 por ciento ingresó a las arcas nacionales.

A esto se suman las cantidades irrisorias que las grandes empresas ofrecen a los dueños de la tierra por el uso de ésta. El propio titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz, declaró a medios de comunicación que, por ejemplo, en parques eólicos se pretenda pagar por concepto de renta un dólar por hectárea, cuando en Europa la cifra es de 3 mil 500 a 6 mil euros anuales.

En el documento El derecho de los pueblos indígenas a tierra y territorio, el funcionario federal reconoce que no obstante “el paulatino avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en nuestro país históricamente se han presentado sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, discriminación”.

Las violaciones de mayor gravedad  son a los derechos a la propiedad y al territorio y refiere que desde 1994 al año 2012, se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. “Muchas de éstas se encuentran sobre territorio ancestral, sin el consentimiento de los pueblos”.

Hoy, indica, según datos oficiales, “existen 26 mil 823 concesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 31 millones de hectáreas, lo cierto es que una gran parte del territorio nacional ha sido utilizada por multinacionales para extraer enormes cantidades de recursos naturales”.

Hay cifras que cita el comisionado del organismo que hacen rememorar la época del colonialismo español.

“En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. Del 2007 al 2012 generó una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Es decir, sólo 2.2 por ciento del valor total de la producción, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ganancia de la cual los pueblos y comunidades indígenas no recibieron nada o casi nada”.

Llama la atención la coincidencia entre organizaciones defensoras de derechos humanos y campesinas con el funcionario de la Segob, en el sentido de que la explotación de los recursos naturales en comunidades indígenas es causa de conflictos sociales y en que existe la necesidad de avanzar en la Ley de consulta para los pueblos indios del país para cumplir con los acuerdos internacionales signados por el gobierno mexicano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Jaime Martínez Veloz anota en el texto referido que “el aprovechamiento y la afectación del territorio indígena por parte de empresas y gobiernos sin el consentimiento de los pueblos es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la violencia, deterioro medioambiental, y pueden llegar a causar la extinción de los pueblos originarios”.

Esto, resalta, “además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras ancestrales, a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser el territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de los pueblos indígenas”.

Hoy las leyes secundarias de la Reforma energética tienen mayor rango que los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, los cuales fueron ignorados afectando al menos a 12 millones de mexicanos, la mayoría indígenas, aseveró el diputado perredista Gabriel Godínez Jiménez.

Al hacer uso de la tribuna con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –que se celebra cada 9 de agosto–, el también presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, afirmó que con dicha reforma, “el gobierno federal prácticamente regaló las tierras de los indígenas, los despojó de su propio origen obedeciendo a presiones de particulares que ambicionan obtener los recursos naturales propiedad de las comunidades indígenas por centurias”.

De esta manera, añadió, “los pueblos vuelven a ser víctimas del despojo por empresas mineras que sólo han traído represión hacia los pueblos rarámuris, zapotecos, mixtecos, chantinos, nahuas, me´phas, coras que son tan sólo algunos cuantos de los pueblos afectados en su territorio y que también son víctimas de desplazamientos involuntarios de sus lugares de origen”.

Ocupación amañada

Yasser Caballero, abogado e integrante del Área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) destaca que la modificación del concepto de “ocupación temporal” por el de “ocupación superficial” en la Ley de hidrocarburos deja a un lado la posibilidad de ejidos, comunidades y pueblos indios puedan decidir sobre el destino de sus tierras y viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En entrevista con www.imagenagropecuaria.com, explica que con la nueva legislación los propietarios tendrán un plazo de seis meses para ponerse de acuerdo con los contratistas sobre la contraprestación, cómo van a arrendar, si venden o como se ocupará la tierra; si no hay acuerdo, el contratista puede solicitar a un juez federal, tratándose de pequeños propietarios, o al tribunal unitario agrario, en el caso de ejidos y comunidades, que establezca una servidumbre de paso u ocupación superficial, “que es como se disfrazó la ocupación temporal a una especie de expropiación”.

“Esto es grave porque no se han tomado en cuenta los tratados internacionales que establece que las comunidades indígenas tienen que ser consultadas de manera previa, libre e informada, esto es el convenio 169 de la OIT, que ya fue ratificado por México, por lo que este convenio tiene el mismo nivel que la Constitución, por lo que se está violando este tratado internacional”.

