Ley General de Aguas, debate tormentoso

Para unos viola el derecho humano al agua, privatiza y permite el acaparamiento…

Opositores a la nueva Ley General de Aguas, que será discutida este martes en el pleno de la Cámara de Diputados,  señalan que esta “violenta gravemente” el derecho humano al vital líquido establecido en la Constitución y la norma de la OMS, además de propiciar el acaparamiento y su privatización; sus promotores afirman que ésta garantizará tal derecho y su manejo sustentable.

El coordinador del PRI en dicho órgano legislativo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó que la iniciativa hará efectivo el derecho humano a este líquido y no lo privatiza, además plantea que el agua es un asunto de seguridad nacional.

Subrayó que el objetivo es asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios a la que todo ser humano tiene derecho.

“El que cada mexicano cuente con agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y a su alcance económico es un asunto de justicia elemental y una responsabilidad del Estado”, comentó.

Resumió que esta ley propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas, actualizar el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones, así como consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales mediante instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Agua, el Sistema Nacional de Información del Agua, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua y los Consejos de Cuenca.

Desde el 2012, recordó, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero aún falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que asegure este rubro de la seguridad nacional.

“No debemos soslayar la compleja situación hídrica del país, la disminución de la disponibilidad de agua en algunas regiones, el estado crítico de la infraestructura hidráulica y la necesidad de prevenir y mitigar los efectos de las sequías y de otros fenómenos hidrometeorológicos”, agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Beltrones Rivera aseveró que la iniciativa de la Ley General del Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua.

¿Qué dice la oposición?

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que la

propuesta “es un robo desvergonzado en agravio de la Nación y de los mexicanos”, afirmó, ya que “deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país y nulifica, en los hechos, el derecho humano al agua”.

“La Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo es una transgresión a la misma Constitución, pues nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso”, denunció.

En opinión de Alonso Raya “una de esas formas de acaparamiento son los trasvases o explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados, lo que les permitiría acaparar y sobreexplotar el agua del país durante 30 años con derecho a prórroga”.

Además, indicó, establece la prórroga de concesiones a los particulares hasta por 60 años con opción a tenerlas nuevamente cuantas veces quieran, con lo cual prácticamente se les regalan los recursos hídricos para acapararlos, comercializarlos y especular con su precio indefinidamente.

Mediante estas concesiones, la ley otorgaría a empresas privadas el derecho a la explotación del agua por el largo tiempo determinado en la misma con la posibilidad de que esta sea refrendada.

De acuerdo con Alonso Raya, “el proyecto del Ejecutivo vela únicamente por intereses de particulares y deja de lado los costos económicos, sociales y ambientales. Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gas Shell con la cuestionada práctica del fracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en aquélla donde apliquen esta técnica”.

“De imponerse y aplicarse el proyecto de ley del Ejecutivo, propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua porque implica transitar del actual modelo de sobreexplotación y contaminación a un modelo de expoliación del recurso sin importar los costos económicos, sociales y ambientales”, aseveró.

En esa misma tónica, advirtió que se “pretende poner en manos de grandes consorcios constructores, con intereses simultáneamente en agua, energía, gas y petróleo, cantidades ilimitadas del vital líquido para destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos de uso y contaminación, como el fracking”.

El vicecoordinador de los diputados del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que la iniciativa contiene disposiciones que “violentan gravemente” el derecho humano al vital líquido en los términos establecidos por la Constitución, “ya que el artículo 4 considera textualmente al agua como un derecho humano” y “viola la norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Sobre esto último, añadió que el criterio de la OMS “considera (como derecho humano) un mínimo de entre 50 y 100 litros” de agua por persona al día, “a diferencia de los 50 litros a los que se comprometió el dictamen original de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos”.

El legislador sostuvo que ese “dictamen, impulsado por el PAN y el PRI, prácticamente anula el derecho humano al agua, lo que significa que el Estado ya no garantizará las condiciones mínimas” para el abastecimiento de ese recurso en forma suficiente, salubre y asequible como lo establece la ley.

El legislador aclaró que posteriormente, y mediante un addendum, se suprimió esa garantía mínima de 50 litros, “sustituyéndola con una expresión genérica de que la autoridad competente garantizará” el derecho al agua con “la dotación del mínimo vital”.

Ello, comentó el diputado, “obliga a preguntarse: ¿cuál es la medida de la dotación del mínimo vital?” Esa indefinición, agregó, “afectará severamente a toda la población y perjudicará aún más a las personas de escasos recursos”.

Alonso Raya argumentó que la fracción perredista ha presentado propuestas en relación a este tema que no fueron tomadas en cuenta por quienes redactaron el dictamen, entre ellas está la de apegarse al texto constitucional que garantiza el derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación; el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho preferente de los pueblos indígenas al agua en las tierras que habitan y ocupan.

El legislador recordó que las fracciones de izquierda abandonaron la sesión de las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen que el martes se discutirá en el pleno, el cual, por las razones antes expuestas, tampoco fue publicado.

Fuente: Cámara de Diputados