Violación a sus derechos laborales, acoso sexual y trabajo infantil patrones frecuentes: Alejandra Ancheita, “Nobel” de los Derechos Humanos
Los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas del norte de México no sólo son objeto de violaciones a sus derechos laborales, sino también sufren daños a su salud por el empleo de agroquímicos sin protección; las mujeres son víctimas de acoso sexual y los niños jornaleros son afectados en su derecho a tener un desarrollo humano integral, afirmó la abogada mexicana Alejandra Ancheita, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014, considerado como el Nobel de los Derechos Humanos.
En entrevista con www.imagenagropecuaria.com directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) abordó la situación de los trabajadores temporales a raíz de los hechos que se presentaron en el Valle de San Quintín y Colima, y que se han denunciado en Sinaloa.
En los campos agrícolas del país –reflexionó– se reproduce el patrón de violaciones para jornaleros agrícolas, en su mayoría relacionadas con condiciones insatisfactorias de trabajo e inseguras con el uso de pesticidas.
Los trabajadores agrícolas –detalló– laboran más de ocho horas sin recibir un pago adicional y una práctica común es la subcontratación a través de “enganchadores”, por lo cual no existe un contrato formal que especifique tanto derechos de trabajadores como obligaciones de quienes los contratan. Muchas veces personal ligado con las empresas viaja a los lugares donde hay mano de obra cautiva y reclutan trabajadores, motivo por el cual la denuncia recae en el enganchador y no en los dueños de los campos agrícolas. Sin embargo, subraya, esto no representa un obstáculo para acceder a la justicia, aunque sí es una práctica dilatoria.
De acuerdo con datos del INEGI y de Prodesc en el 2014 en la región de Baja California trabajaban 50 mil personas, de las cuales 80 por ciento son jornaleros del sur del país y de éstos 15 por ciento son indígenas, en su mayoría mixtecos, zapotecos, triquis y huicholes.
Alejandra Ancheita expresa que en San Quintín los hombres y mujeres trabajan sin tener información suficiente sobre los pesticidas que manejan; su jornadas son de 12 a 16 horas y el salario mínimo es de entre 110 y 120 pesos contra 150 pesos promedio nacional para una jornada de 8 horas. Incluso, muchas veces son engañados porque les pagan con cheques sin fondos. Además no cuentan con seguridad social y viven en lugares insalubres, no cuentan con un baño y una cocina para preparar alimentos de manera higiénica y, en la mayoría de los casos, viven en condiciones de hacinamiento.
Por ello, recordó, la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín por la Justicia Social dio a conocer que se respete la antigüedad, que los trabajadores estén afiliados al IMSS y se paguen todas las prestaciones de ley, horas extras, y que a las jornaleras se les de la licencia de maternidad . El salario que inicialmente pidieron fue es de 300 pesos diarios y que por caja de fresa reciban 30 pesos en lugar de los 10 o 12 pesos; la cubeta de tomate debe pagarse a 8 pesos en lugar de un peso.
Respecto a las versiones de algunos medios de comunicación de que San Quintín existen condiciones de semi esclavitud y hay tiendas de raya, la defensora de derechos humanos comentó que no hay tenido información en ese sentido.
La región del valle de San Quintín, incluidos Colonet, Camalú y Vicente Guerrero, cuenta con una superficie cultivada de unas 8 mil 500 hectáreas, con tomate, fresa, pepino, arándano, frambuesa, mora y cebolla, que en gran parte se exportan a Estados Unidos.
Acoso sexual y trabajo infantil
Alejandra Ancheita destacó que otro punto de atención en el caso de las jornaleras es el acoso sexual que enfrentan por parte de los mayordomos de cuadrilla o generales o ingenieros del rancho. En todos los campos esta sucediendo, aunque es un tema que se toma poco en serio. En el Valle de San Quintín es muy importante que tanto hombres como mujeres lo están denunciando y solicitan tolerancia cero al acoso sexual. No obstante, comento la abogada hasta donde saben, no hay denuncias formales.
Al referirse al tema del trabajo infantil, manifestó que desde la perspectiva de Prodesc éste no debe permitirse. Hay una convención por el derecho de niños y niñas donde se establece protecciones específicas para el caso de explotación laboral, pero en muchas comunidades indígenas es una alternativa viajar a los campos agrícolas en familia para obtener mayor ingreso. No obstante, acota, “se deben mejorar las condiciones de los jornaleros para que se evite el trabajo infantil y que no se subsane la falta de ingresos con la integración de los niños al trabajo como jornaleros”.