La “ocupación superficial” es un paso hacia la expropiación y no tiene un tiempo determinado para desocuparse, será la que el contratista considere conveniente, apunta.

Por otra parte, expone, la Ley de hidrocarburos establece que va a haber una consulta previa libre e informada, de la cual estará encargada la Secretaría de Energía y otras dependencias relacionadas; pero esta consulta esta “amañada”, porque el artículo 20 de dicha ley refiere que los procesos de consulta tendrán como objeto “alcanzar acuerdos” o, en su caso el “consentimiento” de los propietarios de la tierra. Lo cual significa que no podrán decidir si no quieren rentar su tierra.

Sobre la posibilidad de que se amparen las comunidades ante la aplicación de esta ley, Yasser Caballero señaló que de hecho ya iniciaron los amparos en contra del procedimiento de aprobación; habrá una segunda etapa donde intervendrán las organizaciones de la sociedad civil; y una tercera etapa se dará cuando el contratista llegue con la comunidad y diga que necesita el terreno, “todas las comunidades pueden promover amparos alegando la inconstitucionalidad de la ley”.

También se podrían llevar a cabo las inconformidades o quejas a través del organismo internacional por incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, por lo que se le podrían enviar recomendaciones al gobierno mexicano sobre la violación a este convenio, “lamentablemente para el gobierno mexicano estas recomendaciones no son vinculativas”, aseveró.

Por otro lado, alude, esta ley también es contradictoria respecto al derecho constitucional a la alimentación al darle prioridad a la extracción de hidrocarburos, si una comunidad tiene destinado este territorio para sembrar, para alimentar al ganado tendrá que cederla al contratista. No sólo está arriba del derecho a la alimentación, sino de los derechos al agua y a un ambiente sano. “La reforma está dando el derecho al fracking, proceso que usa una cantidad impresionante de agua”.

Elaboran ley para consulta

Este fin de semana el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y el Movimiento Social Independiente de Veracruz pidieron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la conformación de la Ley y el protocolo para la consulta previa, libre e informada, a la que se comprometió el gobierno federal el día 28 de julio, en la ciudad de México, durante la reunión con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a fin de evitar el atropello por parte de empresas trasnacionales en proyectos hidroeléctricos en Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

A través de un comunicado también solicitaron la intervención de Martínez Veloz, a fin de que sea partícipe de este proceso y garante del cumplimiento de la aplicación de la Ley y protocolo a realizarse para la consulta.

Las organizaciones campesinas advirtieron en comunidades de la cuenca del Río Bobos, Veracruz, el gobierno federal, mediante la Semarnat, ha aprobado seis presas hidroeléctricas en el mencionado Río (Hidroeléctricas: Dos Puentes, El Águila, Escalona, Tatatila, Elia y San Pablo), sin que medie un estudio de impacto ambiental que abarque todos los proyectos y mañosamente trata cada tema por separado.

Sin embargo, subrayan; “hasta el momento los campesinos e indígenas agrupados en las organizaciones y comunidades han encontrado la represión, el hostigamiento la criminalización y la cárcel”.

La semana pasada, Martínez Veloz manifestó a la prensa que el gobierno federal construye un procedimiento para abordar todos los conflictos. “Por ejemplo, la consulta es obligatoria y no hay actualmente una ley, pero ya la estamos elaborando”.

El funcionario federal ha esbozado lo que la presente administración pretende en este tema: “estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas esta armonización que permita a los pueblos indígenas, tener un marco normativo, que les brinde certeza jurídica y posibilidades de desarrollo. Sólo así se podrá terminar con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los indígenas. Sólo así podremos construir un país democrático, justo e incluyente”. (http://www.cdpim.gob.mx/v4/mirador/09_mirador_25.html)

El legislador Gabriel Godínez auguró que las concesiones mineras traerán el exterminio de bosques, selvas, en menos de lo que parece, terminando así con los territorios y lugares sagrados de la población indígena.

“Es incomprensible –subrayó– que en pleno siglo XXI los indígenas de nuestro país padezcan la maldición de su propia riqueza y que estén condenados al éxodo eterno, siempre empujados hacia las zonas más pobres y hacia la marginación letal”.

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Pueblos indígenas

México cuenta, a la fecha, con 62 grupos etnolingüísticos, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuya densidad demográfica asciende a 12 millones de personas, que representan al 10 por ciento de la población total del país.