Piden aprobar Ley de compras gubernamentales de granos y alimentos
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, integrado por diversas organizaciones campesinas e indígenas agrupadas en el CAP, CONORP, UNIMOSS, El Barzón, propusieron al Presidente Enrique Peña Nieto, que como Ejecutivo Federal envíe al Congreso de la Unión la aprobación de una Ley de Compras Gubernamentales de granos y alimentos provenientes de la agricultura campesina a fin de que los pequeños productores tengan garantizada la compra de sus cosechas a buen precio.
Asimismo plantearon la creación de un nuevo competidor agroalimentario del Estado mexicano como comprador y vendedor de alimentos para generar condiciones de precios justos de alimentos para productores y consumidores.
Para nosotros primero es comer y luego vender nuestra producción de alimentos, concluyeron los dirigentes nacionales de UGOCP, Luis Gómez Garay y Karina Barón, UNIMOSS, Javier López Macías, UCD, José Durán Vera, UGOCM, José Luis González Aguilera, AMUCSS, Isabel Cruz, CNPA-MN, Francisco Jiménez Pablo, CCC, Max Correa Hernández, en declaración de Zaachila, Oaxaca en defensa del ejido, la comunidad y por la soberanía alimentaria.
En el encuentro campesino los participantes coincidieron en que la soberanía alimentaria es el derecho de nuestros pueblos a producir sus propios alimentos con respeto a sus identidades culturales y en condiciones dignas para producir alimentos suficientes, nutritivos y sanos; y es por lo tanto, una pre-condición de la seguridad alimentaria de México.
Lamentaron que los gobiernos mexicanos desde 1982 a la fecha han aplicado una política comercial de tratados de libre comercio que han devastado a la agricultura campesina y el minifundio.
Por ello, las organizaciones campesinas e indígenas consideraron urgente un nuevo Acuerdo Social entre el Estado y Campesinos e Indígenas que se exprese una nueva política pública, en nuevas instituciones, nuevas leyes y una nueva estructura presupuestal dirigida al campo.
Lamentaron que el Estado mexicano haya desmantelado al campo, y sumido en la pobreza a los campesinos e indígenas, pretendiendo legitimar mediante la aprobación de nuevas leyes “energéticas” el despojo de nuestras tierras, nuestra agua, nuestros recursos naturales y pretenden expulsarnos de nuestros territorios mediante la figura de servidumbres de hidrocarburos, haciendo valer la nueva consigna de las empresas nacionales y trasnacionales “la tierra de quien la perfora”.
Con ello, pone a las actividades mineras y de explotación de gas e hidrocarburos y generación de electricidad, como actividades prioritarias y de interés social e interés público, sobre cualquier otra, incluso sobre la producción de alimentos, captación de agua y generación de oxígeno y preservación de la biodiversidad.
Ante ello “empuñaremos las armas de la razón y la legalidad constitucional para defender nuestro territorio y nuestros recursos” y precisaron “declaramos que nuestras organizaciones y nuestros pueblos no nos oponemos al desarrollo, lo que exigimos es incluirnos en los beneficios de los proyectos de infraestructura, y explotación sustentable de nuestros recursos”.
Proponemos un sistema de salvaguardas como operan en otras partes del mundo como las llamadas “Políticas Operativas” que aplica el Banco Mundial, para prevención, seguimiento y control de los impactos de cualquier mega proyecto de actividades mineras, energéticas, turísticas, comerciales, de comunicaciones, etc. Que implica el protocolo de consulta, a las comunidades indias y campesinas.
Exigen al Gobierno de México instrumentar las Directrices sobre Tenencia de la Tierra, Pesca y Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, también que incluya el concepto de soberanía alimentaria en base al acuerdo de la FAO para América latina.
Fuente: Organizaciones
