Organizaciones se pronuncian por abrir debate público y transparente.
Posponer la discusión de la iniciativa de la Ley General de Agua (LGA) en el pleno de la Cámara de Diputados, como lo estableció la Junta de Coordinación Política, es insuficiente, por lo que la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) exigió que el dictamen sea desechado y abrir un debate público y transparente en torno al tema.
Tal planteamiento fue respaldado por la 11 mil 502 firmas vía electrónica, donde se estableció que dicha iniciativa: promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no cultural y social; propicia el desplazamiento de personas; amplía los márgenes para poder contaminar el agua y restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
En la carta, los firmante exigen abrir “un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo”.
Omar Arellano Aguilar, vicepresidente de la UCSS, expuso que con base en estos resultados se pone de manifiesto que el dictamen aprobado por las comisiones legislativas no cuentan con un respaldo social ni consenso, además de que actuaron con parcialidad dado que no parece que hayan analizado y contrastado con la iniciativa ciudadana presentada por la Coordinación Nacional Agua para Todos.
En un comunicado, la UCCS señaló que “es claro que la iniciativa dictaminada no reúne los mínimos necesarios para garantizar el Artículo 4° Constitucional, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y compromete la disponibilidad de agua para el funcionamiento e integridad de los ecosistemas”.
Manifestó su apoyo a la iniciativa ciudadana de la Ley General de Agua que plantea contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas; garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a todos los habitantes, además del derecho a la alimentación en lo relacionado al agua y el uso preferente del recurso por parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y ocupan, entre otros planteamientos.
Por la tarde del 4 de marzo, recordó, las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron el Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas y que de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria 5/03/2015. El proyecto se recibió “previo análisis y estudio, así como de consultas a organizaciones de usuarios de aguas nacionales para considerar sus observaciones y propuestas, de gobiernos de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, procediendo al análisis de la iniciativa”.
La votación del dictamen fue mayoritariamente votada por el PRI y una vez aprobado se turnó al Pleno para su debate en la Cámara de Diputados, donde éste se pospuso.
