El coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista (PH), Javier Eduardo López Macías, propuso que dentro de la Ley Nacional Anticorrupción se contemple la creación de un “Ombudsman Anticorrupción”, el cual sea encabezado por un ciudadano apartidista a fin de que pueda tener libertad de señalar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
“La vigilancia y control de la corrupción en el sector público representa uno de los mayores desafíos para México”, afirmó el dirigente partidario.
Consideró necesario que la Cámara de Diputados, que en los próximos días aprobará la Ley Nacional Anticorrupción, escuche a la población y partidos políticos para enriquecer esa legislación pues son los principales afectados. Y es que, añadió, el Congreso, según el Instituto Nacional Electoral (INE), ha perdido su capacidad de representatividad ante la ciudadanía, a tal grado que menos del 50 por ciento de los mexicanos acude a votar por ellos en las elecciones federales.
Además, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que 19.5 por ciento del porcentaje citado, cree que los candidatos electos no cumplen lo que prometen en campaña.
El estudio del INE, dijo el dirigente nacional del PH nos muestra que los mexicanos desconfían en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, de ahí la necesidad de actuar y participar en la construcción de un esquema eficaz anticorrupción.
Asimismo, acerca de la legitimidad de las instituciones, éstas han perdido ante la ciudadanía pues 7 de cada 10 mexicanos las consideran poco confiables. Los diputados se encuentran en un nivel de confianza, a nivel nacional, de cero, mientras el Ejército, avanza en la materia, expuso Javier López Macías al citar cifras de este estudio del INE.
El dirigente del PH, puntualizó que entre los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de corrupción destacan: la falta de una regulación específica en la materia; el incumplimiento de las leyes existentes; leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público o del juzgador que las aplica en el proceso judicial; falta de oportunidad de la sanción penal; y Legislación penal incompleta y obsoleta.
Señaló que la corrupción afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y genera el desprestigio de la clase política y la élite dominante.
Hizo alusión a que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que en 2012 la corrupción tuvo un costo de un billón 529,300 millones de pesos, equivalentes a 10% del Producto Interno Bruto. Datos del Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de 2013, anotan que los mexicanos consideraron que la corrupción en el sector público era “muy grave” y sobre la efectividad de las acciones que toma el gobierno mexicano para combatir la corrupción, enfatizó que 72% de los encuestados las consideró inefectivas.
Para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por el Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno, la población dio más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”. Es decir, Una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165 pesos.