Otro aspecto que debe atenderse –añade– es que durante el tiempo en el que sus padres están trabajando, los niños tengan acceso a la educación, a la salud y a la vivienda digna y que no se vean en condiciones de trabajo infantil. Sin embargo, Alejadra Ancheita se muestra escéptica porque “si los campos agrícolas no proporcionan las condiciones mínimas de trabajo digno a los adultos, mucho menos proporcionaran esto a los niños”.
En la protección de los niños –subraya– se tiene que asegurar que tengan derecho a un desarrollo integral como seres humanos, porque cuando se ven forzados a trabajar en condiciones de máxima precariedad se afectan los derechos a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia.
Violación a derechos global
El esquema de trabajo temporal es algo que se esta dando no sólo en México, sino en el ámbito global y que tiene como principal característica la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
El pasado 24 de marzo ProDesc y la Coalición de trabajadoras y trabajadores temporales Sinaloenses presentó, ante el Ministerio Público de Los Mochis, Sinaloa una denuncia por fraude en contra de Jesús Mercado, alias “El Machurro”, reclutador de la empresa Louisiana Aguaculture Investments, quien desde hace cinco años realiza cobros a trabajadores con la falsa promesa de otorgarles una visa H2-A para realizar labores de pesca de crawfish en los Estados Unidos. La denuncia fue presentada por diez trabajadores que pagaron cantidades entre los tres mil y cinco mil pesos.
Al respecto, Ancheita comentó que cada año alrededor de mil 800 trabajadores de Sinaloa van a trabajar a Louisiana, pero en ocasiones sus derechos son atropellados o se les comete fraude, porque se les promete un lugar en el trabajo y se les pide una cuota, que pagan y a la mera hora no los llevan. Ya dentro de las granjas de mariscos los reclutadores se convierten en una suerte de capataz y cuando hay violaciones laborales y los trabajadores quieren denunciar, los amenazan con no volverlos a traer en la próxima temporada.
Prodesc ha denunciado la serie de violaciones que se dan en territorio mexicano y considera que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben dar seguimiento a estos casos y dar información suficiente a los trabajadores de las visas de trabajo.
“El hecho que los trabajadores y trabajadoras no conozcan la ley laboral es una tarea para la Secretaría del Trabajo, es muy importante que se involucre en este tipo de situaciones y dar orientación a los trabajadores, además debería mediar en los problemas de los jornaleros agrícolas”, anota.
La Sedesol, asevera, debe hacer una revisión a su Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas –que entrega apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola– para saber si están teniendo efectividad.
En término de los derechos laborales la intervención de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales son necesarias. Hay un área de inspección laboral que tendría que estar trabajando y por las denuncias se ve que no esta haciendo su trabajo efectivamente, de lo contrario ya se hubieran corregido esto, señala Ancheita.
Uno de los mitos –puntualiza la abogada– que se ha construido alrededor de los trabajadores temporales agrícolas es que es difícil garantizar sus derechos, pero hay convenios en la Organización Internacional del Trabajo que han desarrollado una serie de mecanismos para la protección adecuada de estos trabajadores. “El tener una dinámica diferente no puede ser un obstáculo para la protección a los derechos laborales”.
Alejandra Ancheita manifiesta que las violaciones a los derechos humanos y laborales en México son diferenciadas. En el ámbito rural hay una serie de características que da como resultado una serie de violaciones “muy tradicionales”, si son comunidades monolingües y no saben leer y escribir, son más vulnerables. En el ámbito urbano dichas violaciones se mantienen a pesar de que puede existir un mayor acceso a información e incluso mejor formación de los trabajadores. Hay un ambiente precarizado de las condiciones laborales y su contratación y de poco acceso a la justicia cuando quieren denunciar, lo cual crea un círculo de impunidad y de poca posibilidad de acceso a mejoras.
La defensora de derechos humanos descarta que en el medio rural haya más violaciones a estos derechos, pero de una manera desafortunada las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores del país van en un detrimento muy alarmante y no depende de que sea rural o urbano.
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¿Qué es ProDESC?
Trabaja desde hace diez años, en coordinación con otras organizaciones, en la defensa de los derechos humanos laborales, de la tierra en territorios que son afectados por la presencia de empresas tradicionales y que también afectan los derechos de las comunidades indígenas
